FLORANTONIA SINGER
“Aquí todo el mundo se convirtió en minero”. Armando Obdola ha- bla por teléfono desde el Estado de Bolívar, en el sur de Venezuela. Es presidente de la Asociación Ka- pé Kapé, que lucha por los dere- chos de las comunidades indígenas de ese territorio, 197 de ellas ubicadas dentro del llamado Arco Minero del Orinoco (unas 54.000 personas), una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y que hace cuatro años el Gobierno de Nicolás Maduro declaró como zona estratégica de aprovechamiento económico.
Para el líder comunitario, con esta medida, que se tomó sin la consulta a todas las comunidades indígenas, la hecatombe estaba cantada. El decreto desató una voraz extracción de minerales (sobre todo oro, pero también coltán y diamantes) sin control y la zona se ha convertido en escenario de graves violaciones de derechos humanos, según reveló la semana pasada la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. “Esto se pudrió como un mango”, agrega Obdola.
Hace unos meses, Obdola se reunió con los comisionados de Bachelet que elaboraron el informe. El documento recoge denuncias de explotación laboral, sexual e infantil, aumento de enfermedades, daño ambiental y presencia de grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que llevó a los municipios de Caroní y Heres a tener en 2019 las tasas de homicidios más alta del país, con 97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
En plena pandemia, Kapé Kapé también realizó una serie de entrevistas con indígenas que trabajaron en las minas para medir el impacto de esa actividad en las comunidades. Los testimonios recogidos en un estudio confirman en primera persona lo que dice el duro informe de Naciones Unidas, desestimado por el Gobierno. “Cuando comenzó la práctica de la minería en el [río] Caura, decidí dejar de elaborar más artesanía con la cual mantenía a mi familia con la intención de buscar una mejor calidad de vida para mi familia, esposa, hijos, hijas y nietos.
Pero todo fue lo contrario, porque durante mi estancia allá solo gané enemigos, me enfermé, hice trabajo forzado, tuve amenazas de sindicatos [grupos armados que controlan las minas] para quitarme mis pertenencias”, relató a Obdola un indígena yekwana que trabajó seis años en la zona de Yuruani.
El líder comunitario también recogió testimonios en el Estado de Amazonas, en el suroeste -los indígenas al sur del Orinoco afectados por la minería son unos 172.000-. “El Cerro Yapacana ya no es un parque nacional, es una destrucción total, de la naturaleza, la tierra, el agua. Allá cualquier agua que uno bebe está contaminada y le empieza a pegar la diarrea.
Hay mucho niño enfermo, hay muchos niños en todas esas minas”, le contó un profesor de 33 años de la etnia jivi que trabajó en una explotación entre noviembre y diciembre pasado. “Mi esposo trabajó de caletero [operario]. Estábamos contando con que nos pagarían 20 gramos de oro, que era con lo que queríamos salir de ahí para poder comprar la ropa de nuestros hijos en diciembre, pero nunca nos pagaron”, abundó la esposa (ninguno dio su nombre).
La grave crisis económica en Venezuela ha convertido la minería en un modo de supervivencia. De esas reservas minerales vive el Gobierno, asfixiado por la caída de ingresos petroleros y las sanciones. Pero no hay datos oficiales de lo extraído. El año pasado, Maduro comenzó a repartir minas a gobernadores e instituciones como vía para generar ingresos. Cientos de venezolanos han migrado para trabajar en esas explotaciones. La opacidad y la falta de información por parte del Gobierno sobre los planes para regularizar la actividad son parte de los reproches del informe de la Alta Comisionada de la ONU.
Una preocupación adicional que asoma es lo que supone para los pueblos indígenas la entrada en la minería como modo de vida. “La captación de jóvenes para actividades mineras y para grupos irregulares es una realidad en estos pueblos. Hay una transculturización de las comunidades indígenas. Van los padres a las minas y los niños crecen viendo que no hay alternativa y así se va pudriendo la sociedad”, dice Obdola.
El pasado abril, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dictó la resolución 010, que autoriza la explotación de oro y diamantes en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para el ecosistema amazónico. Así, los ríos del Arco Minero del Orinoco también podrán ser explotados. La medida pone en riesgo a las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami y jivi, que viven en esas riberas. El informe de Bachelet recomienda revocar la resolución, que para Obdola empeorará lo que ya viene ocurriendo.
Obdola lo explica así: “Pasamos del país del hambre, que se siente en el estómago, al país de la miseria, que se siente en la cabeza”. Y una preocupación adicional que asoma es lo que supone para los pueblos indígenas la entrada en la minería como modo de vida. “La captación de jóvenes para actividades mineras y para grupos irregulares es una realidad en estos pueblos. Hay una transculturización de las comunidades indígenas. Van los padres a las minas y los niños crecen viendo que no hay alternativa y así se va pudriendo la sociedad”.
La fiebre del oro es tal que en algunas zonas aseguran que se ha secado el mineral. Dice Armando Obdola, presidente de la Asociación Kapé Kapé, que, según la cultura de algunas etnias, cuando la tierra se enfurece oculta sus riquezas. Eso explica, en su opinión, el hecho de que cada vez sea más difícil encontrar una veta de oro en El Callao, la principal zona aurífera del país (en el Estado de Bolívar), lo que ha llevado a algunos grupos delictivos que controlan minas a establecer una especie de racionamiento: dejan pasar a los pobladores a escarbar en la tierra solo una vez por semana para que lo que queda pueda ser aprovechado por todos.
Ello ha conducido también a expandir la depredación, lo que ha desplazado a pueblos indígenas de sus territorios originarios. La explotación se ha extendido a parques nacionales como el de Canaima, y en el foco más grande, entre Las Claritas (Estado de Bolívar) y el kilómetro 88 de la carretera que termina en Brasil, ocupa una superficie similar a la de 6.300 campos de fútbol, según ha calculado la organización SOS Orinoco a partir de imágenes de satélite.
El 8 de abril, cuando el país atravesaba su tercera semana en cuarentena por el coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dictó la resolución 010 que autoriza la explotación de oro y diamantes en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para el ecosistema amazónico. Así, los ríos del Arco Minero del Orinoco también podrán ser explotados.
La grave medida, que pone en riesgo a las etnias pemón, yekuana, sanema, yanomami y jivi que viven en esas ribera, pasó sin mayor revuelo en un país con cada vez menos medios de comunicación, sumido en una grave crisis política, económica y social a la que pandemia ahora ha añadido una nueva dosis de caos. El informe de Bachelet recoge el tema y recomienda revocar la resolución, que para Obdola empeorará lo que ya viene ocurriendo. “Todos los daños por el uso desproporcionado de máquinas, del mercurio y la gasolina que fluye por los ríos ya los estamos viendo. La gente vive con enfermedades gastrointestinales, ya no se saca la misma cantidad de pescado, los animales se envenenan y la tierra no tiene el mismo poder. Aguas abajo del arco minero ya están los efectos. Esto es una mega crisis que avanza a paso acelerado”.
