SOFÍA DIAMANTE
La tensión empezó a escalar a comienzos de este mes entre los municipios del sur del conurbano y la empresa distribuidora de electricidad Edesur, pero las causas del conflicto se iniciaron hace más de 17 años, cuando se empezó a distorsionar el servicio eléctrico con el congelamiento tarifario. Cada gobierno nacional, provincial y municipal cubrió parte de los mayores costos con subsidios que heredó el siguiente, y hoy la empresa, de capitales italianos, acusa que los municipios le deben $3000 millones desde 2011 por el consumo eléctrico en los asentamientos precarios.
Se trata en verdad de una deuda que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, pero, a partir de 2018, la exgobernadora María Eugenia Vidal les trasladó a los intendentes la responsabilidad de hacerse cargo del costo con la ley de presupuesto. Es decir, desde hace dos años, los municipios deben pagar por el consumo de electricidad en los barrios populares, aunque no recibieron partidas adicionales para afrontar la obligación.
En 1992, luego de que se privatizara el servicio eléctrico, se firmó un Acuerdo Marco, en el cual las provincias se hacían cargo del costo del suministro en las villas de emergencia. Para ello se colocaron medidores comunitarios en los barrios. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño está al día con los pagos, pero en la provincia, los gobiernos cancelaron en promedio solo el 70% del total y la deuda se fue acumulando.
En las últimas semanas, los intendentes de Almirante Brown, Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Quilmes comenzaron a publicar en Twitter sus quejas sobre el servicio de Edesur, que tiene la concesión en 13 municipios de la zona sur de Buenos Aires. Mencionaron que los "vecinxs (sic) se endeudaron para pagar cuentas y cada vez hay más cortes" y los llamaron "caraduras". "La luz es un derecho. Háganse cargo como se hacen cargo de cobrar hasta el último centavo", le dedicó Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, a la distribuidora.
En este contexto, la empresa le envió a cada intendente una carta firmada por su gerente general, Gianluca Palumbo, en el cual reclama que los jefes comunales están a cargo del "mantenimiento de las instalaciones internas y de las redes emplazadas en los barrios populares". "Entendiendo que esta actividad recae bajo la responsabilidad del municipio, el no realizarla afecta directamente el servicio prestado, derivando en cortes de suministro en los períodos de máxima demanda", explicó. Y les reclamó por "los recursos financieros comprometidos en el Acuerdo Marco para asegurar la compra de energía eléctrica".
En las últimas semanas, los intendentes de Almirante Brown, Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Quilmes comenzaron a publicar en Twitter sus quejas sobre el servicio de Edesur, que tiene la concesión en 13 municipios de la zona sur de Buenos Aires
En Edesur además recuerdan el programa de obras Más Cerca Eléctrico, que impulsó el exministro de Planificación Federal Julio De Vido luego de haber congelado las tarifas, en el cual giraba fondos a los municipios para realizar las obras de tendido eléctrico.
El jueves pasado por la tarde, el gobernador Axel Kicillof llamó por teléfono a Nicola Melchiotti, country manager del Grupo Enel, dueña de Edesur, para preguntarle cómo estaba el servicio eléctrico. Lo hizo luego de que esa misma mañana Kicillof dijera en Twitter que acompañaba "el reclamo ante los reiterados cortes de servicio en los municipios", acompañado del tuit de cuatro días antes de Insaurralde, en el cual decía: "Estamos cansados de la falta de respeto de Edesur a nuestros vecinos".
La presión continuó anteayer con la coordinación de más mensajes de referentes del Frentes de Todos criticando el servicio de Edesur y del comunicado que emitió la Defensoría del Pueblo, presidida por Guido Lorenzino, para que le quiten la concesión. "Presta un servicio absolutamente ineficiente", dijeron.
El reclamo de los referentes oficialistas tomó fuerza luego de que la semana pasada el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) emitiera un comunicado acerca de un informe que realizó (el cual no es público), en el que aconseja al Ministerio de Desarrollo Productivo considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aplicada durante el gobierno de Cambiemos. Lo paradójico es que quien estaba presidiendo el ENRE cuando se realizó la RTI era Ricardo Martínez Leone, que había sido designado en el cargo por la expresidenta Cristina Kirchner y continuó en los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri, secundada por Marta Roscardi, una histórica abogada del ente. Recién en 2018, llegó Andrés Chambouleyron a la presidencia del ENRE, elegido en un proceso de concurso.
Ahora, el interventor del ente hasta fin de año, Federico Basualdo, señala que "en el informe se evidencia que las tarifas resultantes de la RTI no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes, tanto desde el punto de vista de los ingresos reconocidos a las distribuidoras, como del proceso de aplicación de las mismas".
El ENRE, por su parte, tiene la potestad de aplicarle multas a Edenor y Edesur, si no cumplen con la calidad del servicio. En caso de que el valor acumulado de las multas aplicadas a una distribuidora en un año supere el 20% de su facturación anual neta de impuestos y tasas, el ente puede habilitar el cese de la concesión, según el artículo 37 de dicho contrato.
Hace solo dos meses, la consultora de La Cámpora, Analogías, comenzó a preguntar en la opinión pública sobre la posibilidad de estatizar las distribuidoras de electricidad y gas que están en manos de empresas privadas. Según sus resultados, el 63,7% dijo que estaba de acuerdo o muy de acuerdo.
Los municipios del norte del conurbano también le deben el pago de la luz a Edenor, pero la empresa que tiene como mayorista accionario a Marcelo Mindlin no hizo pública la deuda. Los intendentes tampoco reclamaron por el servicio del suministro.
Todo este conflicto sucede en medio de un nuevo congelamiento tarifario, que comenzó con el gobierno anterior y se mantendrá por lo menos hasta fin de año. La última actualización tarifaria ocurrió en marzo de 2019 y, según las empresas, solo la parte de distribución acumula un atraso del 47%, que impacta en un 22% de aumento en la tarifa final.
El Cronista
SANTIAGO SPALTRO
La pressure Que ejerce from Hace dos Semanas el kirchnerismo Sobre Edesur por los Recientes Cortes de luz en el conurbano bonaerense todavía no se materializó en Medidas Concretas RESPECTO un Las Tarifas ya la concesión de la Empresa .
Sin embargo, controle los ánimos en la distribución de energía eléctrica, atente a que desde el Gobierno no surja la idea de una expropiación o una intervención , como sucedió con el caso Vicentin a principios de junio.
Frente a la consulta de El cronista , una fuente del kirchnerismo planteó: " No buscamos quitarle la concesión a Edesur como objetivo político en sí . El objetivo de los asistentes es encontrar los mecanismos para que sus vecinos tengan luz ".
"La empresa tuvo ganancias exorbitantes y no invirtió nada . Los aumentos considerables de sus tarifas no se detectaron en una mejor calidad del servicio ; la energía se sigue cortando, lo que muestra la Revisión Tarifaria Integral (RTI) estuvo mal hecha" una parte de la coalición gobernante.
Un informe del interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo Richards , recomendó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas , declaró nula la RTI realizada en 2016 , que tiene vigencia entre febrero de 2017 y enero de 2022.
De ese modo, se podría desandar el sendero de los aumentos de las tarifas aplicadas por el equipo de Mauricio Macri , aunque es un camino que, según fuentes del mercado, es poco probable transitar.
Más bien, el sector cree que el Gobierno busca herramientas para ganar poder de negociación y congelar las tarifas por un extenso período de tiempo .
Al margen, las normas legales indican que entre multas de este año y mediados de 2021 se debería ejecutar un nuevo proceso de RTI , para fijar las tarifas quinquenales entre febrero de 2022 y enero de 2026.
Allí, el Estado podría hacer uso de una norma firmada el 28 de diciembre de 2006 por el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, para competir en una licitación internacional por las acciones de Edesur y terminar con la era de la privatización, abierta en 1992 .
El Decreto 1959/2006 , publicado el 8 de enero de 2007 en el Boletín Oficial, ratificó un " Acta Acuerdo" de renegociación contractual y la Adenda a la concesión , trabajó hasta el 15 de febrero de 2006, cuando Néstor Kirchner era presidente.
La norma también está firmada por el ministro de Economía y Producción, Felisa Miceli , y en su cláusula vigésima estipula que el período de gestión del concesionario finalizará a los 5 años de la última RTI.
El contrato de concesión de Edesur, regido por la Resolución 170/92 de la Secretaría de Energía Eléctrica (firmada el 31 de agosto de 1992) marca entre los artículos 5 ° y 11 ° los términos para que el propietario de la distribuidora, que ahora es el grupo italiano Enel , ponga a disposición sus acciones en una licitación pública internacional.
El oferente que supere el precio mínimo en el cual el propietario valúa sus acciones podría quedarse con la empresa .
"Quien hace la oferta más alta se queda con la compañía. El propietario también tiene la potestad de ejercer la cláusula de salida e irse. Pero para eso el cálculo tarifario que haga el Gobierno en la nueva RTI debe ser interesante ", explicaron en el sector a este diario.
Dentro de 18 meses, el kirchnerismo le podría dar una salida elegante a los actuales dueños de Edesur sin que ello motive juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
En pleno proceso de congelamiento de las tarifas por más de 8 años, el 5 de julio de 2007 el ENRE emitió la Resolución 466/07, que ratificó los términos del Decreto 1959/06. La resolución fue firmada, entre otros, por el entonces vicepresidente Ricardo Martínez Leone .
Este técnico chaqueño fue nombrado el 16 de enero de 2014 como titular del ENRE por el Decreto 54/14 de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y se declaró en su carga durante los primeros años de macrismo, en donde condujo el último proceso de RTI, que ahora cuestiona el kirchnerismo .
La cohesión mostrada por el Frente de Todos en relación con Edesur se forjó hace dos semanas con protestas de los asistentes del sur del Gran Buenos Aires (GBA).
Picó en punta la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza , y tuvo el acompañamiento de Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), todos del peronismo.
Como contó El cronista el pasado 14 de julio , el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof se reunió con el ENRE y siguió de cerca el asunto junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone , y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.
Este domingo, el Defensor del pueblo de la provincia, Guido Lorenzino , crítico: "Los vecinos y vecinas del conurbano soportan desde hace varias semanas los constantes cortes de luz de Edesur. La empresa tiene la obligación de dar una respuesta urgente y brindar un buen servicio ".
Mendoza, en tanto, apuntó: " La pregunta es dónde está la plata que ganó Edesur durante los 4 años de Macri ".
Este martes, llegó la respuesta oficial de la empresa. La firma adujo que invirtió u $ s 720 millones en los últimos cuatro años y que bajaron 40% la duración de los cortes de energía eléctrica, de 32 horas por año por cliente a 19 horas, en promedio .
Por otro lado, Edesur registró que los municipios del GBA le adeudan $ 3000 millones por el consumo de energía de los barrios populares (también llamados "villas de emergencia" o "asentamientos"), que los usuarios finales no pagan.
La deuda se acumuló desde 2011 y estaba en manos de la provincia de Buenos Aires, pero la ex gobernadora, María Eugenia Vidal , transfirió a los intendentes ese pasivo .
