El país será el anfitrión de la Conferencia sobre Cambio Climático, pero su Gobierno ha dado 20 años de plazo para que las principales emisoras de CO2 dejen de funcionar.
Estamos siendo testigos de un momento histórico para nuestro país, y especialmente para el sector energético, por la salida del sistema eléctrico de las primeras centrales a carbón”. La entonces ministra de Energía de Chile, Susana Jiménez, anunciaba a principios de junio el cierre de las dos primeras termoeléctricas a carbón de Chile. Ambas con 59 años de antigüedad, producían energía desde Tocopilla, una ciudad ubicada al norte de Chile, en la región de Antofagasta.
“El plan de descarbonización es un compromiso responsable en que reducimos de manera importante los contaminantes locales y las emisiones de efecto de gas invernadero, pero resguardando la seguridad del sistema y los precios de la energía”, dijo la titular de Energía.
El anuncio de Jiménez fue el primer paso del plan de descarbonización de la matriz energética que el presidente Sebastián Piñera había hecho público pocos días antes con bombos y platillos, en plena preparación de la 25ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que acogerá Chile el próximo mes de diciembre.
La estrategia del gobierno chileno –bautizada como “Energía Zero Carbón”– pasa por retirar las ocho centrales a carbón más antiguas del sistema en los próximos cinco años, y erradicar definitivamente las restantes para 2040 hasta llegar a la neutralidad de carbono (o huella de carbono cero) en 2050.
Retirar las ocho centrales a carbón más antiguas del sistema en los próximos cinco años
En el sistema eléctrico chileno existen actualmente 28 centrales termoeléctricas a carbón que generan aproximadamente el 40% de la electricidad del país. Según el informe “Matriz eléctrica y generación a carbón en Chile”, elaborado por la organización Chile Sustentable, el 90% de las emisiones de CO2 del parque eléctrico son producidas por las centrales que funcionan con este combustible fósil. Las 28 se reparten entre seis localidades del país, la mayoría de ellas ubicadas en las zonas nortinas, aunque un par de ellas se encuentran en el área central y otra en el sur.
Pese a los intentos del Ejecutivo para presentar su plan como un gran avance en materia medioambiental acorde con las exigencias que supone ser el país anfitrión de la COP25, la propuesta no quedó al margen de reproches y controversias.
Varias organizaciones criticaron el programa por considerarlo poco comprometido con la reducción de emisiones e incluso el exministro de Energía Máximo Pacheco lo calificó de lento y poco “ambicioso”. Un resultado que fue fruto del acuerdo entre el gobierno y las cuatro empresas eléctricas que operan las distintas centrales del país –las multinacionales AES Gener, Engie y Enel, y la chilena Colbún– en el marco de una mesa voluntaria para establecer un calendario de retiro paulatino de las centrales a carbón.
Los ambientalistas también observan con preocupación las incongruencias con algunos compromisos internacionales
Sin embargo, activistas y expertos ponen en duda que exista una voluntad real para cerrar definitivamente las termoeléctricas, mientras no se establezca un calendario para acabar con la totalidad de las centrales a carbón. “Se dio libertad de cada una de las empresas para proponer su cronograma y se dejó en un abismo gigantesco a las otras 20 [termoeléctricas] porque no se quiso calendarizar más allá de los primeros ocho cierres”, lamenta el economista Gary González, responsable de área de Energía de la Fundación Terram. Se quejan de los pocos avances para instalar una nueva matriz energética basada en la generación de energías limpias y renovables como la solar, eólica o geotérmica.
González pone como ejemplo la jugada de la francesa Engie, que mientras anunciaba el cierre de las dos termoeléctricas a carbón de Tocopilla de 170 MW de potencia instalada en conjunto, comenzaba con las pruebas de una nueva central a carbón de 375 MW de potencia instalada en la ciudad de Mejillones. “Se están sacando centrales simplemente porque ya están casi en desuso, se prenden poco en el año o no son tan necesarias. La decisión se dejó a manes del libre mercado, pero no se descarboniza por una cuestión de salud de las personas y del planeta”, apunta el experto.
Aunque el cierre de las ocho termoeléctricas significará una reducción de casi el 20% del parque generador a carbón, los ambientalistas también observan con preocupación las incongruencias con algunos compromisos internacionales. El Informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2018 indica que para el año 2030 deberíamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad y el consumo total de carbón, por lo menos, en dos tercios.
La lentitud con la que correrá el plan de Piñera es especialmente alarmante para los vecinos y vecinas de la zona de Quintero y Puchuncaví, dos municipios ubicados al norte de la región de Valparaíso, a poco más de 150 kilómetros de la capital. Allí, en la bahía del complejo industrial más grande de la zona, donde operan 19 empresas, hace justo un año se abrió una grave crisis ambiental por la presencia de compuestos químicos en el aire. Desde el 21 de agosto de 2018 hasta finales del mismo año, los centros de salud de ambas ciudades recibieron 1.800 consultas de personas que presentaban síntomas de intoxicación. La emergencia provocó el cierre de escuelas y la declaración del estado de “alerta sanitaria”.
Los centros de salud de dos ciudades recibieron 1.800 consultas de personas que presentaban síntomas de intoxicación
En Puchuncaví se emplazan cuatro de las termoeléctricas que funcionan a carbón: Ventanas I y Ventanas II, Nueva Ventanas y Campiche. Las dos primeras tienen 55 y 42 años de antigüedad, respectivamente, y –según el plan del gobierno– su cierre está previsto para 2022, la primera, y para 2024, la segunda. Para la comunidad este calendario perpetúa la llamada “zona de sacrificio”, tal y como se conocen en Chile los lugares expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de elementos imprescindibles para la vida como el agua o el aire.
“Es una aberración”, exclama Marta Aravena, integrante de la organización Mujeres de la Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero-Puchuncaví. “Ya encontrábamos que era mucho tiempo cuando se hablaba de límite en 2030 y, sin embargo, el presidente Piñera lo alarga hasta 2040”, replica.
El 28 de mayo la Corte Suprema falló a favor de distintas organizaciones medioambientales y locales que habían presentado un recurso en contra de una docena de industrias altamente contaminantes de la zona. La justicia reconoció que los episodios de contaminación en el complejo industrial afectaron los derechos de los habitantes de la zona y ordenó al Estado tomar medidas al respecto, como realizar estudios sobre la composición de los gases que se emiten en la bahía; regular las emisiones contaminantes y reducirlas acorde a la normativa vigente; o elaborar estudios sobre las enfermedades detectadas en la comunidad.
La activista critica que, tras las advertencias del tribunal, el mandatario chileno “no haga ningún gesto por cuidar la salud de la gente ni del planeta”. Ante la falta de voluntad política de los diferentes gobiernos de turno para dar soluciones reales a este tema, Aravena apuesta por llevar las denuncias de los vecinos ante instancias internacionales. Ya lo hicieron en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la COP25, a la que se espera que asistan más de 25.000 personas y representantes de 197 países, podrá ser una nueva oportunidad para que se escuche su voz.
