ANTONIO OIENI
Funcionarios de Ieasa (Enarsa) radicaron 19 curiosas denuncias en sedes policiales. El robo de caños comienza a mostrar complicidades políticas, policiales y judiciales.
Con 11 imputados, 327 caños recuperados y un prófugo la causa federal abierta en Salta por el desmantelamiento del Gasoducto NEA (GNEA) aún tiene muchos puntos oscuros y responsables que permanecen en las sombras. Uno de ellos es Adrián Antonio Vera, quien desde la clandestinidad sigue saqueando caños de Enarsa, ahora en la zona de Cañuelas (Buenos Aires), con camionetas robadas y maquinarias rentadas con cheques falsos.
La organización ilícita que tiene a Vera como pieza clave se aceitó mucho antes de que el intendente Jorge Prado asumiera el cargo en Aguaray y dictara la controvertida resolución 1.215, con la que el 23 de diciembre de 2019 dejó en manos de la banda mendocina 35 kilómetros de la obra de interconexión regional más cara del país en la fronteriza jurisdicción municipal del departamento San Martín.
De acuerdo con nuevos elementos que resaltan en la investigación que dirige el fiscal general del distrito Salta, Eduardo Villalba, el saqueo comenzó en el norte a mediados de 2018, ni bien el gobierno de Mauricio Macri dio por caída la licitación nacional que apuntaba a reactivar las obras en el tramo salteño de 230 kilómetros que la empresa Servicios Vertúa había abandonado, en diciembre de 2015, con un avance del 48%, en medio de conflictos sociales y denuncias cruzadas.
En la audiencia judicial del pasado martes, en la que Villalba y los fiscales José Luis Bruno (Orán) y Marcos Romero (Tartagal) ampliaron los cargos contra Prado y otros diez acusados ante el juez Gustavo Montoya, el fiscal general aludió, de pasada, a algunas denuncias "indolentes". Estas, según constancias documentales, fueron presentadas por inspectores de obra de la empresa pública Enarsa (hoy Ieasa) mucho antes de que la resolución 1.215 se prestara como paraguas para que cientos de caños del GNEA atravesaran controles camineros de cinco provincias y terminaran reducidos, desde chatarrerías de Buenos Aires, en el mercado negro.
El prófugo Adrián Vera, saqueando un gasoducto de Buenos Aires con total impunidad.
Las 19 denuncias que pudieron haber evitado el descomunal saqueo de los caños, valuados en 5.000 dólares cada uno, tuvieron más de un aspecto llamativo. Todas fueron realizadas por "inspectores de obras" de la empresa nacional de energía, cuando el estado de paralización que presentaba el proyecto desde fines de 2015 recomendaba pedir el resguardo de los costosos tubos a las "fuerzas federales" de seguridad.
Más curioso aun es que, lejos de ser presentadas en destacamentos de Gendarmería Nacional, fueron radicadas en seccionales de la Policía de Salta que carecían de recursos para poder intervenir ante los hechos denunciados. Por esa elemental razón, desde septiembre de 2018 hasta el 12 de noviembre, cuando casualmente se toparon con un camión varado con caños cerca de Alto la Sierra, efectivos policiales no recuperaron un solo tubo ni pudieron detener a un implicado.
La primera de aquellas indolentes denuncias se radicó el 20 de septiembre de 2018 en la comisaría 46 de Aguaray. En la misma seccional, a lo largo de 2019, hubo una docena de presentaciones el 20 y 27 de junio; el 1 y 30 de julio; el 5, 16, 22 y 28 de agosto; el 15 de octubre; el 15 y 20 de noviembre. A comienzos de año, antes de que Gendarmería secuestrara los primeros 30 caños en Aguaray, alertada por el funcionario provincial Adrián Zigarán, ingresaron a la comisaría de esa localidad tres denuncias más el 15, 20 y 28 de enero.
Otras dos denuncias se radicaron en la comisaría 44 de Morillo el 29 de mayo y el 10 de junio, mientras que la comisaría de Tartagal recibió otra el 27 de octubre de 2019.
Ante los hechos una doble pregunta es inevitable: ¿por qué funcionarios de Ieasa (Enarsa), sabiendo que los caños son del Estado nacional, radicaron las denuncias en destacamentos policiales ubicados lejos del trazado del Gasoducto? ¿No era más lógico presentar las denuncias en Gendarmería para parar el saqueo?
Desde 2018, el prófugo Vera había comandado robos en gasoductos de Chubut, La Pampa y Catamarca. Antes de recalar en Salta había sido detenido en La Pampa y Santa Fe, pero salió en días con insólitos beneficios y vistas gordas. El saqueo al GNEA, sin dudas, contó con complicidades políticas, policiales y judiciales que esperan ser esclarecidas ante una sociedad que está harta de ver corrupción en distintos niveles institucionales.
En la sesión del pasado martes, el diputado Jesús Ramón Villa insistió por tratamiento del proyecto de ley con el que reclama la intervención del Departamento Ejecutivo Municipal de Aguaray desde marzo último. El presidente del bloque del Frente para la Victoria aclaró que la iniciativa sigue sin dictamen en la Comisión de Legislación General.
"La corrupción nunca es ingenua: aquí hubo un plan por detrás", afirmó el legislador de Rivadavia, para quien las imputaciones realizadas en la causa federal contra el intendente Prado "revisten gravedad institucional", una de las causales que contempla la Constitución para intervenir a uno o todos los poderes de un municipio. Villa cuestionó a la bancada oficialista por el demorado debate. "Prado no solo le hizo un daño a nuestro norte, sino que se desmanteló un gasoducto estratégico para el desarrollo del país", afirmó.
La diputada Socorro Villamayor, quien definió al saqueo de los caños del Gasoducto NEA como "el robo del siglo", remarcó que "hechos de esta naturaleza, como el robo más alevoso y evidente, no pueden quedar impunes".
Sobre el rol de la Cámara Baja, la presidenta de la Comisión de Legislación General sostuvo que "hay quienes proponen debatir el tema en el recinto de la Legislatura al solo efecto de escuchar las opiniones; así planteado sería un debate estéril, una burla a los ciudadanos y a las instituciones", planteó.
"Los salteños y el país merecemos que la Justicia determine quiénes son los partícipes y cómplices de este robo que se consumó a lo largo de todo el país: camiones con caños sustraídos, de tremendo y pesadísimo porte, recorrieron las rutas argentinas y nadie los vio?", cuestionó la legisladora del bloque Salta tiene Futuro.
Germán Rallé, titular del bloque justicialista Sáenz Gobernador, también aclaró su posición. "Soy muy respetuoso de las instituciones y por eso sostuve siempre que debíamos dejar actuar al Concejo Deliberante de Aguaray, como poder del Estado con facultades para conformar una comisión investigadora y avanzar con un juicio político. El Concejo ya actúo y no hubo número", recalcó el legislador del departamento General Gemes, en referencia al juicio político que concluyó con cuatro votos a favor de la destitución contra tres. El cuerpo de Aguaray tiene siete ediles y para remover al jefe comunal del cargo se requerían cinco votos (dos tercios). "Hoy cambió la discusión y tendremos que analizar en la Cámara de Diputados si hay comisión de delitos y si corresponde, o no, intervenir al Ejecutivo municipal de Aguaray", consideró Rallé.
La diputada Cristina Fiore, del bloque Renovador de Salta, expresó que los miembros de esa bancada "creemos que es sano dar el debate en la Legislatura". Con el jefe comunal de Aguaray cada vez más complicado en la causa judicial, la legisladora capitalina se preguntó si el intendente, en las actuales condiciones, puede seguir al frente del municipio. "Muchas veces la gente siente que la política tapa a la política, por lo que debemos dar muestras claras ante la sociedad de que no hay manto de protección alguno a nivel institucional", subrayó la diputada renovadora.
Tras la ampliación de los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación contra Prado y el exsecretario de Hacienda de Aguaray, Freddy Céspedes, el diputado Héctor Chibán reclamó un urgente pronunciamiento. "A estas alturas, el bloqueo del tratamiento del proyecto de intervención al Ejecutivo municipal de Aguaray no parece expresar otra cosa que un sostén político del gobierno al intendente Jorge Prado", señaló el legislador del bloque de la UCR.
El diputado Carlos Zapata consideró que la situación de Aguaray es de gravedad institucional. "Desde nuestro bloque hemos considerado oportuno el tratamiento del proyecto de intervención que presentó Villa, pero el oficialismo se niega a darle dictamen y a debatirlo", manifestó.
El presidente del bloque Ahora Patria dijo que el hecho de que la iniciativa no haya subido al recinto, a pesar de haber sido incluida en el acta de labor parlamentaria, "es como un manto protector al accionar de una persona que le hace mucho mal a las instituciones y a la credibilidad del sistema democrático".
Zapata opinó que la situación del intendente Prado "en algún momento deberá tener un corte", porque el jefe comunal, a pocas horas de asumir, "empezó por el camino equivocado". Se refirió en esos términos a la resolución 1.215, del 23 de diciembre de 2019, con la que el jefe comunal cedió a la empresa mendocina Osipsa un tramo de 35 kilómetros del Gasoducto NEA para su disposición final. "El hecho de que dictara un acto administrativo disponiendo sobre bienes ajenos es una clara violación del derecho en general, pero sobre todo, realizado por una persona que detenta el poder público, es inaceptable", afirmó.
En línea con otros legisladores consultados, Zapata consideró que tras el juicio político en el que Prado escapó a la destitución por un voto, "Diputados debería debatir el remedio constitucional que corresponde en la instancia superior a la Legislatura provincial".
