El Gobierno de Reino Unido anunció nuevas medidas destinadas a acelerar los trámites en la concesión de licencias regionales para la exploración de gas y petróleo de esquisto.
"Respaldamos el desarrollo seguro de gas de esquisto porque es bueno para los trabajadores y la seguridad financiera de sus familias, es bueno para nuestra seguridad energética y forma parte de nuestro plan para 'de-carbonizar' la economía", justificó la ministra.
Rubb defendió que Reino Unido "necesita un suministro energético propio y más seguro" que las importaciones de gas o crudo procedentes del extranjero.
De acuerdo con la política 'tory', el gas apresado entre rocas en el subsuelo, que únicamente puede liberarse con la polémica técnica del 'fracking', "debe formar parte" del objetivo gubernamental de diversificación de recursos, tanto en energía renovable como hidrocarburos.
Las nuevas medidas permitirán al Gobierno central intervenir directamente en la concesión de licencias cuando las autoridades locales y regionales alarguen el proceso de decisión más allá de las 16 semanas reglamentarias.
El Ejecutivo de David Cameron apuesta firmemente por la industria de la fracturación hidráulica y quiere impedir que los comunidades locales frenen los proyectos identificados en sus áreas.
El Gobierno se apoya en estimaciones oficiales que apuntan a la presencia de gas de esquisto en el norte de Inglaterra en cantidades suficientes para proveer, en el escenario más favorable, hasta el 40 por ciento del consumo previsto en 2030.
"Nuestra dependencia en importaciones caería al 34 por ciento, mientras que las proyecciones actuales de importaciones netas se elevan hasta el 75 por ciento en 2030", señalan datos publicados hoy por el ministerio de Energía y Cambio Climático.
Las primeras exploraciones, a cargo de la firma Cuadrilla, tuvieron que abortarse tras registrase temblores en un amplio perímetro en torno a los pozos en el condado de Lancashire.
Cuadrilla proyecta retornar a esta región del noroeste inglés, pero su solicitud para reanudar las perforaciones fue rechazada por las autoridades regionales el pasado junio.
La toma de decisión se prolongó cerca de un año debido al caudal de datos a analizar, las peticiones en contra de unos 50.000 ciudadanos y a una moratoria en el proceso solicitada por la propia compañía.
La autoridad de los Ayuntamientos quedará ahora relegada a la decisión del Gobierno central, según denunciaron ayer políticos y ecologistas.
