La misión del Fondo dijo compartir los objetivos de crecimiento; reducción de pobreza y equilibrios fiscal y externo del gobierno argentino
ROMAN LEJTMAN
La declaración del Fondo fortaleció al presidente y fijó un escenario institucional que limita la capacidad de maniobra de los bonistas privados que resisten una quita importante del capital y de los intereses adeudados
Alberto Fernández terminó de leer el comunicado del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exclamó: “Dimos un paso extraordinario, gigantesco”. Todavía no era la hora del té, y la burocracia del Fondo aún no había distribuido su posición institucional asegurando que la deuda argentina “no es sostenible” y exigiendo una quita “apreciable” a los bonistas que operan en New York.
El Presidente felicitó a su ministro de Economía, Martín Guzmán, y después hizo une exégesis del comunicado del FMI y su impacto en la política doméstica, su imagen internacional y la pulseada que protagonizará con los fondos de inversión asentados en Manhattan y Londres.
“El personal del FMI tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas (...) Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo", dice el comunicado del FMI en su primer párrafo.
Alberto Fernández rescata esta afirmación porque le permite demostrar que tiene un plan económico, y que ese programa fue respaldado por la misión del FMI. Se trata de un hecho inédito: el Fondo está apoyando un paquete de medidas que incluye control de cambios, congelamiento de tarifas y la inexistencia de un presupuesto nacional para este año.
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“El personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible”, sostiene el Fondo en su comunicado oficial. Esta frase, presentada en términos políticos, fue la viga maestra de la explicación sobre la deuda externa que Alberto Fernández ofreció durante sus reuniones con Giuseppe Conte, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Ángela Merkel. Y puesta así en el comunicado del Fondo consolida credibilidad institucional al Presidente frente a sus colegas de Italia, España, Francia y Alemania.
Alberto Fernández tenía tres problemas clave al comienzo de su última gira internacional: nadie lo conocía, Cristina Fernández de Kirchner aparecía como la figura predominante, y Mauricio Macri aún exhibía altos niveles de credibilidad entre los líderes europeos. Este mix de prejuicios e ignorancia conspiraba contra las promesas presidenciales.
“Voy a honrar la deuda, pero hoy es insostenible. Pido al Fondo que me apoye, que me de plazos, así crecemos y cuando ya podamos hacerlo sin sacrificios sociales, vamos a pagar como corresponde”, repitió Alberto Fernández a sus anfitriones en Roma, Madrid, Berlín y París.
Conte, Sánchez, Merkel y Macron escucharon con atención al presidente y abrieron una instancia de confianza y de credibilidad a la espera de los resultados de la misión del FMI. En este contexto, cuando el comunicado reconoce que la deuda no es sostenible, Alberto Fernández obtiene un éxito político combinado: el respaldo fehaciente a su credibilidad presidencial y la posibilidad de negociar con mayor fortaleza ante los bonistas internacionales.
“En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda”, establece el comunicado del Fondo.
Este párrafo del comunicado es la base argumental que usará Alberto Fernández para avanzar sobre los bonistas que operan en New York. El presidente considera que el FMI encorcetó a los fondos del Inversión y que estableció que la sostenibilidad de la deuda sólo se alcanzará con una quita importante del capital y de los intereses que devengan los títulos soberanos con legislación extranjera.
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Entonces, la hoja de ruta para la deuda externa argentina sería de la siguiente manera:
1. Acuerdo definitivo con el FMI. Esto significa si finalmente se pagarán o no, los intereses corrientes que vencen acorde al cronograma fijado por el Stand By agreement. Hasta cuando se postergará el pago del capital. Y si se sumará a ese pago, los intereses devengados por la prorroga de esos vencimientos previstos para 2021, 2022 y 2023.
2. Acuerdo con los bonistas privados. La posición del FMI fortalece la negociación que ejecutará Guzmán con las órdenes de Alberto Fernández. Y de esta manera, el ministro de Economía planteará una quita y un roll over del capital, y una poda importante y una postergación larguísima del pago de los cupones. El gobierno asume que habrá una negociación tensa y que se estirará más allá del 31 de marzo.
“Me gustaría, pero creo que no llegamos a esa fecha”, contestó Alberto Fernández cuando le preguntaron ayer si era factible cerrar todo con los bonistas antes que comience abril.
Alberto Fernández estaba cauto anoche en Olivos, pero no podía ocultar su gesto de satisfacción. Avanzó con el FMI, y ahora tiene un escenario plano para negociar con los bonistas extranjeros. Además, había vencido con sutileza la presión por izquierda del Frente de Todos, y ratificado a través del Fondo su discurso político desplegado en la gira europea.
El presidente aún no habló con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, para agradecerle su respaldo institucional. Podría suceder el sábado, cuando Guzmán se encuentre con ella en Arabia Saudita. Georgieva es una aliada clave del gobierno peronista. Una circunstancia irónica para Alberto Fernández: siempre desconfió del FMI, y ahora van juntos a la par.
El Cronista
MARIA IGLESIA
Cómo seguirá la relación con el Fondo Monetario Internacional se definirá este fin de semana en Riad, capital de Arabia Saudita: en esa ciudad el ministro de Economía, Martín Guzmán , se va a reunir con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en el marco de una reunión del G20.
La decisión pasará a nivel más político y será clave en relación al rol que podría tener el FMI en la renegociación con los acreedores privados. Si bien tradicionalmente el organismo actúo en varios países europeos de “paraguas” en la negociación con bonistas, no se trata de una condición indispensable en una reestructuración de deuda con el sector privado.
Las declaraciones hasta ahora del gobierno de Alberto Fernández parecían buscar desligarse de avanzar con un vínculo estrecho con el FMI: desde el punto de prescindir de los desembolsos restantes del préstamo stand-by acordado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el organismo (unos casi u$s 12.000 millones), hasta las menciones de señalar al Fondo como parte responsable de la crisis económica y del elevado endeudamiento de la Argentina y una eventual pedido de quita por parte de Cristina Kirchner, declaraciones que se redujeron a eso, ya que no hubo un pedido formal, según pudo averiguar El Cronista.
No obstante, la definición de hoy del FMI, de declarar como “no sostenible” la deuda argentina y avanzar en un pedido de quita importante a los acreedores privados fue recibida en el Gobierno como un espaldarazo importante en la renegociación.
Hay que diferenciar dos aspectos en cómo va a seguir la relación con el FMI: el rol que el organismo pueda tener en la reestructuración de la deuda con los acreedores privados y, por otro, un eventual reperfilamiento de los pagos al Fondo, para los cuales hay fuertes vencimientos recién en 2022 y 2023.
Esta última opción requerirá sí o sí que se defina un nuevo programa con el FMI: ya sea que se enmarque dentro de un nuevo stand-by agreeement (que son préstamos a un plazo más corto, por tres años) o uno de facilidades extendidas, que posterga los vencimientos por un período mayor. Estas son las opciones más usadas por los países miembros del organismo: básicamente, se trata de conseguir un nuevo préstamo para pagar el anterior.
Pero para esta opción, con vencimientos menores este año, unos u$s 1604 millones en concepto de intereses de la deuda con el FMI (que por ahora el Gobierno afirmó que se pagarán, según averiguó este diario), hay más tiempo ya que recién en 2022 y 2023 los pagos se vuelven más abultados, de unos u$s 20.000 millones al año en promedio.
Con respecto al rol del FMI en la negociación con los privados, en general los propios bonistas piden que exista un programa con el organismo, de manera de respaldo y para que se vuelva más plasmable, en un plan con el Fondo, las promesas de evolución de resultado fiscal y de la deuda en sí.
Este rol del organismo, dentro del marco de la renegociación de la deuda con los acreedores privados, es lo que se va a conocer tras el encuentro de este fin de semana entre Guzmán y Georgieva.
En los intercambios entre la misión que estuvo en Argentina hasta hoy, liderada por Julie Kozack y por Luis Cubeddu, y los funcionarios del Frente de Todos, no se habló de qué se hará con el stand-by aún vigente y los desembolsos restantes. Se trató más de un semblanteo de ver en el detalle el sustento de los planes fiscales y la coherencia del programa económico en sí.
Desde Riad se conocerán los próximos pasos de cómo avanzará la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.
La Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina
Un equipo del FMI, dirigido por Julie Kozack, Subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina, visitó Buenos Aires[1] del 12 al 19 de febrero de 2020 para discutir con las autoridades argentinas los recientes desarrollos macroeconómicos y conocer en mayor detalle el programa económico del gobierno. Al finalizar la misión, la Sra. Kozack y el Sr. Cubeddu emitieron la siguiente declaración:
“El personal del FMI tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas, cuyos lineamientos han sido reiterados la semana pasada por el ministro de Economía, Martin Guzmán, en su presentación en el Congreso de la Nación. Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo.
Las autoridades argentinas están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país. Han implementado un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía. Se ha buscado aumentar la recaudación en parte para financiar un mayor gasto social, que por lo general está dirigido a atender las necesidades de los más vulnerables. Las reservas internacionales y el peso se han estabilizado con el apoyo de los controles de capital y el superávit comercial. La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales. Las autoridades también se encuentran en un proceso para garantizar una resolución sostenible y ordenada de su situación de deuda.
El personal del FMI notó que la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de la deuda pública de Argentina se deterioró significativamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI, publicado en julio de 2019, en el contexto de la Cuarta Revisión bajo el Acuerdo Stand-By (SBA). En esa ocasión, la evaluación general fue que la deuda pública de Argentina era sostenible, pero no con una alta probabilidad, dados los riesgos sustanciales, que incluían: (i) problemas en refinanciar la deuda por el aumento de nuevas emisiones de corto plazo; (ii) vulnerabilidad de la trayectoria de la deuda pública a la volatilidad del tipo de cambio, dado que una gran parte está denominada en moneda extranjera; y (iii) grandes necesidades de financiamiento externo, variable que por lo general es buen un predictor de crisis en economías emergentes.
Desde entonces, esos riesgos a la sostenibilidad de la deuda se han materializado. De hecho, desde julio de 2019, el peso se ha depreciado en más del 40 por ciento, el riesgo soberano ha aumentado cerca de 1100 puntos básicos, las reservas internacionales han disminuido alrededor de US$ 20 mil millones y el PIB real se ha contraído más de lo que había sido proyectado. Como resultado, la deuda pública bruta aumentó a cerca de 90 por ciento del PIB a fines de 2019, 13 puntos porcentuales más que la proyección en el momento de la Cuarta Revisión. Además, dadas las profundas dificultades de financiamiento que surgieron, desde agosto 2019 se han adoptado medidas para mitigar la fuga de capitales y extender el vencimiento de ciertas deudas. Al mismo tiempo, se ha tenido que recurrir al Banco Central para financiar parte del déficit fiscal.
A la luz de estos desarrollos, y sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. El personal del FMI hizo hincapié en la importancia de continuar un proceso colaborativo con los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación de deuda.
El personal del FMI y las autoridades continuarán dialogando estrechamente a medida que las autoridades continúen avanzando en la concreción de sus planes y políticas económicas. En el contexto de la próxima reunión de Ministros de Finanzas del G20, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se reunirá con el Ministro de Economía, Martín Guzmán, a efectos de definir los próximos pasos de la relación entre el FMI y la República Argentina".
[1] La misión se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; los ministros Daniel Arroyo, Ginés Gonzáles-García, Matías Kulfas y Claudio Moroni; el secretario de Planeamiento Estratégico, Gustavo Bélíz; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; el director del INDEC, Marco Lavagna, y otros altos funcionarios del gobierno.
