El caso del proyecto minero portuario Dominga está a días de volver a ubicarse en el centro de la atención mediática. Es que a cinco meses de las audiencias por los recursos de casación presentados ante la Corte Suprema, se calcula que el máximo tribunal estaría ad portas de dar a conocer su fallo respecto a la polémica iniciativa que se ubicaría en la comuna de La Higuera, Coquimbo.
Así, en la recta final de la espera, fuentes al interior de la empresa dueña del proyecto, Andes Iron, confirmaron a Emol que “hay mucha expectación” y que “obviamente esperamos un fallo favorable que ratifique la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Eso sería el ideal para Dominga”.
Por su parte, Ezio Costa, el abogado representante de Oceana -una de las ONG que se ha mostrado abiertamente en contra del proyecto y que presentó uno de los seis recursos de casación en contra de lo decidido por el Tribunal de Antofagasta- insistió en que “la sentencia del tribunal tiene falencias notorias y creemos que la Suprema va a modificar la sentencia manteniendo el rechazo a Dominga como debe ser”.
Sin embargo, para entender qué es lo que está juzgando el máximo tribunal y los escenarios que podrían darse con su sentencia, es necesario recordar la serie de episodios del caso Dominga, los que provocaron, entre otras cosas, la salida del equipo económico del Gobierno de Michelle Bachelet.
En marzo de 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, integrada por 10 Seremis, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Intendencia, rechazó la construcción del proyecto minero portuario que tendría por ubicación la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo.
La votación tuvo un empate de seis votos por lado y fue el intendente Claudio Ibáñez quien tuvo que tomar la decisión final. La empresa apeló apuntando no a los temas ambientales, sino que al “actuar desapegado a la ley de los seremis que rechazaron la iniciativa al no fundamentar su voto en aspectos técnicos”.
Así, el caso pasó al Comité de Ministros, el cual mantuvo el rechazo al proyecto gracias a los votos de los Ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, mientras que Minería y Energía votaron a favor de su construcción.
Fue precisamente por estas dos votaciones -la de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y la del Comité de Ministros- que Andes Iron escaló su caso hasta el Tribunal Ambiental de Antofagasta presentando un recurso de reclamación en noviembre de 2017.
¿El objetivo? Revertir ambos procesos, los que, a juicio de la empresa, no se ajustaron a derecho. A fines de abril de 2018, el Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor del proyecto y se ordenó retrotraer el procedimiento hasta la votación de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo argumentando que los rechazos no se habían dado cumpliendo las formalidades necesarias. Ante el nuevo escenario, los detractores de la mina a rajo abierto llegaron hasta la Corte Suprema con el objetivo de que el máximo tribunal deje sin efecto la resolución del Tribunal Ambiental y se confirme el rechazo a Dominga.
Desde las partes involucradas, la empresa y los opositores a la iniciativa, confirmaron a Emol que son tres los posibles escenarios que podría desencadenar la Suprema al momento de emitir su fallo.
El primero, es que la Corte acoja los alegatos de los detractores y anule el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta, con lo cual el proyecto se mantendría rechazado y sería, por ahora, el fin de Dominga.
De todas formas, el abogado de Oceana y también director ejecutivo de FIMA explicó que “eso no implica que los dueños de las pertenencias mineras puedan presentar de nuevo otro proyecto para explotar mineral, pero tendrían que empezar de cero y, obvio, tendrían que enfocarse en los estudios de impacto ambiental, que son los que en Dominga tienen información deficiente”.
Sin embargo, desde la empresa defienden los estudios medioambientales del proyecto, “porque sabemos que es una zona delicada”. Lo anterior, ya que el terminal de embarque portuario de Dominga y su planta desalinizadora se ubicaría a sólo 30 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, zona mundialmente conocida por su biodiversidad y riqueza ecológica única en el planeta
Así, la segunda posibilidad es que el máximo tribunal rechace los recursos de casación y respalde lo decidido por el Tribunal de Antofagasta. En ese caso, el proceso comenzará de nuevo desde la votación de la Comisión de Coquimbo, lo cual, de no satisfacer a alguna de las partes, podría volver a escalar hasta el Comité de Ministros, el Tribunal Ambiental y la Suprema.
Por último, aunque menos factible según las partes, existe la posibilidad de que la Corte Suprema rechace los alegatos de los opositores, pero genere una sentencia nueva, diferente a la hecha por el Tribunal Ambiental de Antofagasta, publicó Pulso.
Es importante señalar que, de acuerdo a información oficial, Dominga no es el único proyecto minero que se estaría proyectando en la zona, pues existen otras iniciativas mineras en el sector de La Higuera. En una gira a Canadá, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, presentó el libro “Chile, país de oportunidades en inversión y desarrollo”, que revela que actualmente hay seis proyectos mineros en exploración en Chile.
Y más aún, dos de ellos se ubican muy cerca de donde Dominga estaría emplazado, lo que revela el potencial minero del área comprendida entre La Higuera y Vallenar. Una de las iniciativas es Praga, ligado a CAP Minería. El alcance del terreno son 1.000 hectáreas, su acceso se ubicaría a 60 kilómetros al sur de Vallenar y a 90 al norte de La Serena, mientras que el tipo de depósito que exploran es Pórfido de Cu (Au-Mo).
Entre los comentarios del proyecto, señalan que la iniciativa minera presenta “oportunidad para desarrollar un proyecto con potencial de entregar flujo de caja en horizonte razonable, ubicado en una jurisdicción con infraestructura y entorno amigable para la explotación minera.
Presenta cercanía al océano, excelente acceso a caminos y red eléctrica, además de baja altitud”. El otro proyecto es Cerro Cóndor, también ligado a CAP Minería.
Su acceso se ubicaría a 176 kilómetros al norte de la ciudad de La Serena, en el límite entre las regiones de Atacama y Coquimbo.
Los detalles del acuerdo marco entre La Higuera y Dominga Desde la Mesa Comunal de La Higuera anunciaron que, en medio de la espera del fallo, renovaron la renovación de la directiva. Asimismo, recordaron lo que contempla el acuerdo marco con la empresa. Así, señalaron que este es resultado de un diálogo iniciado en marzo del 2015 en donde se comprometen a trabajar juntos para crear valor compartido en la comuna.
Para esto, Dominga proporcionaraía un recurso económico proveniente de las ganancias de la explotación del mineral. Según lo estipulado, el monto anual se expresará en Unidades de Fomento (UF), y se calculará de acuerdo al precio internacional del hierro, con un valor mínimo y un valor máximo.
Es decir, la comunidad de La Higuera recibirá un monto que variará aproximadamente entre los $1.341 y los $2.683 millones al año. Con esos recursos, se pondrían en marcha los tres primeros proyectos de desarrollo ya comprometidos de manera colectiva, entre ellos, un proyecto de gestión hídrica integrada, uno de educación, capacitación y empleo, y otro de apoyo a sectores productivos, publicó El Día.
Consultado por la situación, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, confirmó a Emol que desde su cartera están pendientes del tema y que él mismo se ha reunido con el alcalde de La Higuera y las comunidades de la zona, por lo que ha visto cómo algunos están en contra y otros a favor del proyecto.
Así, el exparlamentario por la región de Atacama enfatizó que “en Chile existe una institucionalidad sólida y que cualquiera de los pasos que se den, deben dar seguridad y certeza no solo a la inversión, sino también al cuidado del medio ambiente. Cualquier fallo que salga de la Corte Suprema lo vamos a respetar y vamos a hacer todo lo posible para que se cumplan estos dos objetivos”.
Consultado por la situación en la que quedaría el Gobierno en caso de que el fallo fuera a favor de Dominga y considerando que Chile será sede de la COP25 en diciembre, el ministro indicó que “todos tenemos opiniones en esa materia y el Gobierno del presidente Piñera no está disponible a apoyar proyectos que no hayan pasado por al legislación vigente y la institucionalidad”. “Por lo tanto, si la institucionalidad que tiene Chile determina que el proyecto A, B o C no se puede hacer porque daña el medio ambiente, ese proyecto no se hace.
Por el contrario, si se determina que es un proyecto que respeta el miedo ambiente, a mí me parece que nadie puede excluirse de respetar los fallos de los tribunales. Nosotros, como Gobierno, tampoco”.
Y concluyó: “Las empresas, los medioambientalistas, los pescadores, los agricultores, los pueblos originarios, todos tenemos que respetar la institucionalidad, porque cuando se rompe, se puede romper por cualquiera de los dos lados”.
