El régimen de Nicolás Maduro es un fenómeno telúrico continuo, pero el ahora ilegítimo mandatario sigue en pie. Este jueves asumió en forma irregular un nuevo período de seis años al que no habría llegado sin su principal sostén: los militares.
No cesa de agradecerles "tanta lealtad y disciplina", que premia con vasto poder en el gobierno y la economía.
Hoy, Maduro navega con sus generales en la misma balsa. La cuota militar en el Ejecutivo fue de 25% en tiempos del fallecido líder y teniente coronel Hugo Chávez (1999-2013). Con Maduro llegó a 43.7% en el 2017 y hoy se ubica en 26.4%, según la ONG Control Ciudadano.
De 32 ministros, nueve son militares y dirigen carteras como Defensa, Interior, Agricultura y Alimentación, además de la petrolera PDVSA -que aporta el 96% de los ingresos del país- y el servicio de inteligencia.
"Los ministerios ya no representan fuentes de riqueza como antes. Los militares prefieren manejar" la importación y venta de alimentos subsidiados, dijo Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, sobre la merma en el gabinete.
Una televisora, un banco, una ensambladora de vehículos, una constructora y una compañía minera, petrolífera y gasífera refuerzan la influencia de los militares, que según analistas creció a medida que Maduro se hacía más impopular.
No en vano el ahora ilegítimo mandatario considera a la Fuerza Armada la "columna vertebral" del país, que pasó de ser uno de los más prósperos de América Latina a padecer la peor crisis económica de su historia moderna.
Además del respaldo militar, Maduro cuenta con amplio control político. El Parlamento es el único poder que el oficialismo no domina, pero fue sustituido ilegalmente por una Asamblea Constituyente 100% chavista.
A la gratitud de Maduro, la cúpula militar -que pomposamente se declara "chavista, nacionalista y antiimperialista"- responde con frecuentes declaraciones de "lealtad".
En vísperas de la investidura, ignorando el llamado del Legislativo a respaldar un "gobierno de transición", el alto mando expresó su "irrestricto apoyo" al presidente, considerado ilegítimo por Estados Unidos, la Unión Europea y casi todos los gobiernos democráticos de Latinoamérica.
"Maduro se apoya en los militares, y estos, en Maduro, para beneficiarse económicamente y evitar ser objeto de medidas judiciales posteriores a una derrota del régimen", comentó el politólogo Luis Salamanca.
Otros especialistas como Benigno Alarcón creen que el empoderamiento a los uniformados opera como un "chantaje" para hacerlos corresponsables de la crisis y vulnerables a juicios por corrupción y violaciones de derechos humanos.
Pese al empeño por mostrar una Fuerza Armada monolítica, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, admite que el "diablo" ronda los cuarteles.
Dos generales figuran entre los 25 detenidos por un presunto atentado contra el mandatario el pasado 4 de agosto, cuando dos drones cargados de explosivos estallaron cerca de una tarima donde encabezaba un acto militar.
Unos 180 efectivos fueron detenidos en el 2018 acusados de conspirar contra el gobierno, según San Miguel. "El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración", denunció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En setiembre último, The New York Times reveló que diplomáticos estadounidenses se reunieron con militares que tramaban un golpe de Estado finalmente abortado.
Posterior a ello, el presidente Donald Trump dijo que si los uniformados quisieran podrían derrocar a Maduro, quien denuncia que la Casa Blanca tiene listos US$ 120 millones para "comprar" oficiales.
Asegurando que ya existen "fracturas", el exiliado expresidente del Parlamento, Julio Borges, considera que la Fuerza Armada es "el último eslabón" para lograr la caída de Maduro. "No se equivoquen", suele responder Padrino a esos planteamientos.
En un contexto en que pocos escapan a la escasez de alimentos y medicinas y a la hiperinflación, unos 4,309 efectivos abandonaron las filas de la Guardia Nacional en el 2018, según una lista filtrada desde el organismo y citada por Control Ciudadano.
La ONG estima que unos 10,000 miembros de la Fuerza Armada pidieron la baja desde el 2015.
Para Salamanca, altos oficiales se debaten entre "seguir con Maduro a riesgo de hundirse con él" o "salvar el pellejo" sometiéndose a la justicia de países como Estados Unidos, que sancionó a varios militares con prohibición de ingreso a ese país y confiscación de bienes.
"Las sanciones van a apretar a los miembros de la familia, a los hijos, y les va a poner la vida dura, los van a obligar a volver a Venezuela o negociar con los países que están tras esto, a cambio de delaciones. Esto podría vencer la resistencia interna", señala
Solo cinco países del mundo reconocen oficialmente a Osetia del Sur, el antiguo territorio soviético de Asia Central cuyo presidente, Anatoly Ilich Bibilov, arribó a Caracas para la investidura presidencial de Nicolás Maduro , que asumió su segundo mandato,desconocido por la mayoría de la comunidad internacional.
Venezuela fue el tercer país en reconocer de Osetia, un año después de Rusia y Nicaragua. En 2009, el entonces líder bolivariano Hugo Chávez, durante un encuentro en Moscú con su par ruso Dmitri Medvedev, declaró que a partir de ese día reconocía la independencia de Abjasia y Osetia del Sur.
El desconocido país es una parte de Georgia que declaró unilateralmente su independencia en 1991, después del desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Ubicado en el Cáucaso entre Rusia y Georgia, Osetia es un territorio montañoso de aproximadamente 3900 kilómetros cuadrados que no tiene acceso al mar. Las sucesivas guerras entre Georgia y Osetia del Sur alteraron la composición étnica y el número de sus habitantes.
Antes de la llamada "guerra de Osetia del Sur" en 2008, entre fuerzas militares georgianas y fuerzas de paz rusas, desplegadas en la zona junto con fuerzas osetias, aproximadamente dos tercios de la población eran osetios y entre 25 y 30% eran georgianos.
La situación demográfica actual es difícil de estimar, pero antes de la guerra, la población total era de aproximadamente 72.000 personas. Después de esa intervención militar en 2008, Rusia reconoció a Osetia del Sur y Abjasia como estados independientes, según la versión de Moscú para garantizar su seguridad y según Georgia y sus aliados occidentales para extender sus fronteras a costa de anexar de facto territorios históricamente georgianos.
