Las protestas de este jueves en Caracas, convocadas por la oposición a Maduro para reclamar una fecha al referéndum revocatorio, se suman a una serie de acontecimientos que aceleran las probabilidades de que Venezuela incumpla sus pagos de deuda.
Cierto es que el país ha vivido con el fantasma de default durante años, sin embargo los funcionarios han hecho todo lo posible para limitar las importaciones y sanear la deuda. Todo ello mientras el Gobierno de Nicolás Maduro ha centrado prácticamente la totalidad de sus esfuerzos en reprimir las manifestaciones y en reforzar las medidas de seguridad del país.
Sin embargo, al margen de esa proyección pública, la deuda venezolana se ha convertido en el principal problema del país, en parte debido a la presión ejercida por Estados Unidos sobre las principales entidades bancarias para bloquear los ingresos ilícitos de Venezuela, según apunta la agencia Stratfor.
Así, el pasado mes de julio Citibank decidió paralizar algunos pagos de deuda a tenedores de bonos soberanos de Venezuela emitidos por la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), alegando una revisión del riesgo al alza.
Esto obligará a la petrolera estatal a buscar otra entidad dispuesta a financiar su deuda, lo que supone un enorme riesgo para el país. Y es que si PDVSA no puede pagar a los tenedores de bonos, podría desencadenarse una batalla judicial que tendría consecuencias, no sólo para el futuro financiero de la petrolera, sino también para la estabilidad social de Venezuela.
La decisión de Citibank parece motivarse en informes acerca de investigaciones en curso por parte de los departamentos de Justicia y del Tesoro sobre supuestas actividades criminales en el seno de PDVSA.
Según una fuente citada por Stratfor existe preocupación por una presunta operación de lavado de dinero en la que estaría involucrada la petrolera estatal. Asimismo estos informes también señalan que, próximamente, podrían producirse sanciones, por parte de Estados Unidos, a políticos e instituciones venezolanas.
En esta línea, otros bancos como UBS, Santander Banca Privada, Banco Safra y HSBC, puede que sigan los pasos de Citibank y también bloqueen los pagos de deuda de PDVSA dados los crecientes riesgos.
Por su parte la petrolera estatal está actualmente tratando de ejecutar un canje de bonos para cumplir con los pagos de deuda con vencimiento en 2017, aunque no está claro si su interés en un intercambio está relacionada con los problemas para encontrar un agente de pago o sobre su capacidad financiera para emitir pagos a futuros.
La decisión de Citibank y la creciente percepción de riesgo entre otras instituciones financieras coloca al gobierno de Venezuela en una posición de debilidad.
Todo este proceso podría derivar en uno similar a la batalla de casi quince años que el Gobierno de Argentina mantuvo con los acreedores y abriría la puerta a un mayor caos político y económico en Venezuela.
Una incapacidad para pagar a los tenedores de bonos que finalmente conduciría a un proceso de reestructuración de la deuda, pero PDVSA, que se basa en el crédito para pagar los costos de operación, es probable que sufra una pérdida de producción, ya que los prestamistas estarían menos dispuestos a conceder crédito a una empresa en quiebra.
Una caída significativa en la producción de petróleo llevaría al país a la inestabilidad. Y es que el flujo de dólares sobre las finanzas públicas, que son cruciales para el pago de las importaciones de alimentos y otros productos de primera necesidad, se reduciría, lo que incrementaría la inflación y, con ello, el malestar social.
Dado que las exportaciones de petróleo de PDVSA proporcionan alrededor del 95% de los ingresos por productos exportados en Venezuela, su peso sobre la deuda externa pondría en riesgo la estabilidad del Gobierno.
Todavía hay una posibilidad de que PDVSA pueda encontrar un sustituto para Citibank como un procesador de pagos y afrontar los cinco mil millones de dólares que debe en vencimiento de deuda en octubre y noviembre.
Pero en caso de que no pudiese, la fuerte caída de los niveles de renta que acompañarían a los impagos serían extremadamente peligrosos para la estabilidad de Venezuela, tal y como apunta Stratfor.
Aquí es donde la influencia de Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional podría desempeñar un papel importante a la hora de suavizar la situación de post-default que podría vivir Venezuela dado que este país podría buscar un paquete de asistencia financiera por parte del FMI u otros prestamistas internacionales.
Para PDVSA y la administración, los próximos meses serán cruciales. ¿Cómo reaccionarán las instituciones políticas, civiles y militares que arropan a Maduro ante el deterioro de la economía y las finanzas públicas?
La respuesta podría llegar por parte de algunos miembros del Gobierno que, como el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, podría comenzar a apoyar públicamente una transición política al margen de Maduro.
La petrolera venezolana PDVSA debe cancelar 3.900 millones de dólares en la segunda mitad de 2016 entre vencimientos e intereses.
En jaque debido a la caída internacional de los precios del crudo y a un presunto desfalco de 13.000 millones de dólares, la estatal encontraría en un canje de bonos una salida.
Así lo anticipó el propio presidente de la compañía, Eulogio Del Pino, al comentar a medios de prensa "un plan de intercambio" de la deuda.
"Tenemos un bono de 2.000 millones de dólares y está muy fácil ofrecer un canje", dijo el ejecutivo en referencia al PDVSA 2017, que vence en noviembre y que negocia con el Credit Suisse Bank.
En lo que va de 2016, PDVSA emitió notas de crédito por 831 millones de dólares para pagar a proveedores, siguiendo una modalidad adoptada en 2015, cuando emitió 310 millones de dólares.
A inicios de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había precipitado la salida de Del Pino de la petrolera, pero luego volvió sobre sus pasos.
La razón: dejarle concluir "el canje de bonos, la titularización de la deuda con proveedores y acuerdos para aumentar la producción", según el diario El Nacional.
Las versiones sobre su eventual salida, por divergencias de gestión con funcionarios de Maduro, habían impactado negativamente en el mercado.
La crisis venezolana es uno de los motivos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señala como causa de la contracción que pronostica para 2016 en la región, como ya fue citado en DIRIGENTES.
Esa crisis ya provocó este año la suspensión del servicio de llamadas internacionales de Telefónica y la cancelación de vuelos de compañías aéreas internacionales, como Latam, Lufthansa, GOL y Aeroméxico.
Los motivos alegados por esas compañías se resumen en la devaluación monetaria y dificultades de acceso a divisas para cumplir compromisos con proveedores internacionales.
Hay recesión económica, drenaje de reservas, tipos de cambio siderales y escasez de bienes básicos, en un contexto hiperinflacionario (274% en lo que va del año y 576% interanual).
El FMI estima que el índice de precios podría superar los 700 puntos hacia fin de año y llegar a 2.000% el año que viene.
El Gobierno aumentó los salarios un 50% a partir de este 1 de septiembre, llevando la remuneración mínima a un equivalente de 64,5 dólares (cifra muy relativa, debido a la fragilidad de los datos).
Además de la emergencia económica, el presidente Maduro declaró estado de excepción, enfrentando una oposición creciente de la sociedad y de opositores políticos a la continuidad de su mandato.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que ganó un procedimiento arbitral a Phillips 66, filial de la empresa estadounidense ConocoPhillips, que pedía a la compañía venezolana una compensación de 244,35 millones de dólares por el presunto incumplimiento de un contrato de suministro de crudo.
PDVSA "ha conseguido justicia en el procedimiento llevado a cabo ante la Corte Internacional de Arbitraje, con ocasión de la írrita e infundada demanda intentada en su contra, por la trasnacional Phillips 66, filial de la empresa norteamericana ConocoPhillips", dice un comunicado difundido por la compañía petrolera venezolana.
Pdvsa indicó que la demanda se dio luego de que ambas partes no llegaran a un acuerdo en la interpretación del "contrato de suministro de crudo Merey 16 para la refinería de Sweeny (Texas, EE.UU.)" que fue suscrito en 1999 entre las compañías.
Explicó que "Phillips 66 exigió un ajuste para el segundo semestre de 2008 y el primer y segundo semestre de 2009 por la suma de 244,35 millones de dólares, lo cual ha sido expresamente controvertido por PDVSA, en virtud de que su posición está orientada hacia un cálculo sustancialmente menor".
El tribunal que llevó el caso estableció que la demanda de Phillips 66 "carece de fundamentos técnicos y legales", por lo que le ordenó reembolsar a PDVSA 1,5 millones de dólares.
La estatal venezolana es la quinta compañía de petróleo en el mundo y cuenta con unas reservas probadas de crudo de 300.878 millones de barriles y 201.349 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas.
