JOAQUÍN GIL Y JOSÉ MARÍA IRUJO
Se llamaban “empresas de maletín", carecían de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más de 2.000 millones de euros expoliados por una red de exministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) de la joya de la corona del país, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la trama que saqueó PDVSA, controló un tinglado de 100 compañías fantasma en Venezuela para ocultar la adquisición de propiedades en el país latinoamericano, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
Por primera vez, el ministerio público venezolano sitúa a Salazar como “socio” de Rafael Ramírez, el que fuera presidente de PDVSA, ministro de Energía y Petróleo y hombre fuerte de los Gobiernos de Chávez.
La telaraña mercantil de Salazar se constituyó entre 2004 y 2016 y controló directamente 28 propiedades. Un apartamento junto a la paradisíaca playa de Tucacas, en el Estado de Falcón, brillaba en el emporio.
La maraña societaria tenía un denominador común: la mayoría de firmas compartían domicilio fiscal. Y 39 de ellas se encontraban en el centro de negocios de Salazar, un acristalado enjambre de oficinas en la Torre Edicampo del municipio de Chacao. Solo una de las compañías, Inversiones CS, cuyo accionista era Luis Mariano Rodríguez, primo de Salazar, tenía 11 locales comerciales a su nombre.
“La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los verdaderos propietarios”, indica la Fiscalía de Venezuela en un escrito de acusación contra Salazar y su primo José Enrique Luondo. El documento atribuye a los investigados los delitos de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales (blanqueo) y asociación.
Los investigadores descubrieron el tinglado empresarial ficticio durante las indagaciones del saqueo de la petrolera pública. Tirando del hilo, hallaron al registrar decenas de domicilios que las supuestas compañías ocupaban locales vacíos. Así lo reveló en 2017 una inspección policial a dos presuntas firmas controladas por Salazar en la Torre JWM El Rosal de Caracas.
Junto a Salazar y Luondo, las sociedades instrumentales tenían en sus órganos sociales a otros dos miembros del denominado clan Salazar, Rosycela Díaz Gil y Luis Mariano Rodríguez Cabello.
La Fiscalía de Venezuela sitúa a Salazar en el epicentro de una trama de cobro de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se valía para hacer caja de la relación con su primo Rafael Ramírez, que dirigió 12 años PDVSA. Durante este periodo, la petrolera estatal pagó 4,5 millones de euros por informes inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo.
La organización de Salazar blanqueó en Andorra –según la Fiscalía- un total de 1.347 millones entre 2011 y 2012. El dinero procedía de presuntas comisiones abonadas por compañías, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.
Los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS revelan que otro de los miembros de la trama, el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA. Villalobos ordenó el pago a través de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un “acuerdo verbal” en enero de 2010. El exviceministro se comprometía en el acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10 millones. Parada solo cobró en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo que no deja rastro, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico procesó en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera.
A través de otra sociedad instrumental panameña, Josland Investments, Villalobos también transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, ex responsable de Proyectos de Corpolec, filial eléctrica de petrolera. Rodríguez justificó ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos servicios de asesoría. Como él, otros altos funcionarios del conglomerado energético venezolano esgrimieron este argumento para burlar los controles de prevención de blanqueo del banco. Una justificación que no convence a los investigadores.
Las pesquisas enmarcan estos pagos en un mecanismo de sobornos a cambio de adjudicación de obras. En esta línea, la trama desembolsó en la BPA 3,5 millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo del Ejecutivo de Chávez.
Las indagaciones también han aflorado sospechosas operaciones que tienen como protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA y PDVIC. La antigua empleada de la petrolera cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting. Los investigadores consideran que no existió tal préstamo, ya que la firma receptora del dinero tenía una liquidez de 5,8 millones. Las pesquisas conectan la transacción con un soborno. Matheus Baptista fue arrestada en España el pasado julio por su presunta conexión con la trama que saqueó la petrolera.
Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ha ordenado rastrear el patrimonio en el principado pirenaico del que fuera directivo de la filial de PDVSA Corporación Eléctrica Nacional (CADAFE), Carlos Enrique Luongo. El exdirectivo manejó una cuenta en la BPA donde cobró 172.544 euros entre 2013 y 2014 por supuestos servicios de asesoría. La magistrada también quiere cuantificar el supuesto botín en Andorra del que fuera primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pekín Luis Enrique Tenorio. La red de Salazar cobró presuntamente comisiones a empresas chinas para “facilitar” contratos en Venezuela.
Salazar fue arrestado en diciembre de 2017 en la cocina de una de sus tres oficinas de 600 metros de la Torre Edicampo de Chacao. Los investigadores encontraron en la caja fuerte de su dormitorio un documento de 14 páginas de un juzgado de Andorra del 30 de noviembre de 2012, cuando arrancó en el país pirenaico la investigación del expolio de la petrolera. Otro de los papeles revelaba que Salazar dio poderes en 2015 a Carlos Enrique Luongo para comprar el 80% de la firma de ingeniería de San Sebastián de los Reyes (Madrid) RLG Asociados.
A golpe de transferencias invisibles, la red de Salazar movió su botín a través de un enjambre de 40 empresas. De Andorra, un pequeño Estado en Europa blindado hasta 2017 por el secreto bancario, el dinero viajó a los paraísos fiscales de Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
