JORGE BENEZRA
Venezuela se va a convertir en la segunda reserva de oro más grande del mundo». Las palabras son de Nicolás Maduro del pasado mes de noviembre cuando sumó otra promesa más a la kilométrica lista de incumplidos del régimen para intentar recuperar el bienestar económico del país. El «plan oro» se llamó inicialmente al desfalco de la nación ordenada por el Gobierno que daría ingresos de más de 5.000 millones de dólares anuales con la puesta en marcha de 54 plantas procesadoras de minerales.
El Arco Minero del Orinoco, un gigantesco proyecto que abarca casi el 12% del territorio nacional -duplicando la faja petrolífera del Orinoco-, sería la fuente inagotable de Maduro (7.000 toneladas de reservas) y sus aliados para la explotación de oro, diamante, coltán, hierro, bauxita, entre otros minerales preciosos. El proyecto se extendió a 150 empresas mixtas de capital nacional y extranjero principalmente chinas, turcas y rusas para fortalecer las relaciones bilaterales con el Gobierno bolivariano.
«Al principio la idea del Arco Minero era bonita, pero cambió con la llegada de empresas contratistas acostumbrados a la estructura corrupta de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), quienes estan intentando monopolizar la industria minera. Todos estos señores son militares retirados o civiles relacionados con el alto gobierno. Solo una o dos empresas son de familas tradicionales reconocidas de toda la vida», dice un empresario minero, con más de 35 años en el negocio, que no quiere ser identificado.
La minería se ha transformado en la nueva maquinaria de corrupción del Gobierno y la única manera de sobrevivir de muchos que se convierten prácticamente en esclavos del sistema. «Es el salvavidas financiero para el país, pero lleno de trampas y de conflictos», añade.
El modelo de negocio lo encarna un grupo de inversionistas privados asentados principalmente en el sector Nacupay de El Callao donde ha sido creado hace un año el Complejo Industrial Aurífero Domingo Sifontes, que preside Eduardo Ribas, un nuevo mecenas del oro vinculado a la familia presidencial Maduro-Flores. Esta mega estructura industrial está compuesta por 12 molinos con capacidad de producción diaria de alrededor de 2.400 toneladas que se traducen entre 50 y 80 kilos de oro mensual. Estas plantas operan como procesadoras del material bruto extraído y recuperan el oro mediante cianuración, que en teoría tiene menor impacto ambiental.
En cambio, los informales (mineros artesanales) solo sacan el 20% cuando lo extraen con sus propias manos. Para separar la tierra del oro aplican mercurio en un proceso sumamente largo y contaminante.
Los nativos del estado Bolívar, ubicado al sur de Venezuela, están completamente en contra de la minería. En esta región actualmente se perpetra «el mayor crimen ecológico de la historia», según han denunciado diputados de oposición. De hecho, la Asamblea Nacional derogó el año pasado el decreto firmado por Maduro mediante el cual se crea el Arco Minero. Desde entonces, allí se escenifican guerras entre distintas mafias, nacionales y extranjeras, así como grupos paramilitares como el ELN que buscan hacerse del control de la explotación.
A los empresarios en alianza con el Estado, se les permite procesar lo que se conoce como material secundario, es decir, todas las arenas auríferas sobrantes acumuladas por décadas de los molinos legales o ilegales que ya han sido manipulados. Las empresas fuera del complejo son supervisadas rigurosamente por un ente denominado Oficina de Fiscalización Minera, la cual emite una ruta de movilizacion para el traslado de las barras de oro desde las instalaciones de las empresas hasta el centro de acopio. Asimismo, supervisan las fundiciones semanales. Sin embargo, el empresario señala que se desconoce qué ocurre en el Complejo Domingo Sifontes «nadie sabe en realidad cómo, para dónde y cuánto llega realmente a las arcas del Estado venezolano».
Entrar en cualquiera de los estados fronterizos de Venezuela es extremadamente complicado. Son obstáculos como la falta de combustible, dinero en efectivo y el coste de cualquier bien o servicio es excesivo. A unas quince horas en coche desde Caracas, se encuentra la población de El Callao, el principal centro de compra y venta del país, donde empezó la primera fiebre del oro en 1870. Es difícil imaginar que una localidad tan recóndita y pequeña pueda ser tan transitada, convulsionada como un mercado persa que según los datos oficiales tiene unos 21.769 habitantes.
Sus calles estan atestadas de gente y polvo constante del transitar de camiones. Los negocios sucios abundan y la violencia campea a pesar de que el pueblo está militarizado. «Nosotros nos vinimos para aquí porque era imposible migrar con mis tres hijos, mi mamá y mi esposo. La vida nos cambió, pasamos de ser profesionales con cierta calidad de vida a convertirnos en mineros obligados por un Gobierno al que se le olvidó su pueblo», critica Carmen Julia Solorzano, una administradora que diriamente se interna con su familia en alguna «bulla» -como se le conoce popularmente a las zonas donde se encuentran grandes vetas de oro-.
La mujer de 35 años dice que hay toda una cadena de corrupción en el que cohabitan los grupos armados con los militares. Minas donde se controla todo lo que entra y sale, donde se tiene que pagar porcentajes por cualquier actividad realizada. «Nada es gratis y siempre está involucrado un uniformado (militar) con sus intereses particulares», dijo.
La anarquia reinante en todo el Arco Minero ha hecho que el negocio de la fuga del oro haya evolucionado abriendo nuevas rutas de contrabando por sus porosas fronteras con Guyana, Brasil y Colombia con las mafias usando mulas humanas, lanchas, carros blindados y avionetas para evadirse de cualquier dispositivo que los capture. Curiosamente el estado Bolivar ha sido gobernada desde la llegada del chavismo por generales.
Un sargento del Ejército cuenta que le ha tocado supervisar la troncal 10, la «carretera dorada» como la llama, porque por allí pasan a diariotoneladas de oro que su destino es desconocido. «El oro lo trasladan en camionetas de lujo blindadas, sin identificación, custodiados por la Dirección de Inteligencia Militar (Dgcim) y nunca van por el mismo camino», aseguró. De ahí se dirigen al aeropuerto que les indican, como el de Guasipati, donde según el sargento llegan a diario cinco o seis vuelos privados que luego pueden tomar la ruta hacia Aruba, Curazao, Domicana o Puerto Rico.
Una de las más recientes incautaciones fue el pasado 14 de julio por el departamento de aduanas de la isla de Saint Marten, que descubrió una importante cantidad de lingotes de oro en un avión privado procedente de Venezuela
En el mes de marzo el Departamento del Tesoro sancionó a la empresa estatal de minería de Venezuela, (Minerven) argumentando que: «La minería y la posterior venta de oro han sido una de las estrategias financieras más lucrativas del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas improvisadas y peligrosas en el sur de Venezuela, todas controladas por el ejército venezolano».
