ALESSANDRO DI STASIO
Una nueva Pdvsa, al menos en el libreto. El colapso de la industria petrolera venezolana ha abierto el camino a nuevas propuestas discutidas en el seno de la estatal en los últimos meses, que van desde planes de reestructuración de la industria, ajustes de precios y mayores ventajas para los socios privados.
Desde que a finales del pasado mes de abril se filtrara un documento de la “comisión presidencial” encabezada por Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez, quienes ahora dirigen el Ministerio de Petróleo y Pdvsa, se han tomado algunas acciones que apuntan hacia la reestructuración a la que apuesta el chavismo.
Un primer paso en esa dirección fue la creación de la empresa PDV-Puertos mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial número 41.876 con fecha del 11 de mayo. Funciona como una filial de Pdvsa encargada de la gestión de los puertos y terminales petroleras del país, que contará con ingresos propios y facultad para hacer alianzas con agrupaciones nacionales e internacionales.
“Podrá realizar proyectos de construcción, ejecutar cualquier tipo de obra civil o de ingeniería, exportar e importar cualquier bien o materia prima necesaria, adquirir equipos, desarrollar actividades relacionadas con la prestación de servicio de transporte y comercio marítimo asociado, ejecutar todas las actividades y servicios como operador portuario a nivel nacional e internacional”, se lee en el artículo 2 del decreto.
Un segundo caso se conoció el 12 de mayo. Ese día la compañía sueca Nynas anunció que Pdvsa había cedido 35% de sus acciones en dicha refinería, pasando de 50% a solo el 15% de los títulos. De esa manera la petrolera venezolana se desprendía de su participación mayoritaria, algo previsto en el informe elaborado por la Jefatura de Planificación de Pdvsa.
Con divisas restringidas, la producción de la estatal en caída libre y una aguda escasez de combustible extendida por todo el país, Nicolás Maduro afianzó lazos en el último mes con Irán, país que ha enviado al menos una docena de aviones cargados con materiales para reparar las refinerías y cinco tanqueros con cargamentos de combustible, según han reportado las agencias Reuters y Bloomberg.
La delegación de funciones a nuevas empresas, tanto nacionales como internacionales, genera preocupaciones entre los trabajadores de la industria petrolera que en los últimos años han visto desaparecer todos sus beneficios laborales, han tenido que exponerse a altos riesgos por la falta de mantenimiento en las infraestructuras y ver el aumento de la precariedad.
Así lo advierte Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, en una conversación telefónica con Efecto Cocuyo sobre los planes de reestructuración gubernamentales y las actuales condiciones para desarrollarlo.
Para Girot, la creación de PDV-Puertos es un reconocimiento a la falta de control y supervisión sobre la venta de petróleo y sus productos derivados, como la gasolina y el diesel. Una situación que, alega, denuncia la organización desde el año 2014, cuando asegura que comenzaron a detectar las irregularidades.
Ese año entregaron un informe a Nicolás Maduro en el que advertían sobre el presunto robo de petróleo en las terminales petroleras. Pero no recibieron respuesta.
Ahora, Girot señala que se está llevando al sector hacia “el inicio de la privatización y entrega de Pdvsa”. La decisión, a su juicio, violaría la Ley de Hidrocarburos, en la que se reserva al Estado venezolano el manejo y propiedad de los hidrocarburos, a través de la venta de activos y la entrega a terceros de los campos petroleros y refinerías, entre otros aspectos.
En ese contexto, el sindicalista precisa que “los trabajadores entran en un estado de incertidumbre, ya que ni siquiera ha sido discutido algún acuerdo” con ellos. “Lo que sí han venido ejecutando es la disminución paulatina de los derechos de los trabajadores hasta casi llegar a eliminarlos”, dijo.
Actividades como la convención colectiva, la estabilidad laboral, el ajuste de salarios, los beneficios en el sistema de salud y pensiones desaparecieron, afirma. Esto ha generado una situación laboral “muy precaria”, que fuerza a los trabajadores a abandonar sus puestos de trabajo por propia cuenta en búsqueda de mejores oportunidades.
“Los trabajadores están desmoralizados porque el salario no les alcanza y han perdido todos sus beneficios”, alertó.
Economistas y conocedores del sector petrolero llevan años presentando ideas para revertir el profundo deterioro de la industria. Sin embargo, luego de no haber sido tomados en cuenta, algunas de las propuestas de reestructuración elaboradas recientemente por la estatal guardan similitudes con sus recomendaciones.
“Contiene muchas recomendaciones que por años han venido haciendo expertos petroleros, por lo que en el papel puede verse como positiva“, comentó la economista Pilar Navarro.
Entre esas medidas destacan la simplificación de la estructura de Pdvsa, el enfoque de sus actividades únicamente en el sector petrolero, la eliminación gradual de los subsidios y la modificación legal que obliga al Estado a tener la mayoría accionaria en las empresas mixtas.
Luis Oliveros, economista y profesor de la Universidad Metropolitana en Caracas, coincide con Navarro, pero advierte que la propuesta de reestructuración presentada a la comisión presidida por el Aissami y Chávez llega “muy tarde”.
“Una Pdvsa sancionada tiene el camino muy comprometido para llevar a cabo acciones dentro de la industria. Se pueden hacer, pero la pregunta es por qué no se habían hecho antes y por qué tuvieron que esperar que se llegara a esta situación”, expresó a Efecto Cocuyo.
A ello se suman otros factores que comprometen dicha reestructuración. El primero, expone Navarro, es que el gobernante Nicolás Maduro debe proponer una reforma de la Ley de Hidrocarburos ante la Asamblea Nacional; una cuestión que, en medio del contexto actual, parece poco factible.
“El Gobierno siempre puede recurrir a cualquiera de sus opciones paralelas como el TSJ, la ANC o la AN de (Luis) Parra. Sin embargo, esto implicará un gran riesgo jurídico futuro para cualquier capital extranjero, limitando bastante los posibles interesados”, explica la economista senior de Emfi Securities.
Una segunda limitante serían las amenazas por parte del Gobierno estadounidense de implementar sanciones secundarias a cualquier empresa que participe en negociaciones con Pdvsa. “De concretarse esta reestructuración, no vamos a ver a las grandes compañías petroleras internacionales viniendo a invertir en el país. En cambio, quizás a pequeñas desconocidas con poco que perder al hacer negocios con un Gobierno sancionado”, espetó Navarro.
Una tercera, y última problemática, sería la resistencia interna. “Aunque el madurísimo ha demostrado ser pragmático en la búsqueda de su supervivencia, creo que esta reestructuración puede encontrarse con fuerte resistencia tanto ideológica como de grupos de poder captadores de renta en el seno del Gobierno”, opinó.
Desde 2017, cuando el general Manuel Quevedo asumió la titularidad de la cartera de petróleo y de Pdvsa, se fijó la meta de elevar la producción en un millón de barriles diarios adicionales a la producción de ese momento. Nunca ocurrió. De hecho, sucedió todo lo contrario: la producción se desplomó desde 1.8 millones de barriles diarios a finales de 2017 hasta apenas 718 b/d en abril de 2020, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).
Los analistas coinciden en que una recuperación pasa por la captación de inversiones que permitan reactivar la capacidad productiva de la industria.
Sin embargo, Oliveros afirma que, debido a la actual situación de precariedad tanto en la industria petrolera nacional como en el mercado internacional, actualmente es el “peor momento” para efectuar cualquier intento de privatización; aunque sí percibe necesaria la participación de los socios privados en esa recuperación.
“Eso sería una decisión muy importante, pero tienen problemas: primero las sanciones, y luego un conflicto político que va en contra, hoy, de lo que es la reestructuración de la industria petrolera”, precisó el economista.
Actualmente el país enfrenta una paralización productiva y comercial, no solo por la cuarentena para frenar la pandemia del COVID-19, sino también por la aguda escasez de combustible que impide cualquier tipo de actividad.
Mientras tanto, el país perdió su capacidad de procesar petróleo debido a la inoperatividad de sus refinerías: Puerto La Cruz, El Palito, Amuay y Cardón. Juntas tienen una capacidad de refinamiento de 1.3 millones de barriles diarios de crudo, pero se encuentra detenido y en Venezuela no se produce ni una sola gota de gasolina, según Girot.
“No hay manera de reactivar las refinerías en el país porque tienen problemas estructurales para su funcionamiento. No es solamente reactivarlas, es la sostenibilidad de su funcionamiento en el tiempo, así como su confiabilidad porque los procesos que se están generando no cuentan con las normas internacionales establecidas para administrar los procesos en estas plantas”, sostuvo.
Esta situación obliga al Estado a tener que importar el combustible para satisfacer, al menos por algunos días, la demanda nacional. Ello, junto a los subsidios en el mercado interno, representan pérdidas de al menos $10.000 millones de dólares anuales, señaló Oliveros.
“La caída en la producción petrolera, si empezamos a sumar desde el año 2015 hasta la fecha, revisando mes a mes, ha costado al país cerca de 84.000 millones de dólares. Hoy, ese monto representa entre el 110% o 120% del PIB venezolano”, estimó el economista.
