Extracción minera en la cuenca de los ríos Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuriari y Cuyuní, ubicados en el parque nacional Canaima
MARU MORALES
En la quinta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) realizada de manera virtual, la plenaria de mayoría opositora declaró la nulidad absoluta de la resolución 0010, dictada el pasado 7 de abril por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, que permite la explotación y extracción minera en la cuenca de los ríos Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuriari y Cuyuní, ubicados en el parque nacional Canaima.
Los participantes en la sesión acordaron oficiar a la Organización de las Naciones Unidas, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, al Grupo de Lima, la Comunidad Europea y el Tratado de París sobre Cambio Climático, para alertar “la amenaza de etnocidio y ecocidio que el régimen de Nicolás Maduro representa para los bienes naturales de la humanidad (entre ellos el parque nacional Canaima), los pueblos ancestrales y la seguridad de los connacionales”.
Además del riesgo de ecocidio en Canaima, advierten que los permisos para explotación de las referidas cuencas fluviales amenaza con convertir en desiertos “vastas zonas de territorio venezolano que afectarán ineludiblemente al Amazonas, el clima y la vida en la región”.
El acuerdo contempla la apertura de una investigación contra el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto; el presidente de la Corporación Venezolana de Minas, Carlos Osorio; y la viceministra de Exploración e Inversión Minera, Magaly Enríquez.
Asimismo, la plenaria acordó iniciar la tramitación de la incorporación de Venezuela al Convenio de Minamata sobre el Mercurio, tratado mundial para proteger al ambiente de los efectos adversos de este químico utilizado en la explotación minera.
Diputados de la oposición sesionaron virtualmente por quinta vez desde la declaratoria de cuarentena. Foto capture Maru Morales P
En el debate sobre el riesgo de ecocidio en Canaima intervinieron los diputados Carlos González (AD), Américo de Grazia (LCR), Yolibel Guacaran (Representación Indígena) y María Gabriela Hernández (PJ), quienes ofrecieron datos preocupantes sobre el impacto ecológico y humano que esta resolución podría tener en un territorio ya asediado por los efectos de la explotación descontrolada en el Arco Minero.
González expresó que la resolución 0010 vulnera la Constitución y la normativa vigente de protección ambiental: afectará gravemente los ecosistemas de los ríos señalados, forzará el desplazamiento de comunidades indígenas y producirá grandes volúmenes de sedimento que, por un lado, afectarán la navegabilidad de los mismos y, por el otro, serán arrastrados hasta la represa del Guri afectando su funcionamiento.
De Grazia, quien emitió su intervención desde el destierro forzado, pidió al pleno elevar la denuncia a todas las instancias internacionales “para que el mundo conozca la actividad criminal del régimen contra los indígenas”. Dijo que además de la penetración de “terroristas del ELN, las FARC, Hezbolá y Hamas” en el sur del país, pasaríamos del 12 % del territorio afectado por la minería ilegal y ecocida, al 50 % del territorio nacional afectado por esta actividad.
De Grazia agregó que de los 12 parques nacionales, 10 son afectados por la minería ilegal y más de 33 pueblos indígenas han visto sus vidas y costumbres trastocadas, obligados a abandonar sus tierras o pagar tributos a grupos irregulares o trabajar como esclavos para estas bandas. Además de ser víctimas del incremento de enfermedades, prostitución y prostitución infantil.
La diputada Guacarán, representante indígena del Oriente del país, resaltó que la resolución viola el artículo 127 constitucional que obliga al Estado a la protección del ambiente y la diversidad biológica. “Esta resolución aumenta la deforestación, desmejora la calidad del agua, afecta a las comunidades cercanas. Solo en Bolívar más de 198 comunidades indígenas han sido afectadas por esta situación, aumentando la prostitución y esclavismo”, advirtió.
