SANTIAGO SPALTRO
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) inició a mediados de abril una investigación por las importaciones de gas natural a Chile entre 2016 y 2018, cuando Juan José Aranguren era ministro de Energía.
La sospecha es que el ex ministro decidió esas compras para favorecer a Shell, la petrolera angloholandesa en la que trabajó como presidente de la filial argentina hasta el 30 de junio de 2015, menos de seis meses antes de acompañar a Mauricio Macri como funcionario.
La medida había sido denunciada desde 2016 por el entonces senador nacional Fernando Pino Solanas y levantó suspicacias porque Chile no es un país productor de gas natural, sino que lo importa por barcos. Las compras se pagaron en 2016 hasta 128% más caras que las importaciones de Bolivia.
El país trasandino, a través de la firma estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), tiene un contrato de largo plazo con British Gas desde 2007, cuando Argentina dejó de exportar gas a Chile, en medio del aumento de demanda energética (fruto del crecimiento económico) y la caída en la producción local, que no tenía certidumbres de precios. British Gas, a su vez, fue adquirida por Shell en 2015, por unos u$s 70.000 millones.
La SIGEN, conducida por el síndico Carlos Antonio Montero, envió un pedido de informes a Integración Energética Argentina (IEASA, ex ENARSA), una empresa estatal que fue dirigida en el período investigado por Hugo Balboa, un ex gerente de Shell entre 1989 y 1993 y entre 2003 y 2006.
Así lo confirmaron fuentes oficiales consultadas por El Cronista, aunque admitieron que por ahora no tienen nada que revelar al respecto.
La propia IEASA iniciará una auditoría interna sobre el asunto, explicaron en la empresa estatal ante la pregunta de este diario.
Aranguren y Balboa justificaron que su accionar derivó en importantes ahorros de cientos de millones de dólares para las cuentas públicas.
Argentina tiene distintas fuentes de oferta de gas natural: la producción nacional; las importaciones de Bolivia mediante un contrato que firmaron los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales y que se extiende entre 2007 y 2026; y las compras de Gas Natural Licuado (GNL), que se regasifica en el puerto de Escobar -y hasta 2018, también en Bahía Blanca-.
Cuando aún con todas esas fuentes no alcanza para cubrir la demanda local, se utilizan combustibles líquidos para que las centrales térmicas que generan energía eléctrica dejen de usar gas y pasen a consumir gasoil y fuel oil, que son más caros y contaminantes.
La importación a Chile, por su origen, fue novedosa. La decidió Aranguren a principios de 2016, cuando tuvo conocimiento de que Bolivia podría incumplir con algunas entregas de gas ya pactadas para ese invierno.
Hubo otras causas que llevaron al ex ministro de Energía a la Justicia, como las compras de gasoil. Eso le valió una causa judicial, en la que le dictaron la falta de mérito en febrero de 2020.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, revocó los procesamientos que había dictado el juez Luis Rodríguez sobre Aranguren, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, y para la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por encubrimiento y abuso de autoridad.
Aranguren fue ministro de Energía entre diciembre de 2015 y junio de 2018
El órgano que tiene como función controlar el funcionamiento del Estado y cuidar el dinero público solicitó a la ex Enarsa documentación de respaldo sobre el plan estratégico de las importaciones de gas, el contrato con Bolivia y pidió conocer si los informes de conveniencia técnica y económica de comprar un combustible a un país que no lo produce, sino que también lo importa desde el exterior.
En el fondo, lo que quiere saber el Gobierno es si Argentina podía acceder al gas sin la necesidad de importar desde un país que no lo produce y si esa acción desembocó en un perjuicio para el Estado nacional.
El Cronista consultó a Aranguren y a Balboa sobre las cuestiones económicas de las importaciones de gas a Chile. Ambos justificaron su accionar.Desde el 29 de febrero de 2016, el entonces ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, había comunicado por e-mail a Aranguren que entre junio y agosto de ese año no podrían cumplir con los 19,9 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas que fue la cantidad garantizada en el contrato mediante la cláusula de deliver or pay (entregar o pagar), que es un 85% de los 23,4 MMm3/d contratados.
Sánchez y la gerencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) propusieron, en cambio, enviar un promedio de 16,2 MMm3/d.
Las entregas reales en ese invierno estuvieron incluso por debajo de los 15 MMm3/d (5 menos que lo garantizado) a partir del 7 de junio de 2016, ya que Bolivia envió más gas a Brasil (el otro país con el que tiene contratos de provisión), que sufrió una caída de torres de alta tensión que afectó a la generación hidroeléctrica. El gas natural de Bolivia sirvió como reemplazante de esa energía.
El costo del gas que Bolivia exportó hacia la Argentina en ese invierno fue de u$s 3,2 por millón de BTU (MMBTU).
En testimonios ante exhortos diplomáticos, tanto el ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia como el presidente de YPFB, Oscar Barriga, admitieron que los volúmenes entregados fueron menores a los programados.
La siguiente fuente de oferta, por cuestión de precios, es el gas licuado. La capacidad promedio de regasificación en conjunto en los puertos de Escobar y Bahía Blanca era de 14,5 MMm3/d, con una capacidad máxima de recepción de buques por mes de 8,3 y 5,3, respectivamente.
Una de las materias que deja dudas en el Gobierno actual es si la Argentina podría haber recibido más barcos, a los cuales se les pagó un promedio de u$s 5,8 /MMBTU en Bahía Blanca y u$s 6,9 en Escobar, que importar gas de Chile, que tuvo un costo promedio de u$s 7,6 /MMBTU.
Los documentos que había presentado la gerencia de ENARSA en ese entonces (recién en 2018 pasó a llamarse IEASA) parecen respaldar la decisión que tomó el Gobierno, ya que las terminales regasificadoras habrian estado al tope de su capacidad.
"Existían restricciones puntuales en la capacidad de los terminales, pero hubo algunos días en que había reserva en los barcos de regasificación. En estas cuestiones hay que mirar día por día. Aunque es cierto que las compras a Chile reemplazaron combustibles líquidos", contó en off the record una fuente conocedora del sector.
La partida del barco regasificador de Bahía Blanca, saludado por Macri e Iguacel, tuvo el significante de un "cambio de época" en materia energética
Si se comprobara que fue así, las importaciones de gas natural de Chile, que totalizaron en ese año u$s 101,5 millones, reemplazaron compras por 400.000 metros cúbicos (m3) de gasoil, a u$s 12 /MMBTU, con lo que hubo un ahorro neto de divisas de u$s 61 millones.
Ya en 2017, Argentina volvió a importar gas a Chile, por decisión de Aranguren y Balboa. Esa operación habría ahorrado unos u$s 41 millones de compras de gasoil al exterior.
En 2018, en tanto, las compras al país trasandino de 3 MMm3/d de gas (93 millones de m3 en total) reemplazaron importaciones de gasoil por u$s 21 millones en julio de ese año.
Meses más tarde, Argentina retomó las exportaciones de gas a Chile a un precio más bajo del que se importó, por la modalidad de contrato interrumpible (la desconfianza del demandante sobre la estabilidad del oferente).
Para todo este período, la sospecha oficial es que no se maximizó el uso del gas de Bolivia o el Gas Natural Licuado (GNL).
Ya a fines de 2018, el ex presidente, Mauricio Macri, y su secretario de Energía, Javier Iguacel, anunciaron la partida del barco regasificador de Bahía Blanca, como un símbolo de cambio de era. Empezaba a sobrar gas en Argentina tras más de una década.
Por la falta de ese buque (una fuente de oferta menos), Argentina habría pagado unos u$s 90 millones extra de importaciones de gasoil en el invierno de 2019, comentaron fuentes del sector, que pidieron reserva de nombre.
Para suplir el faltante de gas licuado, el año pasado también se maximizaron las importaciones de energía eléctrica, aprovechando excedentes de las hidroeléctricas de Brasil. Esa fue apuntada como una de las razones por las que se registró un apagón masivo el 16 de junio, el primer blackout de la historia argentina.
La ex Enarsa siempre estuvo sospechada de ser una fuente de corrupción. Prosperaron en los últimos años denuncias al kirchnerismo y, en particular, al ex ministro Julio De Vido y el secretario Roberto Baratta, por supuestos sobreprecios en las compras de gas licuado.
La Justicia dictó falta de mérito en esa causa, aunque ambos fueron detenidos por otros expedientes.
En el macrismo deslizaron que "es extraño que el Gobierno no haya investigado antes las importaciones de gas, cuando se pagaban precios muy superiores y no se transparentaban las licitaciones".
