Por: Gabriela Ceppi.

Las distribuidoras eléctricas dieron el sí, pero al parecer fue sólo para la foto. Esto porque negociaron con el Gobierno para congelar las tarifas y recibir fondos a través del Programa de Convergencia Tarifaria de Nación, cobraron parte de esos montos, pero igual presentaron reclamos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. En el máximo órgano de justicia de la provincia ingresaron desde abril, mes que se firmó el acuerdo hasta hoy, 4 reclamos pidiendo la inconstitucionalidad de ese pacto sellado entre Francisco Pérez y el ministro Julio De Vido.

Poco menos de dos meses se demoraron en elevar el reclamo judicial. Esto al mismo tiempo que tramitaban las obras que recibirían. Las empresas argumentan que necesitaban incrementos tarifarios para poder seguir prestando el servicio. Pero a su vez, para acceder, se les pidió que no tuviesen deudas y las que tenían, recibieron importantes beneficios para ponerse al día con Cammesa, la mayorista nacional.

El acuerdo para dejar congeladas las tarifas hasta el 31 de diciembre estuvo trabado un tiempo porque Edemsa debía $600 millones a la mayorista. Hizo un plan de pago y 5 meses después de la firma del programa de Convergencia Tarifaria se destrabaron los primeros desembolsos. Así, el 27 de agosto pasado recibieron los primeros 40 de los $200 millones con los que los compensarán. Mientras, el Gobierno debió sostener obras menores a través del Fondo Compensador y esto porque se demoraba el acuerdo macro.

Las causas

La primera en presentar acción de inconstitucionalidad fue la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz. Lo hizo el 8 de julio a través del expediente 89085, un mes y medio después de la firma del acuerdo sellado por el gobernador en Buenos Aires.

Ese mismo día la mayor distribuidora, Edemsa, hizo lo mismo y elevó el reclamo 113.309. Veinte días después presentó una acción de amparo para frenar el alcance del acuerdo, aunque no lo logró.

Edeste, la segunda en cantidad de usuarios en la provincia, hizo lo propio el 8 de julio y se trata del reclamo 113.323.

El último pedido de inconstitucionalidad lo presentó la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo a través del expediente 113325. Coincidentemente el mismo día que lo hicieron todas las anteriores.

El futuro

En el Gobierno siguen de cerca el caso pero aseguran que no temen una resolución contradictoria de la Suprema Corte de Justicia y confían en los términos del acuerdo firmado con Nación. De todas maneras no descartan el revés judicial que les abriría la puerta a las distribuidoras a reclamar resarcimientos económicos en el futuro.

De manera paralela se analiza el nuevo incremento tarifario que podría darles el Gobierno en 2015. Se aplicaría de manera escalonada y está hoy en estudio del Ministerio de Energía.

Las firmas ya recibieron una autorización de aumento por el 9 por ciento en 2012 y el 17 por ciento en 2013. Mientras que el acuerdo dejó congeladas las tarifas al 31 de diciembre de 2013 y por un año.

Por: Gabriela Ceppi.

Las distribuidoras ya fueron notificadas y el viernes 17 de octubre deberán enviar sus respuestas al Ejecutivo para que este avance en el llamado a audiencia pública. El tarifazo de la luz se vendrá desde el primer mes de 2015 porque se analiza darle a las distribuidoras hasta un 35 por ciento de aumento, de manera escalonada, a partir de enero.

El incremento de costos que muestran las empresas ya fue revisado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre) y también por el Ministerio de Energía. El miércoles 1 de octubre fueron notificadas las empresas, que pretendían un aumento mayor al que el Gobierno les propone y que fuese en una sola cuota para aplicar desde el 1 de enero próximo. Ellas pretendían un aumento de 50 por ciento, de alguna manera intentando recuperar el incremento de costos que se vio este año y que no se pudo aplicar por el Programa de Convergencia Tarifaria que dejó congeladas las tarifas hasta el 31 de diciembre.

Ahora tienen tiempo hasta el 17 de octubre para responder, y ese día, se le elevará el pedido al gobernador. Si Francisco Pérez autoriza, a partir del 15 de noviembre se podría realizar la audiencia pública. Si bien no es vinculante es un paso necesario para autorizar el aumento.

Pérez tiene tiempo hasta el 21 de octubre para notificar a las asociaciones de consumidores. La idea es que estos también puedan revisar el aumento de manera precisa.