Desde lo alto, la Amazonía parece una enorme mesa de billar. Un perfecto verdor que se ve interrumpido por peladeros y lodazales color café claro, y casitas de techos azules. Son campamentos de minería ilegal de oro que están arrasando con este pulmón del mundo.
En una operación sin precedentes en Perú a mediados de julio se logró eliminar 55 de estas instalaciones en la zona de La Pampa, en la región de Madre de Dios, donde unas 60.000 hectáreas de selva han sido arrasadas por la minería.
"El pasivo en nuestros recursos naturales es incalculable (...) Cada hectárea perdida representa especies únicas de flora y fauna", dijo a la AFP el alto comisionado peruano contra la minería ilegal, Antonio Fernández Jeri.
El fenómeno, que en Perú tiene sus inicios en los años 1980, está extendido a lo largo de este bosque tropical en Sudamérica, considerado el más grande del mundo.
Según un estudio que la científica de la Universidad de Puerto Rico Nora Álvarez publicó en enero en revista Enviromental Research Letters, entre 2001 y 2013 se ha depredado 1.680 km2 de selva tropical, debido a la minería ilegal.
"Como ocurre con el narcotráfico, la minería ilegal tiene una gran magnitud. Para ello teníamos que buscar aliados estratégicos y lo hemos hecho. Tenemos una comisión técnica de trabajo con Ecuador, también con Bolivia y con Colombia. Nos falta cerrar el tema con Brasil", comentó Fernández Jeri.
En Brasil, donde la minería ilegal se presenta en nueve de sus 26 estados, la presidenta Dilma Rousseff se comprometió recientemente a lograr en 15 años la meta de deforestación cero, durante un encuentro con su homólogo estadounidense Barack Obama.
Brasil, Guyana, la Amazonía peruana y las márgenes de los ríos colombianos son apetecidos por esta actividad ilegal, que no sólo causa daños forestales sino sociales.
En la última operación de erradicación en Perú, las autoridades rescataron a 32 mujeres que habían llegado con engaños a trabajar en la actividad minera, pero que fueron obligadas a prostituirse.
En tanto, esta última semana, Perú y Brasil anunciaron una campaña para combatir el trabajo infantil en la Amazonía, donde menores son empleados en estas actividades mineras que contaminan con mercurio los suelos y las aguas que luego discurren hacia poblados.
"Por esta contaminación hay casos probados de infertilidad, problemas en la piel, estomacales", aseguró el peruano Fernández Jeri.
En un sobrevuelo a la reserva colombiana de Puinawai, en el departamento de Guianía, frontera con Brasil, el panorama es similar. Se han talado árboles y se ha arrasado la vegetación para remover la arena y extraer el oro.
Para obtener un gramo de ese metal, se requiere usar dos o tres de mercurio, vertido luego en los ríos.
Los mineros también obtienen arenas negras, necesarias para elaborar coltán o tungsteno, minerales estratégicos muy apetecidos en China y Estados Unidos, de los cuales Colombia tiene las mayores reservas mundiales, después del Congo y Venezuela.
En Perú, esta actividad ha causado que tribus indígenas no contactadas, como los Mashco Piro, vean destruido su hábitat, dejen su aislamiento y salgan a buscar comida, enfrentándose a la civilización a punta de arco y flecha.
En Bolivia, ha crecido la actividad minera en cooperativas, que si bien es formal en los aspectos laborales, muchas veces opera sin licencia ambiental, según un informe sobre la situación en Sudamérica de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
"La minería, sea ilegal o legal, genera impacto sobre el medio ambiente (...). El tema es que la minería ilegal termina de explotar un área y simplemente se va, y deja unos grandes pasivos que después seremos todos los colombianos los que tendremos que pagar", sostuvo Alvaro Pardo, director del centro de estudios mineros Colombia Puntomedio.
Sudamérica es un importante proveedor mundial de materias primas, base de gran parte de su economía, por lo que, según el peruano Fernández Jerí, no se trata de erradicar la minería ni eliminar puestos de trabajo.
"La minería de menor escala, como la llama el Banco Mundial, o minería artesanal, tiene que seguir existiendo, no se puede detener. Pero tiene que ser una actividad económica que sea de desarrollo sostenible y que no afecte a la salud ambiental", consideró.
En Perú ya se han presentado unas 60.000 solicitudes de legalización de la actividad minera, un tercio de ellas en Puerto Maldonado pero, según estimaciones oficiales, aún quedan 100.000 mineros ilegales destruyendo el ecosistema.
