La junta de acreedores de la minera Doe Run Perú (DRP) aprobó hoy, por mayoría, la solicitud de adjudicación a sus trabajadores de los activos de esa empresa, que comprende el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera Cobriza (UMC), informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La decisión estableció que los acreedores laborales (trabajadores) tendrán un plazo de 30 días hábiles para pagar 139,3 millones de dólares y suscribir la respectiva escritura pública.

El MEM, que preside la junta, señaló que el liquidador de DRP comunicará en los próximos dos días al acreedor laboral su aprobación, así como el monto total de los conceptos preferentes a sus acreencias compensables a pagar.

Detalló que los valores de adjudicación son 70,6 millones de dólares para Cobriza, y 68,7 millones de dólares para La Oroya.

Agregó que el plazo para hacer el pago y suscribir la escritura se prolongará hasta el próximo 15 de junio, al incluir una posible prórroga.

Informó que “vencido el plazo sin que se haya cumplido con pagar el precio por la UMC o el CMLO, la adjudicación solicitada quedará sin efecto”.

El MEM también invocó a los acreedores laborales a respetar el derecho al trabajo en ambas unidades mineras, por lo que requirió el compromiso de los solicitantes “de respetar y renovar contratos a los trabajadores en caso se verifique la adjudicación el 15 de junio de 2018”.

Esto debe darse, agregó, “toda vez que una situación distinta podría hacer inviable la continuidad de las operaciones de los activos de DRP, en especial, de la UMC”.

La solicitud de los trabajadores fue aprobada hoy después de que no se presentaran postores a sendas rondas de remates de los activos de Doe Run Perú, en julio del 2017 y en marzo y abril de este año.

Al respecto, el asesor de los acreedores laborales de DRP, Juan Cangalaya, explicó hoy al portal de la revista Semana Económica que los trabajadores podrían disponer del 60 % de la deuda corriente laboral para pagar la mina Cobriza, y el 50 % de la deuda concursal para pagar por La Oroya.

Remarcó que, sin embargo, “las cantidades exactas” serán difundidas en la liquidación final programada para junio.

Doe Run, empresa del magnate estadounidense Ira Rennert, tiene unos 1.600 trabajadores en Perú y paralizó sus operaciones en 2009 aduciendo no tener suficientes recursos, tras ser acusada por las autoridades peruanas de incumplir con sus compromisos ambientales.

En abril de 2012 la minera fue declarada por sus acreedores en proceso de “liquidación en marcha”, ante la imposibilidad de aprobar el plan de reestructuración que presentó para volver a operar en el complejo metalúrgico de La Oroya.

La Corte Superior de Justicia de Lima determinó en agosto de 2014 que la empresa debía pagar al Estado peruano 163 millones de dólares por no haber construido una planta de ácido sulfúrico y el circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya, ciudad minera de los Andes, situada en el centro de Perú.