El Gobierno ratificó su voluntad de lograr este año un acuerdo que permita una solución definitiva del conflicto en el llamado Corredor Vial del Sur, que comprende a las regiones de Apurímac y Cusco, en especial en el transporte del mineral, afirmó el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos.
Durante su presentación ante el Pleno del Parlamento Nacional, el presidente del Consejo de Ministros precisó que el Gobierno apuesta por una minería responsable y respetando el medio ambiente, no solo para el Corredor Vial del Sur, sino también para todo el territorio nacional.
“No debemos elegir entre minería y agua, o minería y proteger el medio ambiente, sino que debemos garantizar que la minería pueda producirse sin afectar a las comunidades y pueblos indígenas que se encuentran asentadas en los territorios con recursos mineros”, aseveró.
Zeballos resaltó que el Corredor Vial Sur es uno de los principales ejes de la actividad minera en el sur del país y por ese motivo, la decisión del Gobierno ha sido apostar por el diálogo como herramienta para la solución de los conflictos sociales.
Recordó que en octubre pasado, fecha en que el Gobierno decidió designar a una Alta Comisionada para el Diálogo y el Desarrollo en el Corredor Vial Sur, se han registrado importantes avances. En ese sentido, se emitió un Decreto de Urgencia que viabiliza la decisión de asfaltar los 324 kilómetros del corredor vial sur, a fin de que la población tenga una mejor calidad de vida (sin ruido ni polvo).
El jefe del Gabinete destacó, además, que se ha iniciado la formulación de un plan de cierre de brechas den acceso a servicios básicos, salud y educación en cada una de las comunidades de las provincias del Corredor Vial Sur, así como un plan de desarrollo económico productivo sostenible que requiere también el concurso del sector privado.
“Estas acciones apuntan a mejorar las perspectivas de bienestar de las comunidades, en estrecha alianza con el gobierno y con la contribución de las empresas mineras, con el objetivo de que logremos juntos el desarrollo integral de quienes viven en el ámbito del corredor vial sur”.
Zeballos explicó que el tema del Corredor Vial del Sur forma parte de la estrategia para la gestión de los conflictos sociales que implementó el Gobierno durante el interregno parlamentario. “Para esto, hemos avanzado en consensuar una Estrategia de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, la cual contiene los lineamientos que deben orientar el diálogo con los actores locales y así, prevenir y transformar los conflictos sociales en oportunidades para el desarrollo territorial”, subrayó.
Sostuvo que se prioriza el diseño y actualización del sistema de información para la prevención y gestión de factores de riesgo en conflictos, información que permitirá una intervención oportuna. Asimismo, se fortalece y asegura la capacidad de respuesta del Estado a las demandas de la ciudadanía y el cumplimiento de compromisos por ser los más importantes factores de conflictividad social.
“Nos hemos acostumbrado a entender la participación del Gobierno en los conflictos sociales como la atención a situaciones de crisis. Sin embargo, hoy este Gobierno aborda el conflicto a partir de una estrategia de diálogo territorial, que tiene un abordaje integral, que inicia e incide en la prevención, mediante la planificación y acción para el cierre de brechas y la atención a demandas históricas de presencia del Estado”, afirmó.
En ese sentido, Zeballos destacó que hoy se cuenta con mapas situacionales, metodologías de prospección, sistemas de alertas de situaciones de riesgo y estrategias de intervención preventiva.
“Son muchos los compromisos que tras décadas se mantienen aún como incumplidos, y, con ello, merman la credibilidad del Estado. Por ello, sumada a la prevención estamos fortaleciendo el seguimiento estratégico que acelere el cumplimiento de compromisos, bajo criterios de oportunidad y calidad, y que opera mediante rutinas de trabajo y solución de cuellos de botella con sectores y gobiernos subnacionales”, manifestó.
Por último, el presidente del Consejo de Ministros resaltó que el diálogo con actores sociales, exige nuevas formas de trabajo y de gestión de los espacios de diálogo, más aún en el escenario actual de Estado de Emergencia Nacional.
