Al universo más vulnerable le añadiría tres condiciones como "letra chica"
JONATHAN FLORES BELMAR Y DANIELA RUIZ-TAGLE
De acuerdo a borradores que circulan al interior de la Segpres, el Gobierno se inclinaría por vetar el proyecto de servicios básicos y devolverlo al Congreso con reparos. Entre otras cosas, al universo de 60% más vulnerable le añadiría 3 condiciones como "letra chica": ser adultos mayores, estar acogido al seguro de desempleo, o ser trabajador independiente.
Oficialmente, no hay respuestas ni novedades sobre lo que podría ocurrir con el proyecto que suspende el corte de servicios básicos en medio de la pandemia.
Si bien ya se desestimó la idea del Gobierno de ir al Tribunal Constitucional, está la posibilidad de que veten la ley, luego de ser calificada como “inadmisible” por voces del Ejecutivo, entre ellas el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet; y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa.
El Congreso despachó hace casi dos semanas la ley y si el Gobierno no se pronuncia para promulgarla en los próximos 15 días, la ley se promulgaría sola.
Sin embargo, el Ejecutivo ya estaría barajando una definición, de acuerdo a borradores que circulan al interior de la Segpres, según reportó La Tercera. En concreto, el Gobierno se inclinaría por vetar el proyecto de servicios básicos y devolverlo al Congreso con reparos.
Una postura que se condice con el anuncio que realizó el lunes, cuando convocó a expertos, académicos y exparlamentarios para “perfeccionar” los mecanismos de admisibilidad de las mociones inconstitucionales, el que inmediatamente generó escozor en el Congreso.
Hasta ahora, todo apuntaría a que recortará la iniciativa original: mediante el veto permitirá los cortes de servicio y reducirá significativamente el universo de beneficiarios que consideraba originalmente al 60% más vulnerable, además de cesantes o trabajadores con contrato suspendido.
¿Bajo que criterio? A ese grupo le exigirá cumplir al menos 1 de 3 requisitos: ser adultos mayores, estar acogido al seguro de desempleo, o ser trabajador independiente, lo que evidentemente rebajará la cantidad de personas beneficiadas.
Es decir, bajo este nuevo criterio impulsado por el presidente Sebastián Piñera, para que no se aplique el corte de servicio de luz, agua o gas, será necesario estar en el 60% más pobre y además tener contrato suspendido, estar siendo beneficiario del seguro de cesantía o ser adulto mayor. Pero no considera a trabajadores informales o a quienes han mantenido su trabajo.
La propuesta de Palacio, eso sí, tendrá que ser revisada por senadores y diputados, la cual necesita respaldo mayoritario para prosperar y convertirse efectivamente en ley.
No obstante, si no lo consigue, el Congreso podría insistir en sus términos en la medida que consiga un respaldo de 2/3 a su texto, algo que no se avizora realizable, pero que es clave para que los beneficios originales de la ley puedan mantenerse.
Lo complejo para conseguir aquello (los 2/3) es que requiere el respaldo de RN al texto original.
De este modo, el presidente Piñera estaría consiguiendo rebajar el universo de beneficiarios y daría pie a que se pueda cortar los servicios básicos a familias que se encuentren entre el 60% más vulnerable.
Sin conocer este escenario, durante el martes, las críticas no se hicieron esperar. El senador PS Rabindranath Quinteros, señaló que no se condice el rápido actuar de Piñera con el proyecto que aumenta las sanciones para los infractores de medidas sanitarias y la lentitud respecto al corte de servicios básicos.
En tanto, en el oficialismo también hay molestia. El diputado Miguel Mellado (RN) llamó al Gobierno a promulgar prontamente la ley y admitió que tampoco ha existido acercamientos que puedan dar cuenta de las decisiones del Ejecutivo
Por su parte, el jefe de bancada de la DC, Daniel Verdessi, llamó a La Moneda a no vetar la ley.
El llamado es transversal, pues hace unos días la bancada del PPD solicitó al presidente de la Cámara, el diputado RN Diego Paulsen, oficiar al Presidente para que promulgue a la brevedad el proyecto, mientras la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), también se había sumado a las críticas.
La Tercera
MIRIAM LEIVA
Con molestia han reaccionado los parlamentarios de la oposición ante la intención del gobierno de vetar el proyecto de ley de servicios básicos que fue despachada por el Congreso el 10 de junio.
La primera en reaccionar cerca de la medianoche en cuanto conoció la publicación de Pulso, fue la diputada Joanna Pérez (DC), una de las primeras impulsoras de la norma para evitar el corte de servicios básicos por no pago durante la extensión del estado de catástrofe. “Es inaceptable y decepcionante la decisión del gobierno de vetar la Ley. ¿De qué lado está el Presidente?”, señaló en el Twitter de la bancada DC.
Hoy, el jefe de bancada del PPD, diputado Raúl Soto manifestó: “lamentamos que el Presidente Piñera busque vetar el proyecto, una vez más se pone del lado de sus amigos empresarios y le da la espalda a la ciudadanía que requiere alivio económico durante esta pandemia. Vamos a defender el proyecto aprobado para que llegue a todas las familias”.
En el Senado, Ximena Rincón (DC) recalcó: “no se entiende que el gobierno esté pensando en vetar este proyecto. Presidente no cometa ese error, porque es no entender lo que la ciudadanía está viviendo hoy día. Póngase la mano en el corazón y entienda que hay muchas y muchos que dependen de usted”.
Por su parte el senador Alfonso de Urresti (PS) comentó: “el gobierno no entiende que en el invierno y en pandemia, evitar el corte de servicios básicos es esencial. Seguir privilegiando el cuidado de las grandes empresas por sobre el interés ciudadano es incomprensible porque la gente ve como suben las cuentas y no pueden pagarlas”.
Más allá fue el Jefe de Bancada del PS, diputado Luis Rocafull, quien dijo que “esta actitud del Presidente rara, contradictoria tensiona las relaciones con el Parlamento. Entonces la gente por este capricho tendrá que seguir esperando una solución”, sostuvo.
De acuerdo a fuentes bien informadas, el borrador de veto reduce el espectro a beneficiar con este proyecto al 60% de vulnerabilidad con ciertos requisitos: ser adultos mayores, estar acogido al seguro de desempleo, o ser trabajador independiente; y se elimina la obligatoriedad de ofrecer planes solidarios que se estableció a las empresas de telecomunicaciones.
