Con el fin de la feria judicial y la ronda de indagatorias concluidas, el juez Claudio Bonadio decidirá la situación procesal de los investigados en el caso de los sobreprecios en la usina de Río Turbio. Están imputados Julio De Vido, Roberto Baratta y el secretario de Minería Jorge Mayoral, el gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, el empresario Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Ernesto Maxit de la misma empresa y Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT), entre otros.

Todos declararon en plena feria, y podrían sumar un procesamiento en este expediente tras los resultados de in peritaje sobre los costos de la obra energética que nunca se concluyó.

 La causa tuvo sus vericuetos judiciales, ya que el juez Bonadio sobreseyó a los acusados pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez reclamó su apertura y la Cámara porteña hizo lugar. Ante esta circunstancia, el magistrado ordenó realizar una pericia para determinar si efectivamente hubo sobreprecios en la obra que prometía generar 240 MW.

Por ello, se ordenó un informe pericial que contraste con el de la Sindicatura general de la Nación (SIGEN), que fijó un sobreprecio de más del 90% en la obra adjudicada a Isolux Corsán. Esta obra es parte de los fondos que Planificación Federal destinó para la modernización y puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) responsable de abastecer de carbón a la Usina que nunca se terminó.

Según la SIGEN, la obra modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a 1.631.355.105 dólares, cuando había sido adjudicada por 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original. "Nos encontramos con procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad”, lo que “ocasionó un dispendio de recursos en perjuicio del erario público”.

El informe pericial al que accedió Clarín confirmó las sospechas: “La oferta realizada por la UTE quien fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 equivalente a 2.662 millones de pesos. Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a Isolux Corsán en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a U$S 1.726.251.982”, explicita el documento oficial.

Los números podrían complicar a los ex funcionarios y empresarios involucrados en esta causa, y según pudo saber Clarín habrá novedades en el expediente en los próximos días.

El valor del sobreprecio arrojado por los peritos es incluso superior al que había determinado la SIGEN. Al momento de sustentar las responsabilidades y detenciones, Marijuan indicó quehubo “ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en la licitación”.

El fiscal de la causa, Guillermo Marijuan, determinó que dichas irregularidades “permiten sospechar” que el gobierno de Cristina Kirchner “buscó beneficiar a Isolux Corsán”.

En consecuencia, acusó a De Vido, Baratta, Peralta y demás investigados, no sólo de proceder coordinadamente para "desviar el interés público generando un perjuicio millonario a las arcas del Estado y el consecuente beneficio económico ilegal de quienes gozaron de las prerrogativas otorgadas por fuera de los canales lícitos que regular las contrataciones de obra pública".

En este contexto, el fiscal había solicitado la indagatoria y prisión preventiva de Julio De Vido (preso por defraudación), Roberto Baratta (preso en la causa de los cuadernos), Jorge Mayoral (ex secretario de Minería), el ex gobernador Daniel Peralta y ex interventor de YCRT, Rolando Aramini Atanasio Pérez Osuna, , Miguel Ángel Larregina, Néstor Prades y los ex responsables de Isolux Ernesto Maxit y Juan Carlos De Goycochea (excarcelado en la causa de los cuadernos).

El juez Bonadio hizo lugar sólo al llamado a indagatorias, pero se efectuaron sin prisión preventiva.

La ronda de declaraciones, concluyó el 11 de enero con Daniel Peralta.

La investigación por la Usina de Río Turbio se inició por una denuncia del entonces diputado Juan Carlos Morán, sobre la construcción de la Central Termoeléctrica, a cargo de la firma española Isolux Corsán. La principal sospecha era la comisión de fraude en perjuicio del “patrimonio nacional y contra la salud pública”, consignando que el costo de la obra “superaría en un 174% el pagado en Chile por una central de similares condiciones”.

En su momento, el juez ordenó realizar una pericia sobre los costos a nivel mundial en aquella época de las centrales termoeléctricas. Dicho peritaje respecto a la contratación y construcción, y si la misma había implicado un perjuicio al erario público, concluyó que “no se verificaron los denunciados sobreprecios y que el valor por el cual se llevara a cabo la contratación era correcto, ni tampoco existía afectación ambiental alguna al momento de lo resuelto”. Por ello, se sobreseyó a De Vido, al ex gobernador Daniel Peralta y a otros ex funcionarios santacruceños.