El gobierno de Estados Unidos cuestionó este jueves la designación del ex vicepresidente y actual ministro de Producción e Industrias Tareck El Aissami al frente de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, por parte del régimen de Nicolás Maduro.

“Poner a El Aissami, uno de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por su acrónimo en inglés), a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela es como poner a un pirata al frente de la Armada. Es necesaria una mayor presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narcoestado de Maduro”, expresó el Subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak sobre la decisión, emarcada en la “emergencia energética” declarada por Maduro el jueves y con el objetivo de reestructurar la petrolera ante las numerosas sanciones impuestas por Estados Unidos.

Kozak hacía referencia al hecho que, a mediados de 2019, la agencia estadounidense incluyó a El Aissami en su lista de más buscados, calificándolo como un “narcotraficante especialmente designado por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”.

En el comunicado, el ente del gobierno estadounidense recordó el camino de El Aissami en el régimen chavista: fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela en enero de 2017, anteriormente había Gobernador del Estado Aragua desde el 2012 y hasta ese momento. Y antes, desde el 2008, estuvo a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. “Facilitó los envíos de narcóticos desde Venezuela para incluir el control de los aviones que salían de una base aérea venezolana y las rutas de la droga a través de los puertos de Venezuela”, indicó el comunicado.

Y agregó: “En sus posiciones anteriores, supervisó o poseía parcialmente embarques de narcóticos de más de 1.000 kilogramos desde Venezuela en múltiples locaciones, incluyendo aquellos con destinos finales en México y los Estados Unidos”.

El Aissami, no obstante, ha estado durante mucho tiempo en la mira de las autoridades estadounidenses. Fue imputado en marzo de 2019 por una corte federal de Manhattan y en 2017 años el Departamento del Tesoro lo sancionó después de investigar acusaciones en su contra por trabajar con narcotraficantes.

En tanto, una investigación de fundación InSight Crime, lo menciona como una de 123 personas relacionadas con el Cártel de los Soles, organización narcotraficante embebida en las fuerzas armadas venezolanas. Ese informe también mencionó por asociación a la esposa de Maduro, Cilia Flores, dado que su hijo, Walter Jacobo Gavidia, y dos sobrinos están involucrados en el narcotráfico.

El anuncio de la designación de El Aissami tuvo lugar el miércoles, un día después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra una filial de la petrolera estatal rusa, Rosneft, como consecuencia de sus operaciones comerciales con la dictadura.

Según Maduro, El Aissami estará a cargo de una “comisión presidencial para la defensa, reestructuración y reorganización de PDVSA, que tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambios y defensa integral de toda la industria petrolera”.

Maduro aseguró que la medida busca contrarrestar las sanciones contra Rosneft, las cuales “buscan quebrar PDVSA”. Dijo además que habían sido impuestas por pedido del presidente encargado, Juan Guaidó, a quien llamó “rata de cañería vende patria”.

Al explicar la medida contra Rosneft Trading S.A., el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que ella fue aplicada “por operar en el sector petrolero de la economía venezolana” e implica el bloqueo de los activos de la empresa que estén bajo jurisdicción estadounidense. Además, afecta a cualquier otra entidad manejada por la firma con un 50% o más de acciones.

“Rosneft Trading S.A. y su presidente negociaron la venta y el transporte de petróleo venezolano”, explicó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. La aseveración fue respaldada horas después por el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliott Abrams, quien destacó que la subsidiaria maneja el 70 por ciento del petróleo venezolano y el mes pasado facilitó el envío de dos millones de barriles a África Occidental. E informó que ello permite a Venezuela evadir las sanciones ya existentes.

En consecuencia, destacó, la decisión representa un paso muy significativo en la presión de su gobierno contra el régimen. Y anticipó más medidas. Habrá nuevos pasos y más presiones. EEUU permanece comprometida con la libertad de Venezuela”, declaró.

No obstante, las autoridades explicaron que este bloqueo no aplica a la firma principal, Rosneft Oil Company, y otras subsidiarias o afiliadas que no estén bajo el control de la firma de trading. De esta manera, los ciudadanos estadounidenses no están impedidos de mantener sus negocios con la matriz rusa.

Moscú, por su parte, acusó a Washington de usar las medidas con “fines geopolíticos” y para crear mejores condiciones para sus compañías. "Con la presión económica y militar sobre Rusia sólo lograrán profundizar la crisis en las relaciones bilaterales”, advirtió el Kremlin, que a su vez afirmó que las sanciones no afectan sus relaciones con la dictadura venezolana.

Sin embargo, más allá de la solidez de las relaciones bilaterales entre ambos países, Bloomberg reportó que el régimen tendrá serias dificultades para encontrar a otra compañía dispuesta a llevar a cabo las operaciones de Rosneft, lo que representará un nuevo golpe contra la ya vapuleada PDVSA.

La misma agencia de noticias indicó que en enero de 2020 la producción de crudo disminuyó en un 36 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Se produjeron 733.000 barriles por día, una cifra que se encuentra extremadamente lejos con los dos millones que Maduro había prometido. En sus épocas de mayor actividad, PDVSA llegó a producir tres millones y medio de barriles por día.

La decisión también llega en medio de reportes acerca de la posibilidad de que el régimen renuncie a su histórico monopolio sobre la industria petrolífera y otorgue participaciones mayoritarias y el control de la industria a corporaciones multinacionales.

Si bien una de ellas era Rosneft, otras dos no han sido específicamente alcanzadas por las sanciones. Son Repsol SA de España y Eni SpA de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA, a cambio de activos, según le dijeron personas con conocimiento del tema a Bloomberg.

No obstante, de concretarse, la iniciativa enfrentaría grandes obstáculos. Las leyes venezolanas tendrían que modificarse y hay desacuerdo respecto a la manera en cómo financiar las operaciones.