FRANCISCO JUEGUEN
Ante el freno de la economía por la cuarentena obligatoria para contener la expansión del coronavirus, la situación del sector privado llegó a una situación alarmante, con empresas ahogadas financieramente, sin poder cobrar cheques, pagar salarios, impuestos o servicios públicos, pese a los programas que el Gobierno puso en marcha para darle flujo a sus cajas.
La ruptura de la cadena de pagos es dramática, según el sector industrial. Más del 60% de las empresas -de todos los tamaños- no produce (el dato es del 44% para las que además de no fabricar no vende); un 63% de las organizaciones muestra una fuerte caída de las ventas, pese a que la retracción por menor que sea llega a todas (un 95%) y un 77% tiene dificultades para pagar sueldos al 100%.
Un documento de la Unión Industrial Argentina (UIA) al que tuvo acceso LA NACION precisó además, por ejemplo, que el 81% de las 1300 empresas encuestadas entre el 24 y 28 de abril no pudo cobrar cheques el mes pasado y hay un 60% con dificultades para el pago de sueldos sin acceso a crédito, más allá de las líneas lanzadas por el Ejecutivo y los bancos.
"En líneas generales, las empresas atraviesan una fuerte interrupción de la producción y de las ventas. Esto se refleja tanto en las empresas que fueron declaradas afectadas en los términos del Programa de Asistencia a la Emergencia y a la Producción (ATP) como en el resto, por lo que empresas de todos los sectores, tamaños y regiones están en problemas", dice la síntesis ejecutiva del informe elaborado por el equipo económico de la entidad fabril.
El análisis de la UIA estima que un 71% de las firmas encuestadas se encuentra dentro de los sectores declarados afectados por ATP. Dentro de ese grupo, un 64% de las empresas están sin producir, mientras que el 71% registra caídas de las ventas superiores al 60%. Sólo el 2% no tuvo caída de ventas, indicaron los números de la entidad que dirige Miguel Acevedo.
El otro 29% se encuentra dentro de los sectores declarados esenciales por el Gobierno en la cuarentena. Sin embargo, según los números privados, en este grupo existen también numerosas dificultades. En la UIA indicaron que el 35% de las empresas de ese segmento se encuentra sin producir, mientras que el 43% de las esenciales registra caídas de sus ventas superiores al 60% y solo el 15% no sufrió menor demanda.
"Ante la crisis, los empresarios priorizaron el pago de salarios frente al resto de los costos fijos", indicó el documento, que señaló que sólo el 12% no pudo pagar sueldos en marzo.
"Para el mes de abril, si bien sigue siendo elevado el porcentaje de empresas con dificultades para afrontar los pagos, el 44% de las empresas afirmó no tener liquidez para alcanzar a pagar el 50% de los sueldos, el avance del programa ATP para las empresas confirmadas, combinado por el acuerdo de suspensiones en el marco del artículo 223 bis, significó un fuerte alivio para las empresas", señalaron en la UIA sobre los programas oficiales.
Según el relevamiento, un 41% de las empresas no se inscribió al ATP, "una parte por falta de información (micro y pequeñas) y otras por no cumplir el criterio de facturación nominal".
"A este contexto preocupante se suma el resto de los costos, ya que las empresas no tienen recursos para hacerle frente: un 38% no pudo pagar servicios públicos, un 48% no pagó a proveedores y un 57% no pudo pagar impuestos", señaló el informe de la entidad.
La UIA recalcó que "muchas empresas manifiestan ahogo financiero fruto de las dificultades para acceder a los programas de crédito anunciados". Y especificó: "En el universo total de las empresas encuestadas se observa un corte en la cadena de pagos. El 81% de las empresas no pudo cobrar cheques en abril y hay un 60% de empresas con dificultades para el pago de sueldos sin acceso a crédito", precisó sobre la falta de liquidez del sector privado.
"Para avanzar en las soluciones a esta crisis, resulta indispensable complementar el programa ATP con iniciativas financieras del Banco Central que permitan un mayor y más rápido acceso al sistema financiero. Esto será fundamental para garantizar la producción y el empleo en un contexto recesivo como el que estamos atravesando", cerraron en la entidad.
El Cronista
AZEQUIEL M. CHABAY
La próxima etapa de la cuarentena , por anunciarse en los próximos días, mostrará un cambio notable en el nivel de actividad económica. Con un cierto nivel de hartazgo social comprobado y tras destinar casi tres puntos del PBI a contener a los sectores impedidos de trabajar -en el contexto de un derrumbe récord de la recaudación- el Gobierno nacional sabe que el status quo es insostenible, y por eso avanza en la liberación de actividades industriales de los más diversos rubros en conglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes, donde tiene la última palabra, por encima de intendentes y gobernadores.
Para ello, por estas horas se termina de pulir un listado de unas 1000 empresas de los más variados rubros de la industria a las que se permitiría retornar a la normalidad, bajo estrictos controles sanitarios y otra logística a la habitual. En ese bolsón aparecen automotrices, autopartistas, curtiembres, productores de calzados, fábricas textiles, químicas y petroquímicas, entre otras.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, blanqueó este martes la intención oficial ya manifiesta por varias figuras del gabinete después de un fin de semana donde mucha gente dejó sus casas y varios comercios reabrieron sus puertas, pese a las prohibiciones. Solo en la ciudad de Buenos Aires, se estima que hubo un 60% más de movimiento en los centros comerciales a cielo abierto, con locales ávidos de facturar algo tras 40 días de sequía.
Kulfas dijo al aire de La Red que "el gran desafío a partir de la semana que viene es ir reabriendo algunas actividades industriales en las grandes ciudades con todos los recaudos necesarios". Entre los lugares beneficiados con los cambios, se cuenta el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Gran Córdoba y el Gran Rosario, precisó el funcionario nacional.
Para avanzar con esta reapertura, el Gobierno demanda al menos dos requisitos a (todos) los empresarios deseosos de levantar las persianas: en primer lugar, que la llegada a los puestos de trabajo no ocurra en transporte público, y que a la vez se establezcan procedimientos para controlar el estado general de salud de cada empleado a diario y un protocolo de actuación ante un caso sospechoso de coronavirus.
Para acometer el primer objetivo, la Casa Rosada descuenta que las empresas dispondrán operativos especiales para levantar a los trabajadores desde sus hogares, o bien focalizarán el traslado en vehículos particulares u otros medios para aquellos que viven en las cercanías. A modo de complemento, el ministerio de Transporte habilitó el regreso de los servicios de combis de corta y media distancia que unen la Ciudad con el Conurbano.
La cuarentena masiva adoptada por decreto del presidente Alberto Fernández, allá por el 20 de marzo, jibarizó al 42% el nivel actividad entre aquellos trabajadores registrados, sobre los que el Estado tiene un control preciso. Con la última ampliación dispuesta por Fernández, que liberó actividades liberales en ciertas provincias, y casi que soltó las riendas del aparato productivo en pequeñas localidades, habría un 50% de la fuerza laboral en funciones. Para fines de de mayo, con las nuevas empresas por habilitar, la actividad podría elevarse al 70%.
La decisión final, sin embargo, está en manos del presidente y el acuerdo al que arribe con los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, tras iniciar otra ronda de consultas con los especialistas.
