DAVID CAYÓN
Condonación de intereses, cantidad de cuotas dependiendo el tamaño de la organización y restricciones para el acceso al mercado de divisas entre las beneficios y condiciones que establece el proyecto. Las deudas con la AFIP ascienden a $ 500.000 millones
El Gobierno terminó de definir los detalles de lo que será el proyecto de ley de una nueva moratoria impositiva que le permitirá ingresar a las grandes empresas.
En un encuentro del denominado gabinete económico que se desarrolló esta mañana en el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, los ministros de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, de Economía Martín Guzmán, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, Trabajo Claudio Moroni; la directora de la ANSES, Fernanda Raverta y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, junto al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ultimaron los detalles del proyecto que buscan enviar esta tarde al Congreso de la Nación un proyecto de “moratoria universal”.
El plan abarca a todas las deuda vencidas hasta el 30 de junio del 2020 y todos los planes y facilidades que ya lanzó la AFIP y que están caídos, vencidos o anteriores se consolidan en un solo plan de regularización.
La nueva moratoria será “más amplia” que la que se estableció en la Ley de Solidaridad, ya que “abarcará a todo tipo y tamaño de empresas, cada uno con sus requisitos, pero lo que se buscó es la universalización del beneficio”. La que vence a fin de mes sólo es para las pymes. Además, abarcará a las personas humanas –monotributistas y autónomos– que tienen deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Con este anuncio, la administración nacional busca empujar a las empresas para cuando salgan de la cuarentena pero, además, regularizar un monto de deuda bastante importante. Según dijo Marcó del Pont, entre empresas y personas físicas las deudas suman unos $ 281.700 millones y si se le suman las que ya se encuentran dentro de un plan se supera los 500.000 millones de pesos.
La medida tiene que pasar por el Congreso porque, a diferencia de los planes de pago, que sólo permiten refinanciar la deuda de los contribuyentes, las moratorias habilitan al fisco a perdonar parte de esos pasivos.
+ Amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas para ofrecer alivio, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
+ Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020
+ Será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020
+ Primera cuota vence el 16 de noviembre
+ Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras.
+ Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social.
+ Condonación parcial de intereses y total de multas.
+ Tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos (se reformularán los planes ya ingresados a la moratoria para que esa sea la tasa).
+ Permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).
+ Establece condiciones para las empresas de mayor tamaño. Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.
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El titular de la cartera de Producción, Matías Kulfas, señaló que el envío de este proyecto de ley de moratoria impositiva y previsional, tiene como fin que “las empresas puedan salir de esta crisis con una menor carga, para que cuando termine esta pandemia estén reestructuradas sus deudas y así crecer de manera sólida, con una economía en crecimiento a través del trabajo de todos los argentinos”.
Por su parte, Mercedes Marcó del Pont, destacó que “los problemas que arrastraban las las empresas, los comercios y las familias se extendieron a todo el entramado productivo con la irrupción del COVID-19”. Asimismo, agregó que el objetivo es “extender a todos los contribuyentes el alcance de la moratoria de la Ley de Solidaridad y Reactivación que estaba focalizada en el sector que acumulaba mayor cantidad de deuda y condicionantes en materia de financiamiento”
