Condición para recapitalizar que se demuestre que han agotado todas las posibilidades de financiarse
J. J. GARRIDO Y J. DÍAZ
Bruselas ultima la aprobación de una norma que permitirá la entrada de los Estados en el capital de sus compañías, grandes o pequeñas y cotizadas o no, para evitar su quiebra ante el tsunami del coronavirus. España apoya la iniciativa pero pide que se extremen las garantías para evitar distorsiones en la competencia y asimetrías en el mercado interior. La Comisión pide que se notifiquen las inyecciones de más de 100 millones, umbral que Alemania y Francia quieren elevar a 500 millones.
La pandemia del coronavirus no solo ha puesto en jaque el concepto de globalización, sino que ha trastocado por completo el orden económico mundial, confinando al libre mercado y dando rienda suelta a las tentaciones proteccionistas. La Comisión Europea, hasta ahora adalid de la competencia y el libre comercio y azote de cualquier auxilio estatal al sector privado, perfila la modificación del marco temporal de ayudas públicas para hacer frente a los destrozos económicos del Covid-19, abriendo la puerta en su último borrador del proyecto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN y que Bruselas prevé aprobar en los próximos días, a una suerte de nacionalización generalizada de empresas en apuros en Europa, cotizadas y no cotizadas, grandes y pequeñas.
Es un cambio radical respecto al proyecto original, adoptado el pasado 19 de marzo, que se circunscribía a facilitar las actuaciones de los Estados miembros a la hora de garantizar liquidez a las empresas (esencialmente mediante avales públicos a préstamos); conceder subsidios salariales; suspender o aplazar el pago de impuestos, u otorgar ayudas directas a los consumidores por los servicios cancelados a raíz de las medidas de cuarentena.
Apenas tres semanas después y tras una primera revisión el 3 de abril, en la que se amplió el marco temporal para que los gobiernos pudieran conceder ayudas públicas a la investigación y desarrollo de productos vinculados con la lucha contra el coronavirus, el último borrador, que Bruselas tiene intención de aprobar este mismo mes de abril, aborda ya sin ambages la irrupción del Estado en el capital de las empresas en riesgo de colapso so pretexto de que esta eventual nacionalización de tejido empresarial reduciría el riesgo que para la economía de la UE representaría "un número significativo de insolvencias"; ayudaría a "preservar la continuidad de la actividad económica" durante el brote pandémico y respaldaría "la recuperación posterior".
Se trata de un giro de 180 grados respecto al planteamiento inicial tras el que se encuentra la fuerte presión de las mayores economías del euro: Alemania, Francia (en cuyo ADN está incrustado el virus del proteccionismo) e Italia, que en las últimas semanas no han ocultado su intención de recurrir a las nacionalizaciones para salvar a sus empresas emblemáticas.
En el borrador de su propuesta, que rema en la dirección contraria a lo que el Ejecutivo comunitario ha defendido a lo largo de su trayectoria, la propia Comisión reconoce que "varios Estados miembros están considerando tomar una participación en el capital de empresas estratégicas para garantizar que su aportación al buen funcionamiento de la economía de la UE no se vea comprometida". Curiosamente, Bruselas subraya que si dichas naciones (que no menciona) adquieren las acciones de esas compañías a precios de mercado o en igualdad de condiciones que inversores privados, "esto en principio no constituye ayuda estatal". Italia, junto a España uno de los dos países europeos más castigados por la pandemia, ya anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia a principios de mes, mientras que Alemania, que ya ha acudido al rescate de empresas como Adidas vía préstamo, no descarta tomar una participación en la aerolínea Lufthansa para evitar un fatal desenlace.
Por su parte, Francia, que ya es accionista de referencia en empresas clave de diferentes sectores estratégicos, como las energéticas Engie y EDF, la teleco Orange, la automovilística Renault o la aerolínea Air France-KLM, ha reiterado por activa y por pasiva que hará lo que sea preciso para salvaguardar a sus empresas más emblemáticas.
Esta operación de macrosalvamento empresarial no convence a España, más partidaria de una respuesta a escala europea, según informan a EXPANSIÓN fuentes próximas a la negociación en Bruselas, que señalan que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, manifestó en el Eurogrupo muy serias reservas a la propuesta por el riesgo de generar distorsiones de competencia en el mercado europeo ante la distinta capacidad financiera de los países para acometer nacionalizaciones. Unas reticencias a las que se sumó Holanda (el azote de España en la frustrada reclamación de los eurobonos), pero que, en cualquier caso, no parecen suficientes para hacer descarrilar la iniciativa, que, previsiblemente, saldrá adelante con un respaldo mayoritario.
La situación que está a punto de vivir Europa trae a la memoria lo sucedido en España en las décadas de los 70 y 80, cuando el fallido experimento del Instituto Nacional de Industria (INI) evidenció que el rescate generalizado de empresas públicas era una trampa para las finanzas públicas, cuyo riesgo crecía exponencialmente a medida que se incrementaba el número de participaciones estatales en empresas en apuros. Eran compañías a las que no se dejaba quebrar por el fuerte coste reputacional y político, pero que dejaban tras de sí un ingente reguero de pérdidas. A mediados de los noventa, sólo el déficit público derivado del respaldo financiero a las compañías nacionalizadas ascendía todavía al 4% del PIB, obstaculizando la entrada de España en la Unión Monetaria. Alemania, Francia e Italia, que esgrimen que las nacionalizaciones ya se produjeron tras la crisis de 2008, aunque soslayan que se limitaron a los bancos y no a todos, buscan ahora mayor manga ancha para recapitalizar a sus empresas sin pasar por el filtro de Bruselas, que fija en 100 millones de euros el umbral a partir del cual deben notificarse las inyecciones de capital en empresas individuales. Mientras que gobiernos como el francés defienden un incremento sustancial de ese suelo, el Ejecutivo español no solo pide reducirlo aún más, sino también endurecer los requisitos para que las empresas accedan a la recapitalización.
Para Calviño, que en una entrevista en Financial Times lamentó este lunes que los países con más músculo económico "puedan apoyar sus economías de una manera más generosa que otros" y reclamó ya que "las garantías otorgadas a las empresas sean similares en toda la UE", la respuesta a la catástrofe económica es un fondo de recuperación común dotado con 1,5 billones de euros que evite que la competitividad de los países más afectados por la pandemia se vea mermada en beneficio de los estados más pudientes.
Otro riesgo importante para la economía de mercado es la tentación de interferir en la gestión de las empresas nacionalizadas, un peligro que en el caso de España y del Gobierno de coalición de PSOE-Podemos ya se materializó de forma nítida en enero, antes del inicio de la pandemia, con la dimisión de Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica por las constantes injerencias de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una compañía cotizada y en la que el Estado tiene una participación minoritaria, del 20%.
Pero el riesgo no se ciñe únicamente a las empresas estratégicas. Bruselas contempla permitir a los Estados recapitalizar sus empresas, grandes o pequeñas, cotizadas o no, siempre que se demuestre que sin la intervención del Estado esa compañía estaría abocada al cierre o tendría "serias dificultades" para mantener su actividad. Una generalización que los expertos temen que pueda derivar en una falta de control y en la imposición de criterios políticos y clientelismo. Por ello, quizás en un intento de curarse en salud, la Comisión advierte de que la presencia pública en el capital debería ser una opción de "último recurso" dado su carácter "altamente distorsionador de la competencia entre empresas". Bruselas también aboga por una permanencia temporal, lo más corta posible, del Estado como accionista, pero esto corre el riesgo de quedar en un mero wishful thinking, pues una vez bajo el paraguas público resultará difícil que una empresa recompre la participación pública. Más si como propone la Comisión la salida se penaliza sensiblemente.
Expansión
J.J. Garrido Y J. Díaz
Bruselas establece como condición para recapitalizar una compañía que se demuestre que ha agotado todas las posibilidades de financiarse en el mercado.
La pandemia del coronavirus no solo ha puesto en jaque el concepto de globalización, sino que ha trastocado por completo el orden económico mundial, confinando al libre mercado y dando rienda suelta a las tentaciones proteccionistas. La Comisión Europea, hasta ahora adalid de la competencia y el libre comercio y azote de cualquier auxilio estatal al sector privado, perfila la modificación del marco temporal de ayudas públicas para hacer frente a los destrozos económicos del Covid-19, abriendo la puerta en su último borrador del proyecto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN y que Bruselas prevé aprobar en los próximos días, a una suerte de nacionalización generalizada de empresas en apuros en Europa, cotizadas y no cotizadas, grandes y pequeñas.
La Comisión Europea establece como condición sine qua non para recapitalizar una compañía que se demuestre que ha agotado todas las posibilidades de financiarse en el mercado y que resulte evidente que sin la intervención del Estado estaría abocada al cierre o a padecer serias dificultades para mantener su actividad. La recapitalización requiere la previa solicitud de la empresa, que deberá justificar no hallarse en serias dificultades al cierre del pasado ejercicio y resultar incapaz de reponer capital por la imposibilidad de acceso a los mercados de capital o incapacidad financiera de los accionistas.
+ Nuevas acciones o híbridos. Bruselas contempla el desembarco de los Estados en las empresas esencialmente por dos vías: el refuerzo patrimonial mediante la emisión de nuevas acciones, ya sean ordinarias o preferentes ("por ejemplo, acciones sin derecho a voto", cita la propuesta), o a través de instrumentos híbridos de financiación de deuda que, a la postre, también podrían convertirse en capital, vía bonos convertibles, garantizados o no, o préstamos participativos.
+ Umbral de notificación. Aun cuando en la práctica todos los países notificarán esquemas paragua para estas intervenciones, Bruselas fija en 100 millones el umbral de las operaciones individuales que deben notificarse separadamente a la Comisión. Ésta deberá verificar si la financiación existente en el mercado o las medidas adoptadas para cubrir las necesidades de liquidez no son realmente suficientes para garantizar la viabilidad de la empresa. La Comisión exigirá "medidas adicionales" en el caso de aquellas compañías que cuenten con una cuota de mercado significativa en al menos uno de los mercados relevantes en los que operen en aras de "preservar la competencia efectiva".
+ Límites a la inyección. La Comisión, que insiste en que las medidas de recapitalización que se adopten debe ser "las menos distorsionadoras de la competencia", fija que la inyección pública debe limitarse a restablecer la situación de capital de que gozaba la compañía al cierre de 2019, antes de la epidemia.
+ Nacionalización temporal y plazos de reprivatización. Bruselas insiste en que la nacionalización de empresas debe ser temporal. Señala que las operaciones de recapitalización han de acometerse antes del 31 de diciembre de este año y fija en dos años, con carácter general, la fecha de caducidad deseable de la presencia pública en el capital. En este sentido, insta a los Estados miembros a establecer mecanismos que incentiven la recompra de la participación pública antes del 1 de enero de 2023. Buen número de países han solicitado que se amplíe el plazo para intervenir como mínimo hasta mediados del próximo año en que se materializarán las necesidades de reposición de capital y no penalizar en exceso el mantenimiento del Estado en el accionariado durante un periodo bastante más prolongado de tiempo.
+ Elevados intereses. El acicate para incentivar la reprivatización consistirá, esencialmente, en el pago de unos intereses al Estado que irán in crescendo y que en el caso de los instrumentos híbridos fluctuarán entre los 225 puntos básicos (más el índice Ibor a un año ahora establecido en -33 puntos básicos) fijados para 2021 a los 800 puntos (un 8%) de 2025 y años sucesivos si para entonces no se ha recomprado la participación pública o no se ha encontrado capital alternativo. Para las participaciones directas en el capital, la Comisión establece que si a partir de 2023 el Gobierno no se ha desprendido de al menos el 40% del paquete que obtuvo con su inyección, recibirá un porcentaje de títulos liberados adicional que, como mínimo, será del 10% de la participación que aún conserve. La recompra de los paquetes de acciones públicas se ve paradójicamente penalizada en la propuesta de la Comisión, con una remuneración de 500 puntos básicos que se añade a unos intereses equivalentes a los aplicados a los instrumentos híbridos. A modo de ejemplo, si la recompra se produce en 2027, se obligaría a devolver algo más del 150% del principal aportado por el Estado.
+ Otras restricciones. La propuesta establece la prohibición de repartir dividendos mientras se mantenga la participación pública. También establece la prohibición de adquirir a empresas competidoras o aquellas que se encuentran en mercados contiguos aguas arriba o abajo. No obstante, se prevén excepciones cuando estas adquisiciones resulten indispensables para el mantenimiento de las actividades. No se limitan las fusiones, tan necesarias en sectores golpeados por la crisis.
+ Planes de viabilidad. La Comisión obliga a notificar planes de viabilidad cuando la permanencia pública se extiende más allá de tres o cuatro años. Su valoración sólo puede ejercer efectos futuros, pues dada la compatibilidad decretada al aprobar los esquemas o las ayudas individuales, quedan blindados frente a cualquier pretensión de devolución de ayudas.
