La petrolera estatal brasileña Petrobras informó que decidió solicitar un arbitraje internacional para intentar resolver los conflictos de sus distribuidoras de gas en Uruguay ante el fracaso de las negociaciones que intentó con el Gobierno uruguayo.
Petrobras informó en un comunicado divulgado en Brasil que aspira a que los árbitros internacionales ayuden a resolver el conflicto generado por el elevado precio que tiene que pagar por el gas argentino importado por Uruguay y que no puede repasar a sus clientes.
Petrobras es la controladora da la Distribuidora de Gas de Montevideo (DGM), de la que tiene un 100 % del capital, y de la igualmente distribuidora de gas Conecta., de la que tiene un 55 %.
La petrolera brasileña explicó en su nota que las condiciones que fueron establecidas cuando fueron firmadas las respectivas concesiones, en 1994 y en 1999, no perduraron por mucho tiempo debido a que Argentina, que es la única fuente del gas natural distribuido en Uruguay, elevó significativamente los precios del combustible.
"El precio del gas argentino que Uruguay importa fue multiplicado por ocho entre 2005 y 2015", alegó la estatal.
Según Petrobras, ese aumento provocó restricciones en el abastecimiento de gas en Uruguay y un fuerte desequilibrio financiero para las distribuidoras.
De acuerdo con la estatal, la empresa intentó resolver esos problemas en conversaciones que tuvo durante varios años con diferentes autoridades uruguayas pero no consiguió ningún resultado.
Agregó que los problemas se agravaron debido a la decisión del Gobierno uruguayo de cancelar el proyecto que tenía para poner a funcionar en 2015 una planta de regasificación en la zona portuaria de Montevideo que pudiese normalizar el abastecimiento.
"Las condiciones de oferta de gas a las distribuidoras en Uruguay empeoraron a partir de mayo de 2017. Quedaron más caras y los nuevos costos aún no fueron de debidamente repasados a las tarifas por el Estado uruguayo", según la nota de Petrobras.
De acuerdo con la estatal, ese agravamiento se produjo debido a que el regulador de los combustibles en Uruguay (Ancap) firmó un nuevo contrato que dejó como abastecedor exclusivo del gas en Uruguay a la estatal Energía Argentina (Enarsa).
La estatal agregó que, pese a que sus distribuidoras siguieron cumpliendo con todas sus obligaciones y mantuvieron la oferta a sus clientes, el Gobierno uruguayo decidió embolsarse en mayo la garantía bancaria por 3 millones de dólares depositada por la concesión de DGM, con el argumento de que la empresa "incumplió con el pago de parte del arrendamiento por el uso de los bienes concedidos".
Ello debido a que la subsidiaria de Petrobras, aunque mantuvo parte de los pagos por el arrendamiento, entró con un proceso administrativo para pedir que sea eliminada una parte con la que no está de acuerdo por considerar que "fueron incluidos de forma abusiva impuestos y regalías argentinas en el cálculo de cobro del gobierno uruguayo".
