JULIÁN ROJO
A partir de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, estamos entrando en una etapa de emergencia muy difícil para el desempeño de la economía global y, desde ya, para Argentina que hace 10 años no expande la actividad económica y que tiene serios problemas macroeconómicos y energéticos de larga data. En ambos casos son de carácter estructural.
Las principales potencias mundiales han anunciado recientemente una batería de planes de estímulo impresionantes y sin precedentes para apuntalar una demanda mundial que se espera sufra una importante caída en los próximos meses. Los países de LATAM no son ajenos y dadas sus características se espera una retracción superior al promedio en la actividad económica. En particular, algunos bancos internacionales proyectan para Argentina un impacto negativo de entre 5 y 7 % del Producto Bruto para el año 2020.
La duración de la crisis venidera no la sabemos, y es difícil arriesgar el momento donde encontraremos un piso en la caída de la actividad y el consumo. La magnitud podemos estimarla en base a los planes de estímulo observados: será profunda. Por otra parte, las consecuencias finales sobre la sostenibilidad financiera, fiscal y de balance externo de Argentina es por el momento una incógnita y se explicarán luego por la calidad y puesta en marcha de las políticas adoptadas.
Desde el 20 de marzo todos los argentinos estamos haciendo un esfuerzo extraordinario cumpliendo la cuarentena obligatoria, y debemos pensar en que tendremos que hacer otros tantos sacrificios económicos y sociales en los próximos meses.
En este contexto los precios internacionales del barril de crudo tipo BRENT y WTI cotizaron alrededor de la mitad que hace unas semanas (USD/bbl 26) con un valor probable rondando los USD/bbl 40 en promedio en los próximos 12 meses según coinciden expertos del mercado. En los precios se refleja tanto un problema político entre OPEP, Rusia y otros principales productores, como la proyección en la caída de la demanda mundial de petróleo por la reducción inmediata y sin precedentes que estamos atravesando y que se espera continúe al menos hasta finales de 2020.
El primer paso para evaluar una salida es entender el profundo problema al que está expuesto el mundo y por supuesto el país. Nos enfrentamos a una enorme crisis que trasciende países, sectores económicos y gobiernos. No es una crisis del petróleo, no es una crisis financiera, no es una crisis bélica ni de gobernabilidad de una potencia central: se ha generado de manera homogénea entre países desde la economía real, que estará paralizada al menos un mes, es decir el 8% del tiempo del año. Esto implica que las Naciones deberán hacer esfuerzos significativos para recomponer la marcha de la economía mundial. En este sentido, estos esfuerzos no deben ser abordados de manera sectorial para resolver problemas puntuales sino que requieren de políticas y planes amplios y estratégicos, lo cual reviste un especial desafío para la Argentina.
Ante la baja del precio del crudo, en Argentina se plantea la posibilidad de acordar un precio de USD/bbl 45 por barril para sostener la actividad en los yacimientos. Esto es el denominado “barril criollo” y ya estuvo vigente en nuestro país con resultados poco alentadores.
Los principales argumentos para su implementación no incluyen un análisis de costos, sino que se basan en que este valor del barril de petróleo es el que necesita la industria para mantener el nivel de actividad, las inversiones y los puestos de trabajo y las provincias para mantener el ingreso por Regalías e Ingresos Brutos que tenían previsto. La mala noticia es que mientras estuvo vigente esta política (2014-2018) la producción de petróleo bajó hasta niveles mínimos en los últimos 30 años, se redujeron las inversiones en petróleo y gas y los puestos de trabajo en la industria no aumentaron.
Con esta política los consumidores pagan un «sobreprecio» respecto al internacional en la refinación de combustibles que está dado por el diferencial entre el precio internacional y el pecio local. Implica pagar un costo de oportunidad por no beneficiarse de los precios internacionales vigentes en todo el mundo a la vez que constituye una transferencia de recursos desde el universo de los consumidores argentinos hacia la comunidad petrolera del upstream.
En Argentina se producen 510 mil barriles de petróleo al día, o bien 186 millones al año. A su vez, se exporta muy poco: sólo 45 mil barriles al día o 17 millones de barriles al año de petróleo tipo Escalante.
Es decir, el sector deja en el mercado local unos 460 mil barriles al día para refinar que, ante el barril criollo, recibirían un precio de USD/bbl 45 en lugar de los USD 40 que se espera del mercado internacional para los próximos meses tomando un promedio “conservador”. Hay un diferencial de USD 5 por cada barril. Este precio fijo es menos costoso respecto a las demás alternativas planteadas (barril de USD 50 o USD 54) o bien respecto a pronósticos más arriesgados que ubican al precio promedio de los próximos 12 meses en USD/bbl 32.
La política de precio sostén implicaría que los consumidores paguen los combustibles priceados con un barril de USD 45, cuando el resto del mundo lo haría en promedio a USD 40 durante los próximos meses mientras que lo haría a USD/bbl 25 en la inmediatez. Los consumidores argentinos estaríamos pagando un costo de oportunidad alto al pagar combustibles caros mientras el diferencia sea grande, ya que se trata de un insumo esencial para personas, industrias y transporte.
¿Bajar los precios aumentará la demanda de combustibles? posiblemente no sea el mejor canal dada la inelasticidad de la demanda de combustibles ante los precios. Sin embargo, lo que es trascendente es el impacto en el ingreso de los consumidores: Si los precios de combustibles bajan por seguir el precio internacional del crudo (de USD/bbl 40 estimado) se liberaría una masa de recursos de al menos USD 840 millones para consumo de los próximos 12 meses que es creciente ante un mayor diferencial de precios[1]. Esto es muy importante en el contexto en el que se encuentra la economía global.
Desde este punto de vista, una baja en los precios de los combustibles puede servir como política de estímulo para personas, industrias y transporte a través del impacto en el ingreso. De vuelta, no es una cuestión sectorial, es un problema que hay que resolver pensando más allá de los actores inmediatos del sector. Esto implica no volver a cometer errores de los cuales conocemos las consecuencias.
Por seguir el precio internacional, las provincias productoras cobrarían regalías un 10% menores en promedio respecto a un barril de 45 USD, y también verán reducido lo percibido por Ingresos Brutos. Sin embargo, las Provincias y el Estado Nacional pueden trabajar en conjunto un acuerdo fiscal temporario.
Por otra parte, existe aproximadamente 60-65 mil trabajadores registrados en «actividades petroleras» según el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los trabajadores pueden recurrir al Programa de Recuperación Productiva (REPRO)[2] para percibir hasta un monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por trabajador actualizado a la fecha de otorgamiento, por un plazo de hasta 12 meses destinado a completar el sueldo de su categoría laboral. Para esto, las empresas “deben acreditar la situación de crisis que atraviesan, detallando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación, y comprometerse a no despedir personal y mantener la nómina total de trabajadores.”
En definitiva, asumiendo precios internacionales de USD/bbl 40 en promedio para los próximos doce meses, una baja moderada en el nivel de producción y barril criollo en USD/bbl 45[3], se reducirían regalías a las Provincias por USD 110 millones, IIBB por USD 19 millones, Impuesto a las Ganancias cobrado por el Estado Nacional por USD 176 millones, retenciones por USD 70 millones y masa salarial (si se despide a la mitad de trabajadores registrados) en USD 120 millones durante los próximos 12 meses.
En total, por acoplarse al precio internacional de crudo las Provincias, el Estado Nacional y los Trabajadores tendrían un costo aproximado de USD 495 millones en los próximos 12 meses, mientras que se liberarían recursos para el consumo en al menos USD 840 millones, creciente con el diferencial de precios, parte de los cuales estarán sujetos a la aplicación del IVA (21% o USD 17.6 millones de máxima).
Por último, la política de barril criollo o precio sostén se implementó entre diciembre de 2014 y enero de 2018 debido a una caída del precio internacional de crudo por debajo de los USD 50 dólares el barril con un mínimo en USD 30. En este periodo el barril local se pagó a un promedio de USD 60, un 33% superior a la alternativa hoy planteada. La política no tuvo ningún impacto sobre las inversiones, ni sobre el empleo, ni aumentó la producción en el país.
En este contexto, el precio sostén resulta muy costoso para los tiempos que se vienen debido a tres factores principales: 1) implica una transferencia de recursos desde los consumidores, con fuertes pérdidas de ingreso por la pandemia, hacia las productoras de petróleo que podría volcarse al consumo a través del efecto en el ingreso (un alto costo de oportunidad), 2) hasta el momento no se plantea ningún compromiso firme sujeto a penalidades por parte de los productores sobre la implementación del precio sostén[4], 3) existe un alto riesgo que los objetivos fundamentales de la política no se puedan cumplir: la experiencia lo demuestra.
[1] Si el diferencial de precios es de USD 15 por barril, se liberaría una masa de recursos de USD 2.500 millones.
[2] https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro
[3] Implica afrontar un panorama similar al del año 2016 donde la producción algo menor a la actual y el barril del mercado interno cotizó USD/bbl 58 en promedio.
[4] Por ejemplo, si las empresas no se comprometen a realizar inversiones por un monto determinado en un plazo establecido bajo penalidad expresa. Misma situación con el empleo.
[5] Modificada por la ley 26.197 texto ordenado.
