CAROLINA PIZARRO

Esta semana, Minera Dominga volvió a ocupar páginas de la prensa con la renuncia a construir un nuevo puerto en la zona de La Higuera para viabilizar su proyecto. Una idea que había estado previamente sobre la mesa impulsada por Iván Garrido, con el fin de reestructurar la iniciativa, antes de retirarse de la compañía, en diciembre pasado.

Sorpresa causó la propuesta que el martes recién pasado hizo Andes Iron para darle viabilidad al proyecto minero-portuario Dominga. En la primera de las tres sesiones que durante esta semana convocó el Tribunal Ambiental de Antofagasta, en la nueva revisión de la polémica iniciativa, el abogado Patricio Leyton señaló -a modo de reflexión y luego de casi media hora de exposición- que la compañía se abría a la opción de evitar que en la zona existiesen dos terminales portuarios, renunciando a la construcción del suyo, si CAP desarrollaba su proyecto Cruz Grande. Esta última iniciativa logró su aprobación ambiental hace cinco años, pero aún necesita conseguir la concesión marítima y tiene una arista legal abierta por parte de los ambientalistas.

La propuesta no es menor, pues la construcción del terminal portuario es lo que genera el mayor rechazo hacia Dominga y es lo más cuestionado ambientalmente, dada su cercanía con la Reserva Nacional del Pingüino de Humbolt.

“Entendemos la preocupación de los opositores al proyecto, a la existencia de dos puertos en la zona. Estamos asumiendo el compromiso de que se construya un solo puerto en esta zona. Esto significa que, si el proyecto Cruz Grande construye su puerto, nosotros no haremos el nuestro y, por lo tanto, evaluaremos ambientalmente la conexión. Entendemos que esta es una declaración importante y espero que los opositores y la comunidad lo valoren”, dijo el abogado, sorprendiendo incluso al presidente del tribunal ambiental, Fabrizio Queirolo.

Pero la idea es antigua. El año 2017 y luego del rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Coquimbo, hubo varios acercamientos entre altos ejecutivos de CAP de ese entonces y de Andes Iron. Incluso hubo una cita en el Club de Golf Los Leones donde se planteó de manera más seria la idea, pero esta fue rechazada por Iván Garrido, en ese momento presidente ejecutivo de Andes Iron, quien habría acudido a esa cita por parte del proyecto minero. Una de las razones que evitaron la unión de ambas empresas en esa oportunidad fue la puerta que abría a hacer modificaciones al proyecto de hierro, lo que provocaba que tuviera que volver a entrar a tramitación ambiental, extendiendo todavía más los plazos de la iniciativa que inició su evaluación medioambiental en 2013.

La idea también es de larga data al interior de Andes Iron y habría sido uno de los puntos que gatilló la salida de Iván Garrido de la compañía, el pasado 31 de diciembre, cuando él y su equipo de ejecutivos, que aún tienen el 11% de la iniciativa, deciden hacerse a un lado al ver la negativa por parte del directorio de la minera de aceptar algunas de las nuevas propuestas del ejecutivo, las que buscaban reestructurar completamente el proyecto. Esto, porque Iván Garrido reconoció que Dominga no había hecho las cosas bien, cuentan cercanos al ejecutivo, y se convenció que tal como estaba diseñada, la iniciativa nunca vería la luz. Esto ocurrió tras el fallo de la Corte Suprema de septiembre pasado, sentencia que los devolvió al Tribunal Ambiental, escenario que la minera nunca contempló como posible, señalan fuentes que han tratado con los asesores del proyecto.

Las diferentes visiones internas sobre el futuro de Dominga fue algo que el exejecutivo deslizó en la carta que envió a sus trabajadores para contar su decisión de dejar Andes Iron, donde indica que “ante las dificultades que ha tenido Dominga en su tramitación ambiental, como presidente ejecutivo he planteado alternativas y estrategias de cómo continuar con la gestión de nuestro querido proyecto, las cuales no fueron suficientemente acogidas por el directorio, ante lo cual acordamos amistosamente mi salida”.

Dentro de la batería de opciones que el geólogo puso sobre la mesa, estaba cambiar el foco de la iniciativa y centrar el proyecto en el tema social y ambiental, por sobre lo económico. Para eso era necesario modificar la naturaleza de Dominga. En ese contexto, propuso ingresar un nuevo proyecto, donde no se contemplaba la construcción del polémico puerto, dado que en la zona ya existía aprobación para un terminal. Pero el planteamiento más osado y que generó la molestia de la mesa de la minera fue proponer la salida de los controladores de Dominga, las familias Délano -controlador del grupo Penta- y Garcés.

Plantear esta última alternativa no fue fácil para Garrido, según fuentes mineras ligados al ejecutivo. Incluso varios de ellos sostienen que su convicción total al respecto nace luego de una serie de conversaciones que el ejecutivo concretó durante 2019 con actores de la industria, como el Consejo Minero y la Sonami, y diálogos que también tuvo con varios líderes de opinión, entre ellos el expresidente Ricardo Lagos. “Muchos de los comentarios que recibió tenían relación con que el proyecto no presentaba problemas técnicos como para perjudicar su aprobación ambiental, pero sí pesaba mucho la reputación que tenían los dueños”, relata un cercano a Garrido.

Y el estallido social del 18 de octubre ratificó esta tesis que aún estaba en la cabeza del geólogo.