El proceso para la importación de gas de Venezuela hacia Colombia habría iniciado en noviembre de 2022 cuando el vecino país autorizó a la empresa Prodata Energy, con sede en Caracas, realizar envíos a través de un gasoducto inactivo de 224 kilómetros, que se extiende desde los yacimientos de gas de la región occidental de Venezuela, hacia el nororiente de Colombia.

Sin embargo, el sábado 25 de marzo se conoció que este proceso se frenó. Esto porque la firma colombiana Energy Plus, socia de Prodata Energy en la importación de gas, emitiera un comunicado donde los accionistas decidieron no seguir con el proceso.

La razón para cancelar el proceso de una posible importación de gas fue el anuncio del fiscal general de Venezuela de imputar a Bernardo Arosio en las investigaciones que se adelantan en dicho país por casos de corrupción.

Es tan grande el escándalo de corrupción que se destapó en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que ni siquiera el presidente Nicolás Maduro y su gobierno pudieron hacerse los de la vista gorda.

Según la prensa internacional y académicos de ese país, la empresa tiene casi US$ 21.000 millones de cuentas por cobrar de barriles de petróleo que despachó y entregó entre 2019 y 2022 pero que siguen sin pagarse. Esa cifra equivale a casi al 86% del total de crudo que vendió el país vecino durante esos tres años.

De esos US$ 21.000 millones, al menos US$ 3.000 millones serían irrecuperables pues se esfumaron en transacciones en criptomonedas que son imposibles de rastrear.

La policía de ese país ha capturado desde hace poco más de una semana a 19 funcionarios y ex funcionarios —la mayoría de ellos leales y cercanos al chavismo— que estarían involucrados en el negocio que comenzó entre finales del 2018 y comienzos del 2019, usando como excusa las sanciones financieras que en ese entonces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impuso a Venezuela después de que Maduro se reeligiera ilegítimamente en mayo del 2018, según informó Vanguardia. 

Para ese entonces, Venezuela le vendía casi medio millón de barriles diarios de petróleo a Estados Unidos, pero como por las sanciones ya no podía comercializar su petróleo con refinerías de ese país y de otros que se sumaron a las medidas, PDVSA empezó a negociar con intermediarios que, con el supuesto propósito de hacerle el quite a las sanciones, le compraban el crudo y lo revendían en el mercado internacional.

Lo que la prensa independiente venezolana venía denunciando desde mediados del año pasado y que ahora confirma el mismo gobierno de Maduro, es que estos intermediarios —aliados económicos del chavismo— recibían el crudo venezolano, lo entregaban en las refinerías de Asia o Estados Unidos, lo cobraban, pero nunca le pagaban lo correspondiente al productor primario, PDVSA.

Además, hay graves denuncias sobre una figura que también se creó con la excusa de eludir las sanciones gringas que se llamó Petróleo por Compensación. Esta consistía en que PDVSA por medio de sus intermediarios vendía crudo a otros países y estos, en lugar de pagarle en los dólares correspondientes, enviaba a cambio ayuda humanitaria como alimentos, medicina o maquinaria.

Y a la fecha no se sabe a ciencia cierta cuánto crudo se vendió con este modelo ni si las ayudas humanitarias que llegaron sí eran equivalentes a lo que costaban los barriles.

LOS INTERMEDIARIOS
Roberto Déniz es un periodista venezolano que trabaja para el portal armando.info que desde hace más de un año viene alertando sobre este entramado de corrupción. A pesar de tener que vivir en el exilio desde el 2018, Déniz no ha dejado de seguirle la pista a quienes están detrás de estas empresas intermediarias que se han quedado con la principal fuente de ingresos del Estado venezolano.

Sus investigaciones han confirmado que efectivamente se trata de aliados del chavismo que crearon estas empresas fantasmas —pues solo existen en el papel— y las registraron en lugares como Hong Kong, Emiratos Árabes, Turquía o Panamá justo antes de empezar a comercializar crudo venezolano.

Entre las cabezas más visibles de esos intermediarios de papel aparecen dos colombianos: Álex Saab, capturado en junio del 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero, y su socio Álvaro Pulido Vargas, prófugo en Venezuela y por quien la justicia norteamericana ofrece una recompensa de diez millones de dólares.

MALA HORA DEL CRUDO VENEZOLANO
Rafael Quiroz Serrano es quizá la voz más autorizada para hablar de economía petrolera en Venezuela: ha publicado varios libros sobre el tema y es profesor de la Universidad Central, la más antigua del país. Cobra US$ 12 al mes. Para él, la mala hora del petróleo venezolano, y por ende de las finanzas del país, está lejos de terminar.

En Venezuela, donde se llegaron a producir más de tres millones de barriles diarios de petróleo, ahora con suerte se alcanzan los 800.000 (poco menos que la de Colombia que en febrero pasado fue de 759.900 barriles promedio día). Además, las más de 30 empresas petroleras transnacionales que hay actualmente en el país están de brazos cruzados esperando que el Estado les pague los miles de millones de dólares les deben.

Según Serrano, son varias las empresas que se han ido del país porque el gobierno no les cumple con su parte de inversión y las que quedan no se han ido porque están esperando que les paguen. En una situación así, dice él, es muy poco probable que nuevas empresas lleguen a invertir al país.

Esta situación, dice Quiroz, no está directamente relacionada con las sanciones gringas, sino que vienen desde hace varios años atrás: la producción petrolera en Venezuela viene en caída libre desde el 2005. Según él, uno de los más grandes problemas de la crisis petrolera de su país es que “han puesto a panaderos a hacer zapatos”.

Para la muestra, varios botones: Tarek El Aissami, ex ministro de Petróleos, es especialista en criminalística y Pedro Tellechea, presidente de PDVSA y su reemplazo en el ministerio, es un militar retirado.

Quiroz, además, desmiente un mito creado por Chávez de alcance casi universal: que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Según su estudio y sus investigaciones, la reserva venezolana es la novena del ranking, detrás de Arabia Saudita, Irak, Irán, Canadá, Rusia, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes.

ESTE CASO NO ES COMO LOS OTROS
A pesar de que casos de corrupción entre el chavismo y sus aliados económicos se volvieron un lugar común en la última década, este caso no parece ser como los otros. Por alguna razón que todavía está por descubrirse, el gobierno de Maduro ha decidido ir tras alfiles que lo habían acompañado fielmente durante años. Quizá el más poderoso de todos esos leales escuderos sea Tarek El Aissami, quien hasta el lunes de la semana pasada fue el ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela.

Aunque El Aissami no fue capturado como sí lo han sido la mayoría de los funcionarios más cercanos a su despacho, su dimisión deja ver las magnitudes de este caso de corrupción.

Este hombre de confianza del presidente Maduro —de origen sirio— llegó al ministerio de Petróleo en abril del 2020, pero había ido ganando poder dentro del chavismo desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, hasta hace ocho días, cuando publicó en su cuenta de Twitter que renunciaba a su cargo con el propósito de “apoyar, acompañar y respaldar”, las investigaciones sobre corrupción que señalaban a prácticamente todo su equipo de trabajo y que ya habían resultado en la captura de su mano derecha, el viceministro de Comercio y Suministros, el coronel Alberto Suárez Pérez.

Según detalló Vanguardia, El Aissami —de 48 años— llegó al chavismo cuando todavía era un estudiante de la Universidad de los Andes, en Mérida, donde se hizo cercano a Adán Chávez, hermano mayor de Hugo Rafael. De allí se graduó como abogado experto en criminalística.

Desde entonces, ha sido diputado a la Asamblea por el partido oficialista, ministro de Relaciones Interiores y gobernador del Estado de Aragua. Tras la muerte de Chávez y ya con Maduro en el poder, El Aissami ha sido vicepresidente, ministro de Industrias y, finalmente, ministro de Petróleo. Como si no fuera ya suficiente poder, no son pocas las voces que desde Venezuela aseguran que El Aissami era la ficha de Medio Oriente —gobiernos, dictadores y ejércitos extremistas— en el vecino país. Por El Aissami, la justicia de Estados Unidos ofrece una recompensa de $10 millones de dólares desde el 2019 por delitos asociados al narcotráfico.

¿Será capaz Maduro de enjuiciar a uno de sus funcionarios más poderosos? ¿El Aissami revelará secretos del chavismo si es condenado? ¿Por qué ahora el gobierno venezolano está investigando a quienes han sido sus aliados durante años? Son las preguntas que muchos se hacen en Venezuela. Las respuestas son variadas.

Para el periodista Déniz, esta sorpresiva reacción de Maduro tiene un propósito político y es que el gobierno necesita los dineros del petróleo, que es la principal fuente de ingresos del país, así como para las elecciones presidenciales que están programadas el próximo año.

Pero la versión que más ha ganado fuerza en los últimos días entre quienes cubren de cerca el ejecutivo venezolano —que allá también hace de legislativo y judicial— es que todo se trataría precisamente de un cambio en las dinámicas de poder en el gobierno de Maduro. De una vendetta, de una traición.

Al parecer, el poder desbordante de El Aissami ya tenía nerviosos a miembros de la cúpula chavista como la vicepresidenta actual, Delcy Rodríguez y Jorge, su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, quienes salen victoriosos de esta fumigación que todavía no termina pero cuyos efectos ya se sienten en Colombia.

SE CAE EL NEGOCIO
Como consecuencia de las investigaciones por el escándalo de corrupción al interior de PDVSA, un operativo de la policía anticorrupción del vecino país realizado en Caracas en días pasados arrojó como resultado la captura de un diputado y tres empresarios, entre ellos, Bernardo Arosio, uno de los socios de Prodata Energy, la empresa que sería la encargada de traer el gas natural desde el vecino país.

La detención del empresario echó por tierra el negocio que venían adelantando desde hace varias semanas con la empresa colombiana Integral Energy Plus para importar el combustible a Colombia.

Por esta razón, para evitar mayores dolores de cabeza, la administración de la compañía colombiana (con sede en Bogotá y dedicada al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos) decidió no continuar con el proceso y, así, aprobaron en una asamblea extraordinaria la disolución y liquidación inmediata de la sociedad que tenían.

“Si bien es cierto que Bernardo Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista uno de los accionistas de Integral Energy Plus hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia”, resalta un comunicado de la compañía colombiana.

De acuerdo al portal venezolano armando.info, aunque el nombre de la empresa Prodata Energy es relativamente nuevo en el mercado de hidrocarburos del vecino país, llama la atención que sus dueños son Bernardo Arosio, ligado inicialmente al sector de la construcción con ATB Constructores, y Jorge Miroslav Jara Salas, un ingeniero de origen peruano con un pasado petrolero en el vecino país por sus labores en la empresa Petroalianza contratista de PDVSA.

Pero lo más relevante del asunto, son los vínculos de Arosio con Walker International Dw-Llc, una intermediaria de PDVSA en la comercialización del crudo venezolano en los mercados internacionales. El líder empresarial es cercano al hoy exministro El Aissaimi, y es también conocido por moverse como pez en el agua en las altas esferas de la estatal petrolera venezolana.

De acuerdo a la agencia de noticias Bloomberg, Prodata Energy con sede en la capital Caracas, quedó autorizada para realizar los envíos a través del gasoducto inactivo Antonio Ricaurte, de 224 kilómetros, que se extiende desde los yacimientos de gas de la región occidental de Venezuela, cerca al Lago de Maracaibo, hasta la Estación Ballena, en La Guajira (Colombia).

Así mismo, el negocio consistía en traer hasta el territorio colombiano alrededor de 25 millones de pies cúbicos diarios del combustible, gracias al contrato que Prodata Energy suscribió con PDVSA en febrero de 2022 para desarrollar dicha operación de transporte por 30 años.

Sin embargo, y de acuerdo al comunicado de Integral Energy Plus, a la fecha no se había adelantado ningún contrato de venta de gas a Colombia, ni se había ejecutado el mencionado proyecto, toda vez que el mismo estaba sujeto al visto bueno de la Office of Sanctions Coordination del US. Department of State del gobierno de los Estados Unidos, conforme a la solicitud que se presentó en noviembre de 2022.

Además, el negocio de importación que ambas firmas venían explorando había generado algunas discrepancias en el sector de los hidrocarburos y analistas económicos del país, ya que consideraban que Colombia podría peder autosuficiencia energética.

Afirmaron que es un beneficio económico para el vecino país porque Colombia entraría a depender como casi único demandante de ese gas. Así, el país terminaría con una interdependencia energética con Caracas, porque si no se sigue explorando y aumentando el horizonte para superar los 10 años de reservas, no se tendrá el gas natural suficiente para atender la demanda interna.

Cabe traer a colación que el nombre de la empresa Prodata Energy es nueva en el mercado de hidrocarburos del vecino país, aunque su que hacer operacional lleva más de 50 años en este negocio, ya que antes la compañía se llamaba Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 con sede en el estado Zulia.

Además del cambio de nombre, que se hizo oficial en febrero de 2022, también se presentó un relevo de propietarios, directivos y de sede (al cambiar sus oficinas al Centro Lido en Caracas), justo días antes de obtener la nueva licencia de PDVSA para exportar el gas venezolano a Colombia.

La posible importación del combustible venezolano no solo era ventilado al otro lado de la frontera, también se hacía lo propio desde este lado.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), señaló hace un par de semanas que “lo que hemos leído es que Venezuela ya tiene armada una estructura del gusto del ministro Tareck El Aissami, a través de dos empresas una en el vecino país y otra en Colombia. Se ha tratado de evaluar esos riesgos y no está siendo fácil determinar si uno puede o no contratar con las empresas que mencionan los medios de comunicación”.

GAS DE VENEZUELA, OPCIÓN NADA CLARA
Analistas del sector consultados afirmaron que el tema de la importación de gas desde Venezuela no es clara.

“Se ve más como un tema de interés político que energético, pero es una alternativa más que el país puede explorar, pero lo importante es que sea con rigor técnico, económico y comercial”, dijo Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.

Por su parte, Inés Elvira Vesga, partner en Holland & Knight, resaltó que la construcción del gasoducto hacía parte de un plan de interconexión energética entre los dos países y se consideró estratégico para que Colombia tuviera una fuente de respaldo en caso de desabastecimiento.