El gobierno de Nicolás Maduro decidió pasar a manos privadas empresas elaboradoras de alimentos que había expropiado el ex presidente Hugo Chávez.

La agencia agrega que el gobierno busca pasar a manos privadas al menos 13 empresas de alimentos expropiadas bajo el mandato del exmilitar ya fallecido

La información que maneja la agencia de noticias precisa que se trata de un esfuerzo destinado a mejorar las operaciones que esas compañías sufrieron bajo la gestión del chavismo.

El economista Richard Obuchi, de la firma local ODH, indicó que con la crisis económica en Venezuela está cambiando el modelo de gestión para mejorar el ingreso o reducir el gasto público. Subrayó que el control gubernamental perdido sentido.

Reuters señaló que una de las empresas que tiene nueva dirección desde hace 3 meses es la Industria Venezolana Maicera Pronutricos. Sus plantas para procesar harina de maíz precocida son manejadas por la compañía regional Alimentos El Maizal.

Cambio de manos

Por su parte a mediados de febrero la agencia de noticias Bloomberg informó que el gobierno de Maduro, dejando a un lado el socialismo, traspasó empresas expropiadas -que estaban en la quiebra- a inversionistas privados. Esto a cambio de productos y un porcentaje de ganancia.

Indicó que entre las compañías figuran plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles. Aclaró que no las vendieron, sino que están operadas por privados bajo las llamadas alianzas estratégicas.

Chávez inició en 2007 una ola de nacionalizaciones que puso a cientos de empresas bajo control estatal en sectores descritos como "estratégicos", que iban desde operaciones de la industria petrolera hasta empresas agrícolas y empresas procesadoras de alimentos.

Agropatria, que vende semillas e insumos agrícolas, puso oficinas en dos estados bajo administración privada, según dos fuentes, quienes dijeron que la empresa aún tiene dificultades para entregar los productos que necesitan los productores. 

Cuatro ingenios azucareros ubicados en el corazón agrícola permanecen inactivos a pesar de haber tenido operaciones subcontratadas a empresas privadas.

Uno de ellos es el molino Pio Tamayo, que está bajo la administración de una firma llamada Consorcio Veinca desde el primer trimestre de 2021. Sus trabajadores se quejan de operaciones paralizadas y pago atrasados de salarios.