Un llamado a revisar la regulación y las condiciones necesarias para expandir el sistema eléctrico nacional hizo este miércoles la Contraloría General de la República (CGR), al tiempo que reveló que 16 de 25 proyectos de transmisión de energía eléctrica presentan retrasos.

Según el organismo, que hizo un estudio sobre la política pública para este sector, existen varios factores que van en contra de la libre competencia en el mercado y otros que implican un riesgo patrimonial para el Estado.

Por un lado, la Controlaría considera que la obligación que actualmente tiene ISA (Interconexión Eléctrica S.A.) de presentar una oferta en todos los proyectos de expansión del sistema a los que convoca la Unidad de Planificación Minero Energética (UPME) pone a la empresa en desventaja frente a otros competidores.

La medida, dice la CGR, “va en contravía de la meta de tener un mercado en libre competencia, por lo que es necesario que la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) revise esta exigencia, ideada en un momento en el cual ISA era una empresa estatal, encargada de la expansión del sistema”, precisó El Espectador. 

ISA, recuerda el ente de control, “es una empresa democratizada, en la cual el Estado sólo conserva el 51,41% de su propiedad, mientras el resto de sus acciones están en cabeza de 29.272 accionistas, entre los cuales se encuentran Fondos de Pensiones que tienen invertidos allí los recursos de pensiones de miles de colombianos”.

Por otro lado, el análisis de la CGR da cuenta de lo inconveniente que puede resultar que los inversionistas asuman todos los riesgos de un proyecto, es decir, incluso los imprevisibles. La Contraloría pide aplicar el Conpes 3714, que establece que el traslado del riesgo no tiene “connotaciones infinitas”.

Dárselas puede acarrear un riesgo patrimonial para el Estado, pues “algunos inversionistas han presentado demandas contra la Nación y la UPME, pretendiendo cuantiosas indemnizaciones por circunstancias que se presentaron durante la ejecución de los proyectos y que, según los agentes del mercado, eran imprevisibles (no podían ser identificadas antes de la adjudicación)”.

En un sentido similar, el organismo de control advierte que es necesario que la Nación garantice “que los proyectos que propone para la expansión del sistema eléctrico sean técnica, económica y ambientalmente viables”. De lo contrario, podrían generarse sobrecostos que, además, podrían motivar demandas por parte de los inversionistas.

Lo anterior ocurriría en el caso de que las empresas se consideren afectadas por haber tenido que asumir mayores costos “porque los proyectos no eran ambiental, técnica y económicamente viables al momento de ser propuestos vía convocatoria”.

Finalmente, la CGR afirma que son 16 de 25 proyectos, propuestos entre 2010 y 2017, los que presentan retrasos. Entre ellos están proyectos como la subestación Norte 500 kV, del Grupo de Energía de Bogotá, y Katíos (entre Ituango y Medellín), de ISA.

“Pese a los esfuerzos de las autoridades que componen el sector eléctrico, en los proyectos de Transmisión en los últimos años se han presentado notables dificultades para los inversionistas adjudicatarios de las Convocatorias UPME, los cuales han acarreado mayores inversiones y retrasos en la fecha de entrada en operación, que han impactado el Sistema de Transmisión Nacional con restricciones”, concluyó la Contraloría.

FP