DANIEL BOSQUE
La canadiense Crystallex, la más dura contendiente del chavismo en los tribunales del mundo tras las expropiaciones de Las Cristinas en 2008, quiere cobrarse de una vez por todas los casi US$ 1.400 millones que el CIADI le reconoció en 2016.
Abogados de la empresa canadiense presentaron el lunes al Tribunal del distrito de Delaware un pedido para embargar las acciones de PDV Holding, una filial de PDVSA dueña, a su vez, de la refinadora Citgo.
PDVSA emitió un bono que utilizaba el 50,1 por ciento de las acciones de Citgo como garantía. El 49,9 por ciento restante de las acciones de Citgo se utilizaron como respaldo para un préstamo de 1.500 millones de dólares de la petrolera rusa Rosneft.
Venezuela enfrenta una veintena de litigios por la ola de expropiaciones que ordenó en años recientes, pero sus equipos legales buscan retrasar los pagos, en medio de la recesión económica y la inflación de tres dígitos que vive el país.
Crystallex introdujo una demanda contra Pdvsa por realizar movimientos fraudulentos al transferir acciones de Citgo Holding para evitar el cobro de las acreencias que la filial venezolana mantiene con la compañía canadiense producto de la nacionalización de los activos en Venezuela.
En junio, Crystallex obtuvo órdenes judiciales para impedir que el banco japonés Nomura y la china Haitong International transfirieran valores propiedad de Venezuela.
El 9 de agosto, el Tribunal Federal de Distrito de Washington, DC, negó la solicitud de Venezuela de suspensión de la ejecución hasta que se presentara una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos.
No todas han optado por la confrontación con el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. La también canadiense Gold Reserve querrelló en el CIADI y obtuvo un laudo favorable contra Venezuela por las expropiaciones auríferas de Hugo Chávez en 2008, pero el año pasado acepto el invite del gobierno venezolano de asociarse en un joint venture.
En agosto 2016 Gold Reserve acordó con el chavismo una sociedad mixta por la cual recibirá US$ 770 millones como parte de un acuerdo con Venezuela por la expropiación del 2008 de su proyecto de oro y cobre Brisas, en un acuerdo que depende del país para obtener financiación.
Venezuela también acordó la compra de los datos mineras de la empresa, por US$ 240 millones y entrara en una empresa de propiedad conjunta para un área de 18.000 hectáreas que incluye el depósito de Brisas Cristinas.
Asfixiado por la debacle de PDVSA, Maduro promueve desde marzo del año pasado el Arco Minero del Orinoco, región que alberga millones de onzas de oro. Utilizando los buenos oficios de Gustavo Cisneros, el magnate que decidió convivir con el chavismo, diversas mineras canadienses fueron tentadas a tomar posiciones en la prometedora cuenca metalífera. Hasta ahora, la propuesta no ha cuajado por la situación económica, política y social de Venezuela y también por la connivencia del chavismo con la llamada minería ilegal, que para muchos en ese país no es lo tanto.
"En Las Cristinas hay más de 30 millones de onzas, pero el problema es que arriba tienes 45.000 mineros informales tolerados por el gobierno" dijo a Mining Press un empresario del sector que pidió reserva de identidad por temor a represalias.
En agosto pasado el Ministerio de Minería (MINERVEN) organizó una presentación al cabo de la cual dijo haber firmado acuerdos por 5.500 millones de dólares con empresas como Barrick Gold y la china Shandong Gold.
Sin embargo, Andy Lloyd, vicepresidente de Comunicaciones de Barrick afirmó a Mining Press: "No hicimos ninguna anuncios de inversión y no tenemos ningún proyecto en Venezuela. En ese momento fuimos invitados a revisar los datos y la información sobre los proyectos mineros en el país, junto con un número de otras compañías. Esto es algo que hacemos de forma rutinaria como parte de nuestro negocio. No hemos hecho ninguna inversión en Venezuela".
Según pudo saber este diario, otras grandes mineras como GoldCorp y Newmont fueron sondeadas para sumarse a la aventura del oro venezolano. El anzuelo es, como tantas veces en la minera, tomar posición en una zona de abundante riqueza y esperar que se clarifiquen escenarios políticos.
Analistas bursátiles que siguen el comportamiento de las mineras consideran sin embargo que la sola mención a los mercados de posibles inversiones en un país en crisis y bajo la sombra de una autocracia creciente poría repercutir negativamente en el valor de las acciones.
