The Wall Street Journal señaló que Donald Trump impondrá este lunes sanciones dirigidas a la industria petrolera. Pero las importaciones de crudo no están sobre la mesa.

El senador republicano Marco Rubio le pidió al presidente de EE.UU., Donald Trump, que imponga sanciones económicas al Gobierno de Venezuela, amplíe las dirigidas a individuos que han cometido violaciones de derechos humanos y desconozca los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente.

"Le urjo a que imponga sanciones económicas al régimen de Maduro que no perjudicarán al pueblo de Venezuela pero sí privarán al régimen de Maduro de los recursos que necesita para permanecer en el poder", pidió Rubio en un comunicado.

Según adelantaron fuentes del Gobierno a The Wall Street Journal, EE.UU. estudia anunciar este lunes una nueva ronda de sanciones dirigidas a la industria petrolera venezolana, aunque un embargo a las importaciones de crudo no está sobre la mesa por ahora.

Claro, porque el tema de petróleo es de doble filo. Actualmente, Venezuela vende más de 700.000 barriles de petróleo diarios a Estados Unidos, de una producción total de alrededor de dos millones de barriles al día, o un poco más del dos por ciento de la producción mundial.

Expertos energéticos, consultados por The New York Times, afirman queVenezuela podría eventualmente encontrar un mercado para remplazar al estadounidense, al exportar más petróleo pesado a China e India, pero tendría que hacer un descuento. Y los 100.000 barriles diarios de petróleo ligero que importa de Estados Unidos podrían ser sustituidos con importaciones de Nigeria y Argelia.

Geoff Thale, del grupo de análisis WOLA (Washington Office on Latin America), dijo a la AFP que es “muy escéptico de que las sanciones unilaterales de Estados Unidos sean eficaces. Es más probable que hagan sentir al gobierno que no tiene otra opción que resistir, y ofrecen al gobierno un grito nacionalista contra Estados Unidos”.

David Smilde, especialista en Venezuela en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana, señaló que “es posible que el gobierno venezolano se vea fortalecido por las sanciones de Estados Unidos. No hay manera de aplicar sanciones económicas en Venezuela ahora sin hacer la situación humanitaria mucho peor. La gente morirá de hambre”.

Entre uno de los sancionados de la semana pasada, está Simón Zerpa, vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), algo que podría complicar las relciones entre la petrolera y las empresas estadounidenses que tienen operaciones en Venezuela.

Uno de los principales temores, de imponer sanciones petroleras a Venezuela, es que los otros países capaces de procesar el crudo pesado venezolano son Rusia y China, algo que aumentaría la influencia de esos países en la región.

Es complicado”, dijo David L. Goldwyn a NYT, quien fue un enviado de alto nivel para asuntos de energía del Departamento de Estado durante el gobierno de Obama. “Sanciones severas podrían conducir a una situación moratoria de sus bonos, un colapso de la inversión interna y la producción petrolera”, agregó. “Otros efectos podrían incluir malestar social, flujo de refugiados a través de sus fronteras y el fin del apoyo económico de Venezuela para Cuba y Haití lo que podría generar flujos de migración hacia Estados Unidos”.

El periódico plantea un daño colateral a EE.UU. "Cualquier embargo comercial podría elevar los precios de la gasolina, así como costarle puestos de trabajo en el sector del petróleo y afectar el margen de ganancia de varios de los principales refinadores. Un descenso en las exportaciones de Venezuela podría aumentar los precios del petróleo en todo el mundo, impulsando a las economías de Rusia e Irán justo en el momento en que Washington se prepara para incrementar las sanciones contra esos países", señala la publicación.

Trump analiza un menú de opciones. Hoy anunciaría algunas de ellas. A pesar de no tener embajadores desde 2010, EE.UU. tiene que cuidar los intereses de varias multinaciones estadounidenses que han invertido fuertemente en Venezuela. 

MARCELO CANTELMI

La Venezuela del Norte, como la Corea de Kim Jong-un aunque con menos pretensiones, también apuesta al aislamiento. Lo hace con un puñado de medidas que acercan más al régimen de Nicolás Maduro a la desesperación que a la lógica del combate.

La noción del chavismo es que el tamaño de la amenaza debería inhibir a sus cuestionadores de adentro y de afuera. Una crisis sin límites dispararía una confusa solidaridad de grupos en toda la región, que aún suponen que lo de Venezuela es una revolución, agravando la agenda de las amenazas sociales que se han desatado en toda el área.

Por eso, el Mercosur recula y la OEA también, desinteresados de agregar este problema a sus litigios domésticos. Pero, además, el gobierno de Maduro se maneja con la idea de que se debe escapar todo el tiempo hacia adelante, proponiendo un choque de fuerzas definitivo que pueda cerrar el acoso que le ha presentado una consolidada fuerza opositora.

La prohibición proferida por el chavismo a cualquier manifestación que interfiera con el proyecto de la reforma constitucional que le brinde poderes absolutos a la nomenclatura, juega precisamente en esos límites.

La oposición respondió con una convocatoria de tres días de movilizaciones permanentes, cerrando las calles y avenidas y evitando que se concentre la represión. Mañana, esto puede ser explosivo porque se bloqueará el camino incluso a los chavistas que vayan a las urnas.

Es un choque de trenes. No queda más espacio. Lo que se busca desde el poder asediado es una definición y debería ser concluyente. Pero el planteo de cuanto peor mejor tiene debilidades importantes. Legitima la furia de la protesta callejera que enarbola la demanda de democracia, elecciones y libertad de opinión y de prensa, que es casi todo lo que ha conculcado el régimen.

Pero además, no son los años 70 donde todo parecía posible desde el autoritarismo. El mando chavista corre el claro riesgo de exhibir sus reales ropajes, porque una ofensiva sobre la gente como la que se teme que se pueda producir lo acerca al formato de una dictadura clásica como las que ha vivido América latina en la larga noche de las tiranías militares.

Una cosa es parecerlo, otra demostrarlo. Esa acción, que se sostendrá con muchas más víctimas a manos de las bandas armadas y la Policía, debilitaría el perfil victimizado con el que ha jugado el chavismo desde que la crisis social sin salida comenzó a violentarlo.

Aquí se habla mucho del riesgo, a partir de la instauración de la Constituyente, de un segundo Caracazo como el que conmovió el país con una montaña de muertos en 1989, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aunque hay otras voces que son más cautas y afirman que el abismo esta aún lejano “porque no se llegó al ojo del huracán”, en palabras del analista Omar Lugo, un observador muy fino. Desde una mirada, el levantamiento de las manifestaciones iría en esa línea.

También juegan otros límites, los de la real capacidad de hacer lo que el mando chavista cree que le es posible. No hay claridad, porque la dinámica de su crisis le define inevitablemente sus capacidades. Una mayor represión puede evidenciar esas fronteras, como le ha sucedido a otros experimentos autoritarios en el Maiden de Ucrania o en el Norte de Africa, que acabaron sucumbiendo.

Este es un gobierno cívico-militar que mantiene en un alto nivel de privilegios a los altos mandos y con un rigor hacia abajo que recorta cualquier intento de indisciplina. Por lo tanto no hay costuras ideológicas en ese armado y eso define una vulnerabilidad.

Esa insolvencia se constata también en otras estructuras, como dio claramente a entender la fiscal Luisa Ortega Díaz, chavista duramente opuesta al madurismo, en una entrevista a Clarín en la cual advirtió que hay muchos más como ella en lo que era el corazón sólido del régimen.

La trampa de la Constituyente apenas oculta el desastre sobre el que se mueve este modelo. En apenas tres años Venezuela perdió más de un tercio de su PBI. El año pasado, según cifras independientes, la economía tuvo un retroceso de 12%, y para 2017 el pronóstico es que pierda alrededor del 10% con una inflación que llegaría al 2.000%.

Un informe de la alemana DPA recuerda que el gobierno apostó por la recuperación del precio del barril con los recortes de producción acordados entre socios de la OPEP y fuera del cartel. “Pero la meta de 70-80 dólares para este año sigue lejana, ya que el precio promedio del barril venezolano en lo que va de año está en los 43,60 dólares”.

No hay crecimiento ni inversiones, pero sí una amplia ineficiencia que explica tanto el parate del país como el desabastecimiento para las clases populares ya con situaciones agudas de hambrunas y la ausencia de medicamentos.

Ahí surgió una nueva grieta, porque el régimen permite ahora el ingreso de alimentos a dólar libre, lo que ha producido un fenómeno de apartheid como lo define Lugo, consistente en que solo un sector de la sociedad tiene acceso a esos productos costosos, aunque comunes en otros países, como gaseosas, harinas o alimentos envasados.

Existen dos fuerzas equivalentes que han sostenido la decisión del régimen de no cambiar su rumbo y endurecerse. Una es la pérdida de destino para sus fortunas, su vida y su libertad y la de sus familias si todo el andamiaje se derrumba.

La otra es que la ubre venezolana, con un Estado que se ha disuelto, permite un puñado de tamaño oceánico de negocios opacos con alto rendimiento. El contrabando de combustible subsidiado a Colombia donde un litro vale un dólar y un tanque completo en Venezuela cuesta menos de la mitad de ese billete, es uno de ellos con una ganancia que se estima en hasta 4 mil millones de dólares anuales.

La vista gorda de las autoridades es a extremos tales que se han descubierto gruesas mangueras que cruzan el Orinoco hacia Colombia bombeando directamente el combustible al otro lado para su reventa. También está la renta espuria que produce el pedaleo en el mercado negro entre quienes acceden al dólar petrolero y lo cambian a diez bolívares por unidad y lo revenden a ocho mil en el paralelo. O, últimamente, el negociado con las bolsas de alimento para los pobres que se pagan a 30 bolívares y en el mercado negro se revenden a mas de 50 mil.

La Asamblea Constituyente que se vota mañana es una herramienta imaginada para cerrar este circulo sobre sí mismo y mantener el status quo sin objeciones. Ese organismo nacerá con autoridad plenipotenciaria, con capacidades para eliminar los poderes alternativos, desde el Congreso con mayoría opositora hasta los organismos rebeldes del chavismo como la Fiscalía General.

Cuando esa estructura se instituya, gobernará el país y será un aparato controlado por el régimen que para sostenerlo deberá machacar sobre toda alternativa de autoridad. Ese pobre destino puede ser la trampa en la cual inevitablemente ha caído el poder bolivariano intentando salvarse.