Con inquietud miran el Congreso los gremios productivos ante el atropello de mociones o ideas que pueden obstaculizar el funcionamiento de la economía. Ahora los ojos están puestos en los cambios anunciados a la ley de protección al empleo que fue enviado a comisión mixta, con la advertencia de que se impondrán más condiciones a las empresas grandes que se acojan al beneficio.

Más que por el avance de proyectos, la Cámara Chilena de la Construcción está preocupada por iniciativas que hace unos meses caminaban en el Congreso, y que hoy en vista de la urgencia de la pandemia han dejado de ser prioridad.

Este es el caso del proyecto que promueve la inversión que tras varias negociaciones había salido humo blanco en enero, y aún espera su ratificación en la Comisión de Economía del Senado. “Es necesario acelerarlo porque da sustento normativo y financiero para que las Direcciones de Obras Municipales puedan operar en línea, ya que el cierre de diversas DOM ha paralizado proyectos”, comentó el presidente del gremio, Patricio Donoso.

La misma situación, acotó, ocurre con el proyecto de notarios: “Se requiere una urgente modernización, mediante el uso de tecnologías, de la labor de notarías y conservadores de bienes raíces”.

Respecto de las urgencias actuales, la Cámara está atenta a lo que suceda con el proyecto que perfecciona la ley de protección de empleo: “Es importante que se definan sus alcances con absoluta precisión y sin alterar su objetivo final, que es proteger al trabajador con independencia del tipo de empresa en la que se desempeña”, recalcó Donoso.

Y en el plano más sectorial criticó el proyecto que modifica la ley de ductos, porque eleva los costos de construcción.

-Alertas a lo que pueda suceder con los cambios anunciados a la ley de protección del empleo están en la Cámara Nacional de Comercio (CNC). “Es preocupante que quieran reformar este articulado que recién está en vigencia.Quieren regular el acceso y que las grandes empresas no la usen sino que sea solo para pymes”, sostuvo el presidente del gremio, Manuel Melero.

Recordó que presenció la última discusión en el Congreso sobre el tema, comentando que hay muchos discursos que parecieran olvidar lo que está sucediendo en su sector desde el 18 de octubre. “Hay un discurso contra las grandes empresas, se dicen una cantidad de cosas que me dejaron muy alarmado porque no entienden lo que está pasando. En el comercio llevamos 6 meses de ventas bajísimas y ahora, nulas, entonces es difícil pagar las remuneraciones que representan como el 70% de los costos. Me preocupa que echen abajo esta ley porque en nuestro sector han habido decenas de miles de despidos y si no fuera por este seguro serían mucho más, es una situación muy difícil para el sector, es terrible”, manifestó.

Otros proyectos que la CNC monitorea son la reducción de jornada, y la protección de datos personales. Y aún están a la espera que se le dé urgencia a un proyecto que salió de la mixta en octubre para sancionar el comercio informal, “nos parecía que era extraordinariamente importante pero ahora si lo digo, me crucifican”.

-Aunque hay dos voces en la minería, no hay duda respecto de los proyectos que el sector rechaza, porque pueden poner en peligro el desarrollo futuro de las inversiones en este rubro. El consenso entre la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero se refiere a que miran con mucha atención las iniciativas de protección de glaciares, el establecimiento de un royalty minero, y la desalinización del agua.

“Nos preocupan algunos proyectos de ley de iniciativa parlamentaria que de aprobarse limitarían el desarrollo futuro de la minería. Entre estos destacan el del senador Girardi, sobre protección de glaciares que es más un proyecto antiminería. La certeza jurídica constituye un factor fundamental a considerar, y en este sentido no podemos hipotecar nuestra reputación de país serio con actitudes voluntaristas que no se ajustan al espíritu de la ley y al sentido común, o con proyectos testimoniales o populistas”, señaló el presidente de la Sonami, Diego Hernández.

Asimismo, el titular del Consejo Minero, Joaquín Villarino, precisó que el proyecto de glaciares tiene “serias deficiencias técnicas”, y se refirió a los efectos negativos del texto que establece un royalty por la explotación del cobre y el litio. “No compartimos los fundamentos de este proyecto debido a que el actual Impuesto Específico a la Actividad Minera tiene toda la naturaleza y fundamento de un royalty. Cabe destacar que las compañías mineras del país cuentan con una carga tributaria total en torno al 43%, cifra que solo es superada por Australia y que sitúa a Chile sobre la media mundial en este aspecto. Estimamos que no debe analizarse el monto del royalty individualmente”, subrayó.

Al respecto, Hernández recordó que si este royalty estuviera vigente en una coyuntura como la actual, “como es un impuesto a las ventas y no al margen operacional, alrededor de 40% de las operaciones mineras estarían paralizadas”.

Entre otros temas, la Sonami destacó el proyecto que podría nacionalizar la explotación de litio; mientras que el Consejo Minero se enfocó en que el proyecto de reducción de jornada no afecte a las jornadas especiales que se han pactado en las faenas ya que podrían incidir en la productividad.

-La reforma al Código de Aguas sigue siendo el principal tema de preocupación para la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), cuyo trámite lleva 9 años en el Congreso ante la imposibilidad de encontrar acuerdos respecto de la caducidad de los derechos de agua.

No obstante, en los últimos meses se han agregado dos proyectos que inquietan: la reforma de pensiones y de reducción de jornada. “El aumento de las pensiones es una necesidad país y un deber moral. Sin embargo, nos preocupa que solo se continúen encareciendo los costos laborales que, a la larga, solo generará un desincentivo a la contratación de mano de obra” manifestó el presidente del gremio Ricardo Ariztía.

Por otro lado, la SNA aboga por el avance de dos iniciativas que si bien fueron muy anunciadas, hoy duermen en las oficinas del Congreso. Uno, es el Plan Especial de Inversiones para La Araucanía que ingresó en octubre de 2017 a la Cámara de Diputados y no ha experimentado ningún avance. El segundo, es la ratificación del TPP 11 que tras el estallido social no ha estado en tabla para votación en la sala del Senado: “Los 11 países constituyen un mercado de 498 millones de personas, el 13,3% del PIB mundial. Chile no puede darse el lujo de quedarse fuera por mitos que no resisten el más mínimo análisis”, recalcó Ariztía.

-Dada la heterogeneidad de los integrantes de la Sociedad de Fomento Fabril, la Sofofa está encima de varias de las iniciativas que han proliferado en los últimos días de la mano de mociones parlamentarias, en especial aquellas referidas a servicios domiciliarios.

“Algunas mociones refundidas, tanto de los diputados como de los senadores, buscan regular prohibiendo el corte de suministro de servicios básicos por mora en el pago y extendiendo los plazos y el universo de beneficiarios sin ningún tipo de compensación a las empresas”, indicó el director de Políticas Públicas de la entidad, Rafael Palacios, recordando que las empresas habían acordado con el gobierno ofrecer facilidades a los clientes del 40% más vulnerable.

Con atención también observan la aplicación de los dos paquetes económicos especiales aprobados. Respecto al de ampliación de garantías del Fogape solicitan urgencia a los procedimientos: “especialmente relevante es la velocidad para que las líneas de liquidez fluyan rápido a las empresas”. Y en cuanto a las de protección del empleo recalcó que “aún quedan aspectos relevantes por resolver, como por ejemplo, la factibilidad de la entrega por el empleador de beneficios o complementos adicionales a los ingresos del seguro de cesantía. Estos aspectos requerirán de un dictamen de la Dirección del Trabajo que interprete de forma coherente y armónica las disposiciones”.

Y en el largo plazo, los proyectos que la Sofofa monitorea con especial celo son la reforma del sistema de impacto ambiental que esperan sea reformulada, y la que fija una Ley Marco de Cambio Climático. “Su avance es fundamental para contar prontamente con los instrumentos que le permitan al sector privado catalizar acciones de mitigación y adaptación, pero se requiere mejorar algunos aspectos de la gobernanza climática”, apuntó Palacios.