Luego de una decisión en enero de 2019 de los nueve jueces supremos norteamericanos, Argentina e YPF lanzaron el último procedimiento legal posible y presentaron una moción para desestimar el caso utilizando la doctrina del "Foum de No Conveniens”. En términos simples, los demandados afirman que las compañías españolas que presentaron la demanda en 2015 erraron al asumir que presentaban la disputa bajo las leyes de los mercados de capitales de los EE.UU. De hecho, Argentina e YPF sostienen que los mismos instrumentos según los cuales la petrolera vendió sus acciones en Nueva York en la década de los 90 cuando fue privatizada, están “regidos por la ley argentina” y que "cualquier acción relacionada con la ejecución de los estatutos o los derechos de un accionista en virtud de los mismos deben ser presentados ante un tribunal argentino“.

La jueza Preska, debe pronunciarse sobre los méritos de mantener el caso en su corte en las próximas semanas y, si el fallo confirma decisiones anteriores contra Argentina y contra YPF, los daños solicitados por los demandantes serán extraordinarios especialmente bajo la actualidad económica argentina.

En segundo lugar, varios bancos en Wall Street siempre han jugado con un fallo de USD 3.000 millones basado en el valor de mercado de las acciones de YPF que eran propiedad de las dos empresas españolas en 2012, cuando el gobierno argentino aprobó la Ley de Nacionalización. Aunque este número parece ofrecer una cifra razonable, no considera una serie de factores adicionales que cambiarían considerablemente el daño económico, siempre y cuando este ocurra. Estos factores incluyen las transacciones del mercado secundario, el valor actual y futuro de las acciones de YPF y la valuación tentativa que la petrolera detallada en sus estatutos.

Finalmente, la tercera manera de estimar el valor de un posible fallo en el corto plazo, es utilizar el estatuto de YPF. El Artículo 7, Punto F, Sección G, muestra una fórmula para calcular el precio que Argentina debería haber pagado por esas acciones cuando expropió el 51% a Repsol y no ofreció al 49% restante una opción de compra. La fórmula utiliza diferentes factores como ganancias históricas, ratios y precios de las acciones, entre otros. Si usamos como fecha operativa el momento en que Argentina notificó al público que estaba planeando nacionalizar YPF (enero de 2012) el valor de las acciones según la fórmula supera los USD 9.000 millones. Burford explica que Argentina e YPF podrían argumentar que el tribunal debería usar la fecha en que Argentina tomó el control de la compañía varios meses después en abril de 2012 para tratar de reducir el valor de las acciones por debajo de los USD 6.000 millones.

Sea cual sea la fórmula utilizada, antes la juez Preska deberá decidir si el caso continúa en Nueva York o se muda a Buenos Aires. De ocurrir lo último, los cálculos aquí presentados dejarían de tener validez.