La industria manufacturera opera a un 40% de su capacidad
MARIELA LEÓN
La minería legal e ilegal en Venezuela se funde en una. Sí, en una minería indiscriminada dirigida a exprimir las entrañas de la tierra, sin importar el hábitat ni respetar la vida. El Consejo Mundial del Oro (WGC) calcula que las reservas de oro del país han disminuido u 66,2% en cinco años.
Desde la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia de Venezuela, en 2013, la economía ha estado sumida en hiperinflación y decrecimiento económico. La industria manufacturera opera a un 40% de su capacidad y las industrias básicas (hierro, acero, aluminio) están cerradas o en sus más bajos niveles de disponibilidad. A ello se une la merma importante en la producción petrolera, bastión fundamental de sus ingresos.
A partir de ese escenario, el Gobierno ha arreciado las formas de obtener recursos, como la explotación del llamado Arco Minero del Orinoco, en el sur del país e incluso a la venta de los lingotes de oro que reposaban en las bóvedas del Banco Central.
El Consejo Mundial del Oro precisó que las reservas de oro de Venezuela, en cinco años, pasaron de 360 toneladas en 2013, a 161,22 toneladas al cierre de 2018. Es decir, las ubicó en mínimos históricos.
La minería fomentada por Maduro tiene otras caras: la brutal deforestación de la selva tropical húmeda de los estados Amazonas y Bolívar, así como las sabanas y la contaminación de os ríos con mercurio y otros elemntos tóxicos. También está la presencia de la guerrilla colombiana, del narcotráfico y el desplazamiento de la población indígena de la zona.
Se calcula que entre 2016 y 2019 la minería artesanal le entregó al Gobierno de Maduro unas 22 toneladas de oro. A cambio de esos volúmenes de mineral recibió 650 millones de dólares. El oro va desde las polvorientas minas del sur hasta el Banco Central y para ser enviado a refinerías en el extranjero a cambio de alimentos o efectivo.
Paparoni, miembro de la Oficina contra el Lavado de Dinero y la Corrupción de la Asamblea Nacional, se ha referido en varias oportunidades a las irregularidades presentes en el Arco Minero.
“Hoy por hoy es público y notorio la relación del gobierno de Maduro con las disidencias de las FARC y el ELN, grupos narcoterroristas. Les ha entregado gran parte del Arco Minero, de nuestra soberanía nacional. Tenemos el cálculo aproximado de que las toneladas de oro que han manejado esos grupos tienen un valor que se aproxima al 1 billón de dólares”, reveló.
Por su parte, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de la República, ha denunciado que en el Arco Minero del Orinoco se extrae “oro de sangre”. Calificativo compartido por el diputado Américo De Grazia, refugiado en Italia.
Guaidó considera que esas operaciones mineras no solo han ocasionado un ecocidio, sino que ha transformado la economía y afectado a las comunidades indígenas.
