La competidora IMPSA presentó impugnaciones que, si prosperan, serían un serio problema
SANTIAGO SPALTRO
La adjudicación en 2019 de una licitación para entregar tres turbinas en la represa Yacyretá a la compañía alemana Voith Hydro LTDA podría generarle un dilema al presidente, Alberto Fernández, si prosperan distintas impugnaciones que presentó la otra competidora, IMPSA, que perdió el negocio que representa u$s 100 millones.
Es que el gobierno podría verse en la obligación de elegir entre revisar las condiciones de la adjudicación que formalizó el año pasado la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para ceder la provisión de tres equipos electromecánicos a Voith Hydro Brasil -filial sudamericana de la casa matriz alemana- y poner nuevamente en juego a IMPSA, una empresa nacional, o ratificar a Voith y perder la posibilidad de generar más trabajo argentino y obtener más recaudación.
En el medio podrían jugar las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI): Alemania tiene el 5,32% de poder de voto en el organismo internacional y protege -al igual que otros países desarrollados- las inversiones de sus empresas en el exterior.
Una renegociación de ese contrato firmado el 22 de octubre pasado puede poner en riesgo el apoyo de la canciller germana, Angela Merkel, en la reestructuración de la deuda externa argentina.
El 23 de diciembre de 2019, hace dos meses, el director de Legales de la firma con sede en Mendoza, Fabián D'Aiello, presentó una cautelar que cayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°8 para ver el expediente y suspender el procedimiento de la Licitación Pública Internacional 669.
Esa contienda iniciada en 2017 por la EBY fue otorgada por u$s 99,7 millones a Voith en julio de 2019, después de que la china Gezhouba quedara descalificada y de que el consorcio Araverá, conformado por IMPSA, la Compañía de Ingeniería Electromecánica (CIE) de Paraguay y Power China ofertara u$s 116 millones para construir tres turbinas tipo Kaplan por 92 MW de potencia cada una (276 MW en total), que ampliarán en un 9% la energía que produce la represa hidroeléctrica ubicada sobre el Río Paraná, en la ciudad correntina de Ituzaingó.
Según entiende la empresa argentina, la EBY no se volcó sobre la oferta "económicamente más conveniente", que sería la de Araverá por tener una integración del 70% de contenido local y 62% del precio expresado en monedas nacionales, sino por la más barata en dólares, que en abril de 2018, previo a las sucesivas devaluaciones del peso argentino, fue la de la compañía alemana.
Además de esto, la firma de la familia Pescarmona (ahora controlada por sus acreedores) cuestiona que los equipos de Voith son menos eficientes, de menor calidad técnica, que tienen malos antecedentes y hasta que el contrato se firmó en la previa a las elecciones presidenciales y se le adelantó al ganador el 26 de diciembre el 6,54% millones del contrato en concepto de anticipo.
Las actuaciones fueron hechas por el directorio de la EBY, que quedó en funciones sin cambios pese a la llegada de una nueva administración, ya que todavía no se designó al nuevo director Ejecutivo por Argentina ni a los miembros del Consejo de Administración.
Incluso, la pelea por los nombres para conducir Yacyretá ahondaron la interna en el gobierno y aislaron al secretario de Energía, Sergio Lanziani, que se divorció de su mentor político, Carlos Rovira (ex gobernador de Misiones, en donde Lanziani fue ministro de Energía hasta el 10 de diciembre).
En su fábrica en la localidad mendocina de Godoy Cruz, en donde produce equipos para 40 países en materia energética (turbinas para represas hidroeléctricas, aerogeneradores para parques eólicos, hornos para la industria petrolera y hasta un reactor nuclear de pequeña escala), IMPSA lleva a cabo la reparación de seis turbinas de Yacyretá que originalmente fueron provistas por Voith.
De acuerdo a su denuncia, los problemas de diseño en esos equipos alemanes le causaron pérdidas a la EBY por más de u$s 700 millones al generar menos energía.
Tras la reestructuración de su deuda en 2018, IMPSA pasó a ser controlada en un 65% por los acreedores y en un 35% por la familia Pescarmona.
El control político le pertenece al Banco Nación, que en este momento atraviesa una crisis por el préstamo de $ 18.500 millones a Vicentín, ahora en concurso de acreedores.
Si el Gobierno tomara la -improbable- decisión de anular la adjudicación a Voith y cedérsela a IMPSA y CIE, las empresas locales contribuirían en un 20% más a los fiscos de Argentina y Paraguay (dueños en partes iguales de la EBY), según su cálculo propio.
Si no hay cambios, "el trabajo que debía ser de argentinos y paraguayos lo harán brasileros, alemanes y chinos", lamentan.
La obra de Yacyretá es una de las principales obras públicas en carpeta. Otro proyecto, hoy paralizado, es el de las represas hidroeléctricas chinas en Santa Cruz, que costarán más de u$s 4000 millones.
Desde 2018, antes de que culminara la licitación, IMPSA sabía que el favorito era su competidor.
"El día en que a Angela Merkel se le rompió el avión y vino igual al G20 en Buenos Aires, supimos que habíamos perdido", describieron. Incluso, hasta el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, intercedió ante el ex presidente Mauricio Macri para torcer el rumbo de la contienda.
El trabajo de lobby de IMPSA se desplegó intensamente en los últimos meses. El 9 de diciembre de 2019, un día antes de la asunción de Fernández, pidieron que el nuevo Presidente revea las condiciones de la adjudicación.
Ya el 29 de enero de este año obtuvieron una reunión con Lanziani, para seguir el caso. Voith, en cambio, mantiene el silencio.
Consultados por El Cronista, dos directivos argentinos de la EBY se mostraron "muy seguros" por los "actos binacionales emprendidos". En sede judicial, el 7 de febrero, la EBY ratificó las actuaciones con un escrito de 48 páginas.
Alemania, donde está su casa matriz, no solo que da por sentado que ya tiene los derechos por contrato para proveer equipos a Yacyretá sino que su nuevo objetivo es darle vida a la represa Chihuido.
El macrismo suspendió esta estratégica obra pública en Neuquén a mediados de 2018, cuando se desató la crisis financiera local y se acordó un programa con el FMI.
En los últimos días, Voith envió ejecutivos a la Argentina luego de que Fernández prometiera en enero reactivar esa obra, en su encuentro con empresarios alemanes durante su gira de una semana por Europa.
¿Elegirá Fernández cumplir con su promesa electoral de atender la situación de la industria nacional y proteger a las compañías locales? ¿O, por el contrario, garantizará el respeto a los contratos y cuidará la imagen internacional de la Argentina?
