YAMILE CÁRDENAS

El proyecto obliga a los nuevos titulares a modificar sus EIA, lo que representa un costo excesivo para las empresas.

El proyecto que obliga a nuevos titulares de actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en lotes ya licitados a modificar sus estudios de impacto ambiental (EIA) generaría un sobrecosto y desincentivaría las actividades del sector de hidrocarburos. La propuesta se publicó la semana pasada por el Ministerio de Energía y Minas a través de un proyecto de decreto supremo. 

Los especialistas consultados coinciden en que la norma es poco clara y generaría sobrecostos. “Aunque el nuevo operador no haga cambios al proyecto, está obligado a modificar el EIA”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. “La redacción utilizada es ambigua y se puede prestar a interpretaciones que podrían generar problemas al desarrollo normal de los proyectos, incluidos los de exploración, que en principio no tendrían por qué ser parte de este procedimiento”, agregó.

“Estamos tratando de promover el desarrollo de actividades de hidrocarburos y esto impacta negativamente. La modificación no me parece el mecanismo más idóneo. Ésta tiene un costo entre US$ 80 y 100 mil. La solución también puede ser actualizar los EIA.”, dijo Vanessa Chávarry, consejera del estudio Payet.  

El incumplimiento de la nueva obligación sería sancionado con una multa de hasta S/126 millones, lo que desincentivaría inversiones. “Una multa tan alta puede desincentivar la promoción la actividad de hidrocarburos. Recomendaría que no solo se evalúe desde el lado ambiental, sino en conjunto con la Dirección de hidrocarburos”, comentó Chávarry. 

Actualmente hay siete lotes que cuentan con más de un EIA y cuyos títulos habilitantes estarían próximos a vencer. Entre ellos están el lote 192, a cargo de Frontera Energy; y el lote 8, operado por Pluspetrol. El nuevo proyecto establece un plazo de 24 meses a partir de la suscripción del contrato para que el nuevo titular presente la solicitud de modificación ante la autoridad competente. “El primer candidato a cumplir con esta norma sería Petroperú una vez que suscriba el nuevo contrato que se aplicará sobre el Lote 192 cuando venza el actual contrato a cargo de Frontera Energy”, indicó Alberto Varillas, socio del estudio García Sayán Abogados.

La nueva norma, sin embargo, podría facilitar la labor de fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “La modificación contendrá una matriz que sistematiza el conjunto de obligaciones ambientales sobre los componentes, actividades y fases de las actividades en el lote”, declaró el OEFA para esta revista. “Estamos de acuerdo en buscar una solución al problema que la autoridad enfrenta para cumplir con su trabajo, pero no creemos que la solución pase por cargar todo al operador. Como gremio estamos proponiendo que se apruebe un procedimiento más corto y acotado a su objetivo”, señaló Cantuarias.