Ingresó proyecto para la derogación de la ley 70/30,
Eloy Echazú diputado provincial kirchnerista, ingresó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Nº 147 estableciendo la derogación de la ley 70/30, la cual establece a las empresas petroleras, pesqueras y mineras de la provincia la toma de 70% del personal de Santa Cruz y 30% foráneo, por la de 80/30 en este cambio de proporcionalidad, con el argumento de favorecer la ocupación local.
El Artículo 1º del proyecto indica: “MODIFICASE el articulo N° 3 de la Ley Provincial N° 3141, el cual quedara redactado de la siguiente manera:
“Las empresas operadoras de las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos minería y pesqueras, asentadas en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, darán preferencia a contratar al ochenta por ciento (80%) de mano de obra local, los que deberán contar con dos (2) años de residencia en la Provincia, acreditada mediante constancia asentada en el Documento Nacional y certificado de domicilio expedido por la autoridad competente; en forma directa o indirecta a través de las empresas radicadas en la Jurisdicción Provincial y que presten servicios para éstas”.
En la parte argumentativa, el texto indica: “Es vital para la provincia que se emplee a trabajadores de Santa Cruz que tengan residencia efectiva en Santa Cruz. Hay que garantizar que en la prestación de servicios, y la mano de obra, estén primero nuestra gente y nuestras empresas santacruceñas.
Es necesario en relación a lo anteriormente dicho reivindicar los resultados alcanzados a partir de la aplicación de la Ley N° 3141, ya que desde su promulgación ha permitido mejorar los indicadores de empleo provincial. No obstante, a ello, la ley debe ser ampliada en su porcentaje para poder avanzar en la mejora de los estándares de calidad de empleo.”
Lo que no dice el diputado Echazú, es que en Santa Cruz nunca se cumplió la ley del 70/30 y dicha realidad ha quedado expresada cada vez que ha existido o existe un conflicto en las mineras, en las petroleras, en las pesqueras o lo que se evidenció en la obra de las represas, con el problema ocasionado por el coronavirus.
El propio estado provincial es el responsable del incumplimiento de la ley actual (70/30) y sobradas pruebas existen de trabajadores de otras jurisdicciones que trabajan especialmente en el sector minero, incluyendo ciudadanos de nacionalidad chilena, peruana y boliviana. Muchos de ellos, con domicilio en localidades cercanas a los proyectos y sin la antigüedad suficiente a la hora de tomar el trabajo.
No hacer referencia a esta situación fáctica y los incumplimientos operados en la norma en vigencia y la falta de control del propio gobierno provincial, e intentar elevar el porcentaje de trabajadores locales del 70 al 80% es ciertamente poco efectivo, siendo que es el propio Estado el que vulnera o permite que se vulnere este principio desde el cual, en apariencias, se busca favorecer la mano de obra local sobre la foránea, informó OPI Santa Cruz.
Marcelo Turchetti (Cuenca Austral) se hizo eco de lo anunciado por el ministro Matías Kulfas. Señaló que, cumpliendo los compromisos, es positivo que el Estado busque darle un impulso a la industria.
Implementado el “barril criollo”, el Gobierno Nacional busca avanzar en nuevas medidas tendientes a la reactivación de la producción de gas. En caso que Argentina no logre torcer esta curva, el país enfrentará una “situación crítica” en el invierno del 2021.
Por ello, el Estado Nacional tiene la facultad para llevar adelante una política de estímulo que fomente inversiones en la industria centenaria ante la caída experimentada, pues la demanda mundial de petróleo descendió un 30%.
Así el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, anunció que el Estado argentino lanzará la Ley de Hidrocarburos a la salida de la pandemia. En esta línea, ratificó que el precio sostén fue determinado para “dar una señal y decir a la industria que queremos que se produzca petróleo y gas en la Argentina”, buscando proteger las inversiones de largo plazo, es una señal a los inversores”.
En este escenario, explicó que con el estímulo a la producción de gas mediante el Plan Gas 4- el Gobierno Nacional pretende “encontrar un mecanismo para contractualizar a largo plazo la demanda de gas a los productores a un precio razonable y que pueda garantizar la rentabilidad del sector como el desarrollo de inversiones”
