Isolux Corsán, una de las primeras empresas señaladas en los cuadernos de las coimas , es investigada por una supuesta deuda con el Estado de por lo menos $300 millones por impuestos impagos. La AFIP denunció a la firma española por evasión agravada mediante la utilización de facturas apócrifas entre 2012 y 2016, según un informe al que accedió LA NACION.
El organismo tributario sostiene que Isolux, la empresa que construyó la Central Termoeléctrica de Río Turbio, utilizó facturas apócrifas por casi $500 millones en ese período, según consta en la documentación oficial. Esa metodología les permitió -según la AFIP- evadir $102 millones por el impuesto al valor agregado (IVA) más otros $202 millones correspondientes al impuesto a las ganancias.
Las empresas acusadas de haberle provisto facturas apócrifas a Isolux son GVA SA, Juan Antonio Blúa, Agrovial Construcciones SRL, Prosetec SRL y Termipol, todas supuestas proveedoras de la empresa española en la construcción de la Central de Río Turbio, en Santa Cruz. La AFIP detectó además distintas irregularidades en estas usinas de facturas truchas que motivó, a instancias del fiscal Emilio Guerberoff, el allanamiento de domicilios de la empresa en Buenos Aires y en Santa Cruz.
En los papeles, Isolux había contratado a GVA por servicios de mano de obra para la construcción por más de $85 millones, pero la AFIP asegura que esta sociedad no tenía bienes registrables, nunca presentó declaraciones juradas, realizó constantes cambios de domicilio y en su constitución formal intervino un director titular de la propia Isolux.
Más ejemplos: el proveedor Juan Antonio Blúa (que era empleado del Ministerio de Justicia) tuvo como único cliente a Isolux y le facturó unos $20 millones por mes; Agrovial Construcciones, además, le habría alquilado equipos a la firma española pero en sus declaraciones juradas cuenta con bienes de uso por apenas 9000 pesos, siempre según la AFIP.
Desde el entorno de los empresarios imputados rechazaron cualquier tipo de irregularidad, aseguran que la causa avanza en la Justicia por cuestiones políticas y adelantaron que presentarán peritajes para demostrar que las empresas señaladas efectivamente le brindaron servicios a Isolux.
La AFIP presentará en las próximas semanas un informe detallado con los montos actualizados de la deuda de Isolux, que incluye una actualización de los impuestos adeudados hasta la actualidad, informaron fuentes judiciales. Ese informe del organismo tributario le daría un nuevo impulso a la investigación.
El principal imputado del caso es el entonces CEO de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea, el primer arrepentido de los cuadernos de las coimas, quien estuvo al frente de la compañía en la Argentina hasta principios de 2017. La Unidad de Información Financiera pidió además que se investigue al empresario por una cuenta millonaria en el exterior a su nombre.
La causa por la supuesta deuda tributaria de Isolux que tramita en el fuero penal económico fue pedida por el juez Claudio Bonadio para estudiar su vinculación con cuadernos, pero finalmente no será absorbida por Comodoro Py. La Justicia en lo Penal Económico investiga puntualmente la evasión agravada de las sociedades involucradas y de sus principales ejecutivos. Los investigadores, sin embargo, no descartan que entre esos $500 millones de facturas apócrifas se hayan camuflado los sobornos que les pagaron a funcionarios kirchneristas.
Isolux desembolsó US$12,6 millones como pago de sobornos durante esos años, según los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno. Esos sobornos, que se habrían pagado durante más de diez años, tienen sus correlato en proyectos de obra pública: el Estado le adjudicó contratos por unos US$6000 millones para realizar, por lo menos, 15 obras públicas.
