JORGE LAPEÑA
Los resultados de las PASO del 11 de Agosto generaron, contrariamente a lo esperado, una convulsión sin precedentes: un lunes negro que incluyó una fuerte devaluación del peso, la pérdida de valores de los activos argentinos, el desplome de las acciones y el aumento de riesgo país.
El presidente Macri tomó en ese contexto medidas de Emergencia para asegurar la gobernabilidad y amortiguar el impacto inflacionario de la devaluación en los sectores más vulnerables. Una de esas medidas fue el congelamiento del precio de la nafta y el gasoil en el surtidor por el término de 90 días. La decisión fue oportuna porque el mercado de los combustibles - un oligopolio muy concentrado y desregulado- hubiera llevado la nafta y el gasoil a un precio cercano a los 65 $/l en menos de lo que canta un gallo. En un mercado deprimido por la recesión la conmoción política y económica que este hecho podría haber provocado, hubiera sido solo comparable a la que ocasionó el recordado incremento de la nafta del ministro Celestino Rodrigo en 1975.
El congelamiento temporal de los precios de la nafta y el gasoil, que incluyó el precio del crudo se implementó por el DNU N° 566/19.
La medida generó un tembladeral en el sector energético como nunca se ha visto en los últimos 50 años. Tres gobernadores de provincias petroleras iniciaron acciones ante la CSJN por la supuesta pérdida de ingresos por regalías (cosa que será muy difícil de calcular). Y Las petroleras lideradas por Vista Oil, una empresa menor y sin historia en el país, plantearon la inminente baja de la actividad -incluyendo posibles despidos- en sus yacimientos de Vaca Muerta.
La organización empresaria IDEA liderada por el CEO de una petrolera rechazó en un comunicado el Decreto del Poder Ejecutivo y fundamentó este rechazo en inconstitucionalidad de la medida. Entre los que criticaron la medida implementada por la Secretaria de Energía estaban ex altos funcionarios de esa dependencia del actual gobierno.
En contraposición la empresa YPF mantuvo la calma y un muy responsable silencio. No en vano tiene 97 años de historia.
El yacimiento de Vaca Muerta que produce solo el 16 % del crudo y del 40% del gas natural que se produce en Argentina se auto asignó una centralidad en la controversia con la medida gubernamental que no se corresponde con su verdadera importancia cuantitativa. Máxime si se tiene en cuenta que la producción de gas natural de este yacimiento cuenta con fuertes subsidios del Estado nacional por la Res 46/17. El planteo empresario de la inviabilidad del yacimiento invocó, sin fundamento, que el precio transitorio fijado por el DNU no retribuía los costos de producción.
En contraposición, los representantes de las cuencas convencionales en las que la producción de petróleo y gas son notoriamente mayores que las del yacimiento de Vaca Muerta, y que están en están en fuerte declinación crónica desde hace más de 20 años, no levantaron la voz ni criticaron la medida.
Las provincias de Mendoza, de Chubut y de Salta no han acudido a la Corte y si lo han hecho Neuquén; La Pampa y Santa Cruz: ¿cuál podría ser la razón de la inexistencia de un argumento común? En síntesis , la decisión del Presidente abrió una grieta dentro del sector petrolero, y otra entre el gobierno nacional, las provincias y las petroleras.
Por otra parte, en la última semana de Agosto, el Secretario de Energía decidió la postergación de la apertura de ofertas del gasoducto Neuquén- Salliqueló. Una obra que no cuenta con Estudios de Factibilidad aprobados, pero que requiere fuertes garantías estatales y la financiación de ANSES para materializarse. Se trata de una decisión correcta y concurrente con la decisión presidencial.
En la semana en curso se introdujeron modificaciones en el DNU original; pero en esencia se mantiene el congelamiento transitorio y de emergencia en el surtidor de la nafta y el gasoil dispuesto por el Presidente; y razonablemente libera el canal mayorista y otros productos no congelados originalmente.
De todo lo que se ha hecho y dicho desde la comunidad petrolera en estos días deben quedar en claro dos cosas importantes: a) que la industria petrolera no se ha expresado en forma coherente por canales institucionales reconocidos o habituales; y b) que lamentablemente el proyecto de Vaca Muerta ha mostrado que tiene fuertes debilidades potenciales, que quizás fueron sobreactuadas en la ocasión, pero que ahora no pueden no ser analizadas en detalle.
Sin dejar de tener en cuenta lo mucho que se ha avanzado en Vaca Muerta en incremento de productividad y baja de costos en los últimos años, todo indica que la producción de gas natural de ese yacimiento que tiene un alto subsidio del Tesoro nacional está lejos de ser viable y competitiva a escala mundial por más que se afirme lo contrario. La construcción de la infraestructura de evacuación para transportar el gas al mercado domestico y mucho más aún para la exportación masiva de GNL (planta de licuefacción y puertos) es un desafío enorme no resuelto sin lo cual no se concretará ningún proyecto.
En cuanto al petróleo – que creo lo más promisorio de Vaca Muerta por el momento- debe todavía despejar varias incógnitas. Una de ellas es la de saber si el Proyecto seguiría siendo viable con precios del crudo que están dentro del espectro de precios probables que pueden darse en el mercado mundial en los próximos años. Por ejemplo: ¿Cuál sería la viabilidad de VM con los precios promedio que rigieron en la década del 90, ó, sin ir tan lejos, con los precios que rigieron en el trienio 2014-2016? La contestación a esta pregunta clave no surge clara con los argumentos esgrimidos por la industria en estas semanas.
Las próximas elecciones definirán quien gobernará la Argentina. Es importante que estas dudas que han aparecido en torno al “yacimiento estrella” que algunos ven como la salvación de la Argentina sean despejadas en forma definitiva. Es una oportunidad; después de todo ¿qué beneficio tendría para Argentina apostarlo todo a un proyecto no viable?
*Ingeniero, ex secretario de Energía. Instituto IAE "General Mosconi".
VICTORIA TERZAGHI Y MATIAS DEL POZZI
"La petrolera me paga por avance de obra pero no puedo avanzar porque no se está entregando hierro desde la fábrica. Entonces no tengo más opción que empezar a hacer suspensiones de personal”. La explicación de Raúl Martin sintetiza la crítica situación que enfrentan cientos de pequeñas empresas que trabajan como subcontratistas en Vaca Muerta.
El congelamiento del precio de los combustibles y del barril de crudo dispuesto por el gobierno nacional fue el golpe de gracia a una compleja situación que comenzó a plasmarse en la víspera de las elecciones primarias del pasado domingo 11 de agosto y que se agudizó con la devaluación del peso. Pero sin dudas el mayor impacto fue el traslado del precio congelado del dólar a toda la industria vinculada al petróleo.
Raúl Martin es el titular de Concretar SRL, una empresa neuquina dedicada tanto a la construcción como al alquiler de equipos especiales. Aldo Bruschi es el propietario de Tecnoplús, una firma dedicada a la venta de todo tipo de piezas importadas para la industria, desde materiales eléctricos, instrumental de medición y hasta el servicio de calibración. Ignacio Iranzi es el titular de la transportista Megant SRL y de Vegetales Procesados Patagónicos, una fábrica hidropónica y de viandas.
Cubren áreas muy diferentes del segmento de las pymes vinculadas a la industria petrolera pero tiene dos puntos en común: por un lado todos forman parte del Cluster Vaca Muerta, y por el otro aseguran que no podrán resistir los 90 días que se marcó para el congelamiento del barril que en la práctica terminó creando un “dólar petrolero”, que hoy es de 45 pesos.
“Yo suspendí las ventas porque muchas de las piezas que vendo son importadas y las compro a 60 pesos el dólar, pero las tengo que vender a 45”, contó Bruschi y remarcó que “no puedo vender así porque me descapitalizo pero no se cuánto voy a aguantar porque si no vendo no puedo pagar los sueldos”.
Para Iranzi el panorama es complejo en sus dos empresas. “Lo que estamos viendo es un estiramiento en la cadena de pagos, pasaron de 45 a 60 días y hasta a 90 días pero yo tengo que pagar los sueldos todos los meses”, señaló y agregó que “incluso hay suspensión de pagos porque llegó el mail de una empresa que nos avisa que no nos van a pagar hasta nuevo aviso”.
Y explicó que en su caso “en el alquiler de camionetas para transporte ya me han devuelto un par y eso es gente que pierde su trabajo en la empresa que me las alquilaba y trabajadores que se quedaron sin transporte”.
En tanto que en la firma elaboradora y procesadora de vegetales el panorama es aún peor. “Tengo a los 35 empleados en situación de despido inminente porque creo que después de 15 años voy a tener que cerrar”, señaló y agregó que “el último contrato que tenía para viandas lo dieron de baja ahora porque a los trabajadores les están dando viandas ‘low cost’, puro pan y nada de verduras”.
El panorama del sector de las subcontratistas es muy malo. Martin ya analiza suspender a un 30% de los 35 trabajadores que tiene, Iranzi está muy cerca de cerrar la fábrica dado que ya ni puede pagar la luz y dejar 30 empleados en la calle, en tanto que Aldo saca cuentas y se lamenta de la suerte de sus 15 empleados porque “en 20 años nunca había echado a nadie”.
“La variable de ajuste somos las pymes, somos el cordero del sacrificio que hicieron con la gallina de oro que era Vaca Muerta”, indicó Iranzi y agregó que “esto va a terminar en un quebranto masivo de pymes porque el que trabaja se funde y no hay financiamiento posible”.
El congelamiento en el precio del precio del barril y de los combustibles cayó como un balde de agua fría para toda la cadena de valor de la industria hidrocarburífera. A priori el golpe más fuerte se lo llevaron las operadoras y las empresas de servicio grandes, pero -ante la negativa de Nación de dar marcha atrás con el Decreto 566- trasladaron el impacto a las pymes locales.
En diálogo con Energía On, desde la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) manifestaron que algunas de las empresas que agrupan fueron notificadas mediante una circular que las consecuencias del congelamiento iban a ser “trasladadas” al resto de la cadena de valor.
La federación representa a tres cámaras del sector que agrupa alrededor de 400 empresas asociadas y tienen aproximadamente 12.000 empleados en total. “Nosotros pensamos que de alguna medida esto es un abuso de posición dominante porque resulta imposible para una pyme cuestionar desde el punto de vista legal este tipo de medidas”, indicó el secretario de la Fecene, Edgardo Phielipp.
Lo concreto es que el Decreto 566 afectó al precio y al hacer eso tiene un impacto en la cadena de valor esté dolarizada o no. Vale recordar que la semana pasada la compañía de mayoría estatal YPF anunció la pesificación de los contratos con sus proveedores. Si bien fue la única, es la empresa que representa buena parte de la actividad del sector.
El traslado a la cadena fue tal que en algunos casos se modificaron facturas “a percibir” además de trabajos a realizar. Phielipp expresó que se trata de un tema “muy grave” porque puede provocar algún tipo de crisis en el sector pyme y anticipó que, de continuar, puede tener consecuencias sobre el empleo.
Si bien aclararon desde Fecene que “no están en contra” del congelamiento del precio de venta de los combustibles para los usuarios, señalan que la medida a tomar debe ser consensuada con toda la cadena de valor. “Si no es así, se afecta la estabilidad jurídica que es fundamental en esta industria. La actividad cae y cualquier inversión a largo plazo no se hace si no tiene estabilidad de este tipo”, aseguró Phielipp.
La pregunta que se instaló en el sector desde el día que se oficializaron las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri es: ¿Qué va a pasar el día 91? La pregunta aún no tiene más que especulaciones, pero en su mayoría no anticipan un panorama de inmediata recuperación del sector.
Para la Fecene el sendero de precios que planteó el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez a Nación es el camino que se debería seguir. Y es que de esa manera se “eliminarían las consecuencias” del día 91.
Según las operadoras que consultó este medio, coincidieron que el principal problema que enfrentan es la relación con sus inversores. Y es que, si para ellos el escenario no es competitivo, llevan sus millonarias inversiones a otra parte del mundo.
