La primera subasta de energías renovables del país, realizada a fines de 2016, superó las expectativas por las ofertas recibidas. El éxito responde en gran medida a la política energética que impulsa el Gobierno y a un contexto nacional que favorece las inversiones. PwC Argentina elaboró un documento que brinda información y asesoramiento para las empresas que aspiran a desarrollar proyectos de energías renovables en Argentina.
La producción de electricidad a través de fuentes de energía renovables ha sido declarada de interés nacional. Con la promulgación de la Ley 27.191, en octubre de 2015, se estableció que el 8% de la electricidad consumida a nivel nacional deberá ser generada por fuentes renovables para el 2018, objetivo que se incrementará al 20% para el 2025. Dado que actualmente las fuentes renovables representan el 2% de la matriz energética argentina, se deberán incorporar 10.000 MW y se requerirán fuertes inversiones para lograrlo.
PwC Argentina, en conjunto con PwC España y la Agencia Nacional de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, elaboró el documento “Energías Renovables en Argentina. Oportunidades en un nuevo contexto de negocios”, con el objeto de brindar información y asesoramiento para las empresas que aspiran a desarrollar proyectos de energías renovables en el país. “Hemos incluido los temas que consideramos más importantes para los potenciales inversores -explica Ezequiel Mirazón, socio líder de energía y minería de PwC Argentina-: por qué invertir en nuestro país, el contexto fiscal, cómo la Agencia Nacional de Inversiones los puede ayudar y qué deben tener en cuenta cuando desarrollen sus modelos de negocios”.
En mayo de 2016, el presidente Mauricio Macri lanzó el Plan RenovAr, un plan a diez años para atraer inversiones de US$ 15.000 millones en energías renovables. Como parte de este compromiso se ha realizado una primera subasta -patrocinada por el Banco Mundial- con varios participantes de relevancia y resultados alentadores: se recibieron ofertas por más de 6.200 MW, y se adjudicaron 59 proyectos por más de 2.400 MW (1473 MW de energía eólica y 916 MW de energía solar), con unas inversiones estimadas en USD 1.800 millones.
Las licitaciones adjudicadas en esta primera etapa sumarán 2,3 GW de fuentes renovables a la matriz energética, que unido a la capacidad instalada y otros adicionales permitirá cumplir con el objetivo del 8% fijado para 2018.
“Esto es solo el comienzo de un proceso de transformación de la matriz energética nacional -asegura Mirazón-. Argentina continuará con las licitaciones tanto en el 2017 como en los próximos años, lo cual ofrece oportunidades de negocios a distintas empresas de energía del mundo. El potencial que tiene nuestro país para el desarrollo de energías renovables no tiene techo dada la calidad de los vientos y la irradiación solar, lo cual nos brinda una ventaja diferencial importante”.
Se estima que, al final de este plan, Argentina tendrá una capacidad instalada de 1 a 2 GWH de energía solar y de 5 a 6 GWH de energía eólica, lo que hará que las energías renovables representen cerca del 20% del consumo eléctrico del país.
El desarrollo de la nueva capacidad renovable adjudicada en la primera licitación es mérito de una política energética cuyo diseño conjuga tres grandes directrices en energías renovables:
1) Seguridad de suministro. Los 2,3 GW de potencia renovable derivados de la subasta suponen un crecimiento del 7% sobre la capacidad instalada actualmente. Aprovechando los excelentes recursos del país, se espera que la generación de energía con base en tecnologías renovables contribuya en los intervalos de demanda máxima del sistema.
2) Cumplimiento de las metas de energía limpia. Los 2,3 GW adicionados en la subasta supondrán el 5,7% de la demanda de energía eléctrica a 2018, que unido a la capacidad instalada actualmente (0,8 GW) y 0,5 GW adicionales derivados de la resolución 202/16 permitirá cumplir con el objetivo del 8% fijado para ese año.
3) Competitividad económica. Los precios observados en esta primera licitación en Argentina son altamente competitivos comparados con aquellos registrados en países más avanzados en su desarrollo renovable, y con un marco macro normativo percibido como más confiable para los inversores.
Respecto de la propuesta nacional, Mirazón agrega: “El proceso de licitación fue simple, claro y transparente, comandado por un Gobierno que escuchó las necesidades de los inversores y que ofreció contratos de compra en dólares y a largo plazo. También fue muy importante el rol de la Agencia Nacional de Inversiones, que facilitó la presentación de propuestas y su consecuente adjudicación”.
El momento también coincide con niveles de inversión global en renovables sin precedentes. América Latina ha recibido un importante flujo, alcanzando los US$ 16.400 millones en el 2015 (60% eólica y 20% solar fotovoltaica). Si se analiza la evolución, mientras que entre 2004 y 2015 Latinoamérica multiplicó por 11 sus inversiones, el resto del mundo lo hizo por 6.
Para acompañar a las empresas que quieren invertir en Argentina, en febrero de 2016 se creó la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Su objetivo primordial es contribuir a la creación de empleo de calidad en el país, promoviendo la inversión y el comercio internacional.
Para alcanzar esta meta, la Agencia trabaja con todo el sector público y con sectores privados internacionales y locales, como grupos inversionistas y empresariales, o asociaciones y cámaras federales, entre otros. En términos generales, la Agencia diseña la estrategia de promoción de inversión y comercio internacional por sectores, y en coordinación con los ministerios y los gobiernos provinciales, desarrolla y ejecuta los programas y los planes de acción para llevar a cabo las operaciones de inversión y comercio internacional.
Respecto de las perspectivas para los negocios en Argentina, Mirazón destaca “el nuevo contexto político y económico que tiene el país desde fines de 2015, con el Gobierno trabajando en la reinserción del país en el mundo y tomando medidas para liberar e integrar su economía, tales como eliminaciones a las restricciones cambiarias, acuerdos con los holdouts, readecuación de las tarifas públicas y eliminaciones de limitaciones a las importaciones, entre otras”.
Para la mayoría de las compañías, el financiamiento es el principal desafío en proyectos de esta dimensión. Como parte de la Ley de Energías Renovables, el gobierno argentino creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), un fideicomiso administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina (BICE) que otorga garantías de pago para todos los contratos de compra de energía ofertados (PPA), además de proveer asistencia para el financiamiento de proyectos.
Los proyectos de energías renovables también pueden financiarse a través de la modalidad Project Finance, un mecanismo de financiamiento en el que se utilizan la deuda contraída y el capital invertido para financiar un proyecto de energía cuyo repago proviene del flujo de los fondos generados por el propio proyecto.
Por último, la financiación de los proyectos también puede provenir del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER). El financiamiento de PERMER proviene de una gran cantidad de fuentes, por ejemplo, préstamos del Banco Mundial, donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, fondos del Ministerio de Educación de Argentina, fondos provinciales y del sector privado.
La legislación relacionada con el plan RenovAr también incluye incentivos fiscales para las compañías que desarrollen obras de infraestructura, incluyendo bienes de capital, obras civiles, obras electromecánicas y de montaje y demás servicios, que sean parte de la nueva planta de generación de energía por medio de fuentes renovables, siempre y cuando comiencen a ser ejecutadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2017.
Los beneficios incluyen la depreciación acelerada, a los fines del impuesto a las ganancias; una prórroga de cinco años para computar pérdidas impositivas de proyectos bajo el régimen de promoción; el recupero anticipado del IVA pagado por la compra de nuevos activos u obras de infraestructura que no hayan sido compensados; la desgravación del impuesto a la ganancia mínima presunta durante ocho años para los activos involucrados; la desgravación de impuestos de importación y de otros impuestos relacionados para la importación de nuevos bienes incorporados al proyecto. Asimismo, se otorgaría un certificado de crédito fiscal para ser utilizado contra impuestos federales equivalente al 20% del monto de las compras de componentes nacionales para el proyecto.
