LUC COHEN Y MARIANNA PARRAGA

Con las sanciones de Estados Unidos asustando a los compradores de petróleo y privando al gobierno de efectivo, Venezuela firmó el año pasado un acuerdo con una empresa local para intercambiar crudo por alimentos, según fuentes y documentos a los que accedió Reuters.

Por ese acuerdo, la petrolera estatal PDVSA entregó desde diciembre de 2020 más de 6 millones de barriles de crudo por un valor de casi US$ 260 millones a una compañía llamada Supraquimic C.A, que suministraría alimentos para un programa gubernamental.

No obstante, el arreglo se derrumbó cuando PDVSA acusó a dos ejecutivos relacionados con Supraquimic por malversación de los ingresos, según los cargos penales presentados por los fiscales venezolanos a fines de marzo.

La versión de este acuerdo y su colapso está basado en decenas de páginas de documentos internos de PDVSA vistos por Reuters, documentos judiciales de fiscales y entrevistas con tres personas familiarizadas con la situación.

El caso ofrece una visión poco común sobre una de las maniobras diseñadas por el gobierno de Venezuela para continuar exportando crudo -la sangre vital de su dañada economía- a pesar de las sanciones de Estados Unidos.

Ni PDVSA ni los ministerios de Información o de Petróleo de Venezuela ni la Fiscalía General respondieron a las solicitudes de comentarios. El presidente Nicolás Maduro dice que las sanciones son ilegales y culpa a Washington y a sus oponentes políticos internos de los problemas del país.

El acuerdo es también un nuevo ejemplo de cómo Venezuela, aislada del sistema financiero mundial y corta en divisas tras años de declive económico, ha recurrido al trueque de crudo. Anteriormente había usado su petróleo para pagar deudas, comprar gasolina y adquirir camiones cisterna. Maduro incluso propuso usarlo para comprar vacunas contra el coronavirus.

Igual de importante fue que el acuerdo de Supraquimic proporcionó a PDVSA un nuevo cliente para su crudo. Desde que Estados Unidos incluyó a PDVSA en la lista negra a principios de 2019, muchos clientes importantes han dejado de comprar.

En su lugar, una serie de misteriosas empresas recién formadas y sin experiencia petrolera previa han surgido para comprar el petróleo de PDVSA, incluyendo compañías mexicanas y rusas anteriormente desconocidas.

Las compras de estos nuevos jugadores han permitido que las exportaciones de crudo de Venezuela escalen bruscamente este año, según muestran los datos internos de envío de PDVSA y los datos de seguimiento de los buques de Eikon de Refinitiv.

"Es impresionante su capacidad de mutación para enfrentar las dificultades, lo que ha vuelto todo el comercio de petróleo venezolano cada vez más opaco", dijo Francisco Monaldi, experto en Política Energética para América Latina del Instituto Baker, de la Universidad Rice.

Todo es parte de un juego del gato y el ratón de Caracas con las autoridades de Estados Unidos para seguir vendiendo su producto más importante. Washington ha prohibido a las empresas estadounidenses comprar petróleo venezolano y ha amenazado con castigar a las compañías con sede en cualquier parte del mundo que hagan negocios con PDVSA.

"Maduro y sus partidarios han intentado explotar la política de Estados Unidos de apoyo a las transacciones humanitarias al disfrazar sus intentos de obtener ganancias de los recursos venezolanos con esquemas como petróleo por alimentos", dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado.

"No anticipamos nuestras sanciones, pero, por supuesto, los esquemas de evasión pueden resultar vulnerables a las sanciones", agregó.

El acuerdo de Supraquimic también muestra los posibles riesgos en los que incurren las compañías al hacer negocios con el Gobierno venezolano, que se ha enfrentado repetidamente con el sector privado incluso cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha cortejado su inversión para impulsar la economía.

En 2015, con Venezuela sacudida por la escasez de bienes de consumo, las autoridades detuvieron a ejecutivos de una cadena de farmacias y trabajadores de una empresa de alimentos por acusaciones de acaparamiento de suministros para desestabilizar la economía, lo que negaron. Los industriales de Venezuela han culpado a las políticas económicas por los problemas del país.

"El principal riesgo de hacer negocios con el gobierno no es que vaya a perder dinero o que sus activos serán expropiados. Es que va a terminar en la cárcel", dijo José Ignacio Hernández, especialista en la ley administrativa y regulaciones venezolanas de la Escuela Kennedy de Harvard, y exrepresentante legal de la oposición en Venezuela.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de respuesta a las afirmaciones de Hernández.

Tales tensiones volvieron a manifestarse el 30 de marzo, cuando las autoridades emitieron órdenes de captura contra el presidente de Supraquimic, Oscar García, y José Llamozas, propietario de firmas que vendían alimentos a esta firma.

Ambos fueron acusados de peculado doloso propio, concierto entre un funcionario público y un contratista y asociación, de acuerdo con la solicitud del fiscal a un juez para la orden.

García, cuyo paradero se desconoce, no respondió llamadas telefónicas, correos electrónico y mensajes enviados a sus perfiles de redes sociales en busca de comentarios. Reuters no pudo determinar si fue arrestado o tiene representación legal.

Llamozas, quien estuvo encarcelado por tres meses antes de ser liberado el 2 de julio en espera de juicio, no respondió a los mensajes enviados a los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que figuran en sus empresas.

El abogado de defensa de Llamozas no respondió a las solicitudes de comentarios.

En Venezuela, las leyes contemplan que primero los fiscales presentan cargos contra un sospechoso y luego investigan más antes de decidir si se solicitan o no a un juez que prosiga el caso, según José Vicente Haro, profesor de derecho en la Universidad Central de Venezuela.

"Alianza estratégica"

El acuerdo entre PDVSA y Supraquimic comenzó con una solicitud del Ministerio de Alimentación de Venezuela para asegurar el suministro de sus cajas CLAP, un programa de distribución de alimentos del que muchas familias dependen para sobrevivir, según una copia de un contrato entre las dos empresas y el ministerio visto por Reuters.

Ese contrato, con fecha de abril de 2020 y descrito como una "alianza estratégica", estipulaba que Supraquimic recibiría hasta 5 millones de barriles de crudo por mes de PDVSA a cambio de suministrar productos alimenticios de igual valor al Ministerio de Alimentos. La empresa, a su vez, se encargaría de vender el petróleo.

Supraquimic, fundada por García en Caracas en 2015, recibió de PDVSA seis cargamentos entre el 28 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021 por 6,2 millones de barriles valorados en unos US$ 257,8 millones, según las facturas internas de la compañía petrolera vistos por Reuters.

Tal monto estaba en línea con los precios del mercado en ese momento. Todos los envíos zarparon en buques con destino a Asia, según las facturas y los documentos de envío de PDVSA, y los datos de Refinitiv Eikon.

Reuters no pudo determinar cuánta comida, si la hubo, entregó Supraquimic al programa CLAP. Pero según una carta del 4 de marzo de 2021 escrita a los funcionarios de la empresa por Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y suministro de PDVSA, no fue suficiente para cumplir con el acuerdo.

"Usted no ha honrado sus compromisos de pago según los términos contractuales establecidos y aceptados por su empresa", escribió Pérez Suárez en la carta vista por Reuters.

Supraquimic no parece ser un fabricante de alimentos. Compró productos de compañías venezolanas de alimentos, incluidas Alimentos Santa Lucía y Agroinsumos El Granero, ambas propiedad de Llamozas, según una persona familiarizada con el acuerdo.

Las empresas de Llamozas acordaron vender US$ 80 millones en alimentos a Supraquimic, dijo la fuente. Pero tras recibir el pago por la entrega de productos equivalentes a unos 8 millones de dólares dejaron de enviar porque no recibieron fondos adicionales, dejando a Supraquimic incapaz de cumplir con sus obligaciones con el gobierno, agregó.

El 30 de marzo, Llamozas fue convocado a las oficinas de PDVSA, según la persona. Fue arrestado en el estacionamiento de la compañía petrolera, de acuerdo al informe de la captura policial.

Mientras Llamozas estaba en la cárcel, Maduro encontró otra fuente de ayuda para dar comida a parte de las 7 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas llegó en abril a un acuerdo con el gobierno para entregar raciones mensuales a los niños en la escuela.