Hugo Chávez era un gran ignorante en las cuestiones específicas de la economía. En verdad, hay muchos gobernantes que son ignorantes en temas decisivos. La diferencia entre unos y otros es que unos aceptan las opiniones de consejeros y subordinados pero otros las rechazan. Chávez había rechazado conceder incentivos a la producción petrolera. Desesperado, Nicolás Maduro decide borrar lo que Chávez hizo (mal).
Venezuela acordó con al menos 7 empresas de servicios cederle el manejo temporal de campos petroleros a cambio de pagarles un monto variable por barril si suben la producción, según el borrador de un contrato y dos fuentes del sector, informó la agencia Reuters desde Caracas, con firma de Corina Pons.
Con estos convenios, el gobierno socialista de Nicolás Maduro establece que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) asignará a terceros el desarrollo de estas áreas bajo un esquema muy similar al criticado y desmontado por el fallecido Hugo Chávez, que aseguraba que dejaban pocas ganancias al Estado.
Maduro, heredero político de Chávez, presenció el 28/08 la firma de “acuerdos de servicios conjuntos” en el Palacio de Gobierno, en lo que dijo es un intento de recuperar hasta 1 millón de barriles de una producción en mínimos de 60 años
“Creo verdaderamente que hemos llegado a la fórmula perfecta”, aseguró Maduro en el evento transmitido en la televisión estatal, en el que se informó que en una primera fase 14 empresas operarán bajo ese esquema.
PDVSA reconocerá a las empresas la inversión inicial, que estiman de unos US$ 430 millones, y pagará “una tarifa”, dijo en el evento el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, sin dar mayores detalles.
Ese día se rubricaron acuerdos con siete compañías, una de ellas de China, según el acto transmitido en televisión. No estaba claro si se trata de todas empresas privadas o no, reseño Urgente 24.
Pero las firmas involucradas no tienen experiencia -al menos conocida- operando campos petroleros y deben buscar apoyo técnico y financiamiento, algo complicado con las sanciones financieras estadounidenses y con el incumplimiento de pagos de deuda, según las fuentes y el documento visto por Reuters.
Las sanciones de Washington también hacen difícil que empresas reconocidas y con más experiencia en el sector puedan involucrarse en negocios en Venezuela, que sufre una severa crisis económica marcada por la escasez y la hiperinflación.
Maduro dice que sufre una “guerra económica” de la oposición con apoyo de USA que busca derrocarlo.
A través de estos convenios, PDVSA entregó dos campos operados en el pasado por la italiana Eni y la francesa Total, entre los siete campos que mencionaron en el acto y que las fuentes definieron como “atractivos”.
Las empresas se beneficiarán con los aumento s de la producción petrolera en los acuerdos firmados por 6 años. PDVSA Petróleo pagará a las compañías prestadoras de servicios un monto “asociado a la producción base más la producción incremental”, según el borrador del contrato.
Además recibirán de PDVSA trimestralmente otro monto para cubrir la inversión que deben asumir en busca de incrementar el bombeo en los campos. La cuota será de entre 30% y 35% de los ingresos disponibles y con base al precio internacional del petróleo, señala uno de los documentos internos de PDVSA.
La compañía diseñó los acuerdos bajo escenarios de precios del crudo de entre US$ 40 y US$ 80 por barril.
Además se establece que PDVSA gozará de un período de gracia de 6 meses para comenzar a efectuar los pagos a las empresas de servicios, a partir del repunte de la producción.
Las fuentes familiarizadas con la negociación dijeron que el borrador del acuerdo era la base de los contratos anunciados por Maduro. Reuters no pudo obtener los contratos finales firmados.
Ni PDVSA ni el Ministerio de Información respondieron a la solicitud de Reuters de más detalles.
En la década del 90, Venezuela atrajo a grandes petroleras al acordar “convenios operativos” que le delegaban la producción de petróleo a cambio de pagarles por los barriles producidos.
Pero bajo el mandato de Chávez se les ordenó a todas las firmas asociarse con PDVSA en empresas mixtas para operar los campos. Entonces, la petrolera estatal se reservó áreas que ahora comienza a entregar.
“Los convenios operativos son ilegales”, dijo en 2005 el exministro de petróleo bajo el gobierno de Chávez, Rafael Ramírez, en un discurso ante el parlamento.
“Como su remuneración varía en función de los volúmenes producidos y los precios de mercado (...) se desdibuja la figura del simple contrato de servicio”, agregó entonces Ramírez, que hoy enfrenta una orden de arresto en Venezuela bajo cargos de corrupción y está prófugo.
No quedó claro de inmediato si los contratos aprobados cumplen con todas las normas vigentes.
Entre las empresas que firmaron los acuerdos en agosto hay 5 firmas locales virtualmente desconocidas: Petrokariña, Enfriadores de Venezuela C.A., Consorcio Rinoca Centauro Kariña, Well Services Cavallino y Consorcio Petrolero Tomoporo.
Las compañías no respondieron a las solicitudes de comentarios o no hay datos públicos que permitan contactarlas.
El grupo también incluye a la empresa china Shandong Kerui Holding Group, una fabricante de equipos petroleros que manejará a nombre de PDVSA el campo Dación. También a la firma panameña Helios Petroleum Services, que se describe como una consultora y empresa comercializadora de crudo, y que ejecutará actividades en el campo Orocual.
Para dar mejores garantías, PDVSA aceptó que los compradores de crudo les paguen directamente a las empresas de servicios en fideicomisos que ellas abrirán para eso, según el borrador.
El acuerdo establece además que PDVSA no podrá alegar como impedimento para pagar “ninguna variable de embargo preventivo, financiero o medidas extraordinarias de bloqueos externos”, argumentos bajo los cuales en el año PDVSA dejó de cubrir millones de dólares en intereses a tenedores de sus bonos.
Asesores de la industria dijeron que el nuevo mecanismo de operación muestra la poca capacidad de PDVSA para invertir recursos propios a fin de incrementar la producción de petróleo, la mayor fuente de ingresos de la nación miembro de la OPEP.
