A la par de un precio del oro en alza, se ha disparado una epidemia de minería ilegal en la Amazonía que pone en peligro a territorios indígenas y otras tierras protegidas en la selva tropical más grande del mundo, según alerta un nuevo estudio publicado por un grupo de organizaciones medioambientales.
Los investigadores analizaron datos de seis países en la región amazónica e identificaron 2312 sitios ilegales mineros y 245 áreas de gran escala donde los mineros tienen infraestructura sofisticada para la que han talado bosques y han contaminado ríos con mercurio; usualmente dragan esa área en busca de oro y para extraer diamantes o coltan, utilizado para fabricar dispositivos.
“El problema nunca ha sido peor en la historia”, dijo Alicia Rolla, una de las coordinadoras de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, o RAISG. “Queríamos darle visibilidad a un tema enorme que traspasa fronteras”.
El reporte fue hecho a partir de la compilación de datos de socios locales de la red, de reportes noticiosos y de investigaciones por parte de ocho grupos ambientalistas apartidistas que estudiaron imágenes satelitales, con el fin de hacer un mapa con los sitios mineros en Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.
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Cada sitio en ese mapa contiene detalles sobre qué material es minado ahí, al igual que sobre los impactos ambientales y sociales de las minas; por ejemplo, si el dragado afecta los ríos o qué contaminantes tóxicos terminan en las plantas, animales y personas. El reporte indica que Venezuela tiene más minas ilegales que cualquier otro de los países estudiados, seguido por Brasil y Ecuador.
Los investigadores esperan poder ejercer presión contra los gobiernos para que trabajen en conjunto para combatir la actividad criminal internacional.
“Cuando las autoridades brasileñas persiguen a los mineros, estos huyen hacia Venezuela y viceversa”, dijo Rolla. “Necesita haber cooperación intergubernamental”.
Sin embargo, la experta añadió que podría haber fuertes reveses tras la elección de Jair Bolsonaro, capitán del ejército con posturas de ultraderecha que ha prometido deshacerse de la supuesta “industria” de multar a empresas que violen la ley ambiental y a poner fin a la demarcación de tierras indígenas.
“Si hace todo lo que ha prometido hacer, las cosas empeorarán, no van a mejorar”, comentó Rolla. “Cuando empezamos a trabajar en el proyecto hace más de un año no nos imaginamos tal tragedia”.
Bolsonaro ha dejado en claro que favorece el permitir mayor actividad comercial en la Amazonía y que pretende reducir los presupuestos de agencias gubernamentales que monitorean y castigan la actividad ilegal en la zona.
“Donde hay tierra indígena”, dijo Bolsonaro en 2017, “hay riqueza debajo”
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Aunque el presidente electo de Brasil ha cedido en amenazas como la de eliminar el Ministerio de Medio Ambiente brasileño y la de retirarse del Acuerdo de París sobre combate al cambio climático. Sin embargo, su gobierno anunció que ya no será sede de la cumbre anual climática de la ONU en 2019, cuando Bolsonaro estará en el cargo.
El ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro será Ricardo de Aquino Salles, abogado que fue acusado por la procuraduría de alterar de manera ilegal mapas de impacto ambiental cuando era parte de la secretaría medioambiental del estado de São Paulo.
Los expertos dicen que la tala y las invasiones de tierras en la Amazonía brasileña se dispararon a la par que Bolsonaro mejoraba en las encuestas antes de la elección de octubre. Entre agosto de 2017 y julio de 2018, la deforestación aumentó 13,7 por ciento; es el mayor aumento en una década, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil.
“Fue una locura”, dijo Fany Ricardo, antropóloga del Instituto Socioambiental de Brasil, uno de los grupos que estuvo involucrado en la investigación. “Durante la campaña, las tasas de deforestación solo crecieron y crecieron, incluso en tierras indígenas donde está estrictamente prohibido. Ahora aún hay monitoreo; después será peor”, dijo, en referencia a posibles acciones del gobierno de Bolsonaro, que entra al poder el 1 de enero.
El mapa publicado por RAISG muestra que hay sitios de minería ilegal dentro de 37 territorios indígenas, dieciocho de ellos en Brasil, y que hay sitios cerca o alrededor de otros 78 territorios.
“Hay consecuencias muy serias”, dijo Ricardo. “Más allá de la contaminación, los mineros están muy cerca de las tribus aisladas, lo que sería una amenaza mortal en cuanto a posibles enfermedades y conflictos”.
La minería es ilegal dentro de los territorios indígenas en Brasil, pero en algunos casos las tribus la ignoran a cambio de recibir pagos. Los integrantes de RAISG esperan que exhibir hasta qué punto llega la actividad ilegal en la zona incentive a los gobiernos a respaldar maneras de generar ingresos que sean alternativos y sostenibles, como la recolección de frutas exóticas que atraen a compradores de altos niveles.
“Con el presidente electo, no sé si eso podrá suceder”, dijo Ricardo.
En el reporte de RAISG, los investigadores también incluyeron casos de estudio sobre el efecto que tiene el mercurio usado en la minería ilegal en las tribus indígenas y comunidades pesqueras aisladas.
La investigación destacó que en un muestreo de cabellos tomados de una comunidad donde abunda la minería ilegal, Aracaçá —ubicada en el territorio indígena yanomami, que está en zonas de Brasil y de Venezuela—, el 92 por ciento de las hebras tenían niveles altos de contaminación por mercurio.
El mapa también muestra que la minería ilegal usualmente sucede en conjunto con la legal.
Los investigadores esperan poder actualizar el mapa con más información; Rolla, la coordinadora de RAISG, indicó que la minería tiene muchas consecuencias sociales que requieren de más documentación.
“El problema no es solo la deforestación o la contaminación, sino un elemento social que incluye enfermedades, prostitución y desplazamientos”, indicó. “Lo que necesitamos es más monitoreo, no menos, y temo que suceda lo contrario”.
