La reunión entre organizaciones civiles de Espinar y la comisión de alto nivel del Gobierno iba a realizarse hoy, pero quedó suspendida por falta de “acuerdo para que el proceso de diálogo se desarrolle” y la “(presencia de) manifestaciones”, señala el comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La publicación indica que los representantes de los viceministerios de Energía y Minas, Trabajo, Ambiente, Salud, Justicia e Interior llegaron a la ciudad de Cusco a las 8.30 de la mañana de hoy para acudir a la Institución Educativa Coronel Ladislao de Espinar, pero “las organizaciones civiles desconocen a la comitiva de alto nivel enviada por el gobierno. Además se recibió información que dichas organizaciones han convocado a bloqueos y manifestaciones, lo cual va en contra del compromiso de paz social”. En ese sentido, la comisión suspendió el viaje y el ministerio de Energía y Minas será el encargado de contactarse con los representantes de las organizaciones para “fijar una fecha y retomar el diálogo”.
“Hoy no vemos ningún viceministro, ningún funcionario de la empresa minera, ¿Esa es la voluntad de diálogo? Emplazamos al premier (Pedro Cateriano), que ciertamente nos está provocando, obligando a salir a las calles a exigir respeto porque este pueblo digno merece respeto”, dijo el presidente de la Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE), Vidal Merma. Su declaración fue transmitida por TV Visión Espinar.
Los alcaldes distritales de Espinar coincidieron que la decisión de la PCM de suspender la comisión en cuestión es una “burla”. En tanto, el integrante del Comité de Lucha, Fredy Llaique de Pallpata, calificó de “falta de respeto” y “excusa” que “(Las autoridades del Gobierno central) responsabilicen a los dirigentes para no llegar a Espinar”. Por otra parte, el monseñor Pedro Bustamante, mediador de la reunión ahora cancelada, reiteró el pedido de diálogo y recordó los sucesos del 2005 que dejó “fallecidos e inválidos por la violencia”.
El presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, confirmó a Wayka que los representantes de las organizaciones civiles sostendrán una reunión para decidir qué acciones tomarán ante la decisión de la PCM de suspender la comisión de alto nivel, conformada por los viceministros mencionados anteriormente.
El Comité de Lucha mencionado exige que la empresa minera Glencore Antapacay entregue un bono de 1000 soles a cada ciudadano de la provincia de Espinar para afrontar la Emergencia Sanitaria. Los fondos pertenecen al Convenio Macro firmado en el 2003. También piden la reformulación de ese convenio; además de atención a los casos de contaminación por metales y un proceso de consulta previa para la ampliación del proyecto minero. La Defensoría del Pueblo consideró a las protestas de Espinar como un “anticipo” de los 190 conflictos sociales que quedaron suspendidos por la Emergencia Sanitaria.
MINING PRESS/Diarios
Luego de largas tratativas en las que hubo propuestas y contrapropuestas, el Ejecutivo y los representantes de Espinar se pusieron de acuerdo para dialogar sobre el conflicto entre esta provincia y la empresa Minera Glencore-Antapacay respecto al Convenio Marco que firmaron en el año 2003.
Los cusqueños habían solicitado una comisión de alto nivel integrada por ministros de Estado y que la cita sea en Espinar. La respuesta del Ejecutivo fue que irían siete viceministros, pero a la ciudad del Cusco. Finalmente, el gobierno aceptó que el diálogo se realice en Espinar y en un lugar que garantice distanciamiento social, seguridad sanitaria y seguridad para los funcionarios que llegarán. Por su parte, los espinarenses deberán levantar sus medidas de lucha, lo cual implica la liberación de tramos del Corredor Minero que se han mantenido bloqueados con palos, piedras y montículos de tierra.
La comisión de alto nivel, integrada por siete viceministros, arribará al lugar para empezar las conversaciones a las 10.00 de la mañana. La agenda que inicialmente se centró en el Convenio Marco que la provincia firmó con la empresa minera, ahora incluye seis demandas más vinculadas a transporte, salud, justicia, entre otros.
El Convenio Marco en mención implica la entrega anual del 3% de las utilidades de la empresa minera a un fideicomiso, el mismo que tiene como objetivo aprobar proyectos para el desarrollo sostenible de Espinar. Se estima que en este momento hay más de 130 millones de soles.
La población ha propuesto al Comité de Gestión del Convenio Marco, presidido por el alcalde provincial Lolo Arenas, que de esos 130 millones se utilice 50 millones para otorgar un bono de mil soles, por única vez, a los electores de Espinar.
La empresa ha señalado que el fondo no entrega dinero en efectivo y que en todo caso se debería aprobar algo que beneficie a la población vulnerable. Pero la población sostiene que Espinar es el dueño de ese dinero y decide a quién lo da, en este caso a los electores.
Y respecto al encuentro de mañana, la Alta comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, indicó que han aceptado dialogar sobre todos los temas que les han propuesto, de ahí la cantidad de viceministros que van a viajar.
“Nosotros cerramos en este momento de la manera siguiente: Hemos demostrado permanentemente voluntad de diálogo, hemos demostrado que esta situación de desencuentro es entre dos partes, donde una de ellas no es el gobierno. El gobierno coadyuva a encontrar una solución. Ellos han elegido al obispo de Sicuani, Pedro Bustamante, como intermediador, nosotros iremos a apoyar la labor del obispo de Sicuani”, señaló Paola Bustamante, tras remarcar que el desencuentro es entre la provincia y la empresa, “y que en los últimos tiempos pareciera que el que no quiere acceder al pedido de Espinar es el gobierno, cuando el Ejecutivo no forma parte del Convenio Marco”, informó La República
La Defensoría del Pueblo alertó que las protestas en Espinar pueden ser un anticipo de lo que viene en otras regiones del país.
“Lo de Espinar es una primera señal de lo que puede venir en adelante en el país, porque tenemos 190 conflictos sociales que a raíz de los estados de emergencia quedaron en suspenso. A lo que se añade 90 mesas de diálogo que quedaron instalados y que requieren ser reactivadas”, informó el adjunto para la Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque.
“Lo que hemos visto en Espinar es de una agenda anterior a lo que se ha añadido nuevos elementos que tiene que ver con la situación de extrema pobreza, (por lo que los pobladores) están pidiendo usar parte de los fondos acordado hace años con la minera Antapaccay”.
Cabe recordar que los habitantes exigen un bono de S/ 1,000 para cada uno de los habitantes por parte de la minera Antapaccay.
“El convenio señala que el destino de esos fondos deben ser en proyectos de desarrollo, lo que es razonable en vista de que la explotación de estos recursos es limitada, pero nadie previó una circunstancias como esta. Si ambas partes están de acuerdo, una parte se puede usar para microcréditos y otro parte -sostienen ellos- deben ser entregados a las familias y en la que está de acuerdo la minera. Lo que está la discrepancia es la modalidad de entrega y del alcance”, recordó.
Luque añadió que se ha venido dialogando, la que no se ha ininterrumpido. “Es importante la presencia de un negociador. Se ha propuesto que el monseñor Pedro Bustamente sea el mediador, lo que nos parece una buena idea”, dijo.
Agregó que se ha condenado todos los actos de violencia.
“El viernes se presentó un informe especial. Hay un embalse de conflictos a lo que se suma la demanda de los penales, de los trabajadores mineros y de salud y los traslados humanitarios. Esperamos que desde el Gobierno se tengan un plan de reactivación, retomando la comunicación con los dirigentes. Otra de las herramientas es monitorear los que ocurre a nivel nacional ya que si se llega a tiempo se puede prever los conflictos sociales”, publicó Gestión
El presidente del Comité de Lucha de Espinar, Rolando Condori, dijo que este presupuesto “no es dinero de la empresa minera, sino dinero y fondos del convenio marco”, comentó a OjoPúblico.
Jaime Borda, de la Red Muqui, recuerda que el convenio marco fue un acuerdo entre la minera y los representantes de la provincia de Espinar luego de varias protestas entre los años 2001 y 2002. “Es un acuerdo de buena fe entre dos partes. Los fondos no son un regalo o un donativo de la minera, sino un compromiso de transferencia de un porcentaje de las utilidades de la minera hacia la provincia, y por eso es que la población ahora solicita que se respete ese acuerdo”, dijo.
Por su parte, la Superintendenta de Comunicaciones de Antapaccay-Glencore, Teresa Charca, declaró a OjoPúblico que la empresa no aceptó la entrega del bono económico, pues la tercera cláusula del convenio marco que establece procedimientos, detalla que este presupuesto es para la ejecución de obras y proyectos. “(Esta cláusula) habla de proyectos sostenibles y en ningún momento menciona la entrega de dinero en efectivo, no está contemplado porque (ese) no es un proyecto de desarrollo sostenible”, enfatizó.
Antapaccay informó que desde el 2003 (cuando se firmó el convenio marco) hasta el 2019 aportó S/ 393.5 millones al convenio marco, con los que se han financiado más de mil proyectos productivos. “En la actualidad, el convenio marco tiene comprometidos S/ 131 millones en proyectos productivos”, dijo.
Luego de varias semanas de infructuosas negociaciones con la compañía minera, el 14 de julio, los miembros del Comité de Lucha Provincial de Espinar y el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) convocaron a un paro indefinido. El proceso de diálogo estuvo mediado por la Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Paola Bustamante Suárez.
En la primera semana de la protesta se registraron hechos violentos: un grupo de personas incendió dos vehículos de la empresa minera Las Bambas (Apurímac), que usa el corredor minero sur que atraviesa Espinar; también quemaron de pastizales, y durante los enfrentamientos y violenta represión de la policía se afectaron también las presas de relaves de Antapaccay. El dirigente Rolando Condori deslindó con estos actos de violencia y acusó a supuestos infiltrados. “Nosotros no vamos a manchar nuestra lucha”, comentó.
Los enfrentamientos con la policía durante esos días dejaron cinco heridos por impacto de balas, entre ellos dos menores de edad. La organización Derechos Humanos Sin Fronteras informó que hasta el 22 de julio se habían detenido a 30 jóvenes, pero que todos fueron liberados ese mismo día. Además, a ocho dirigentes de las principales organizaciones de Espinar el Ministerio Público les abrió investigación por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad. .
El viernes 24 de julio la Defensoría del Pueblo pidió a la fiscalía local “esclarecer la intervención de la policía durante los enfrentamientos en Espinar”; mientras que los dirigentes de la provincia solicitaron la presencia de una comisión de alto nivel del gobierno central, encabezada por el Primer Ministro Pedro Cateriano para iniciar un proceso de diálogo. También solicitaron al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa el retiro de la Policía y del Ejército, informó Ojo Público.
