ÁLVARO RÍOS ROCA *

Estamos asistiendo apenas a ver la punta del iceberg acerca de la profunda crisis energética en la cual Bolivia está inmersa. La he denominado como “el agujero negro energético boliviano”. Un agujero negro es una región finita del espacio descrita en las ecuaciones de Einstein, cuyo interior posee una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que, salvo por un determinado tipo de procesos cuánticos, ninguna partícula ni radiación —ni siquiera la luz— pueden “escapar” de él. Es decir, se devora o trasforma todo lo que está en sus inmediaciones.

Hago esta anotación, para hacer analogía con la muy compleja situación energética que se avizora en Bolivia. La energía empieza a devorar los escasos dólares existentes y deteriorar la economía y transformará muchos aspectos en lo económico, social y lo político en el futuro.

Estamos transitando, de ser un país gran exportador de energía con elevada renta a ser un país gran importador de energía con elevados subsidios. Por varios años, se recibió una renta inusitada fruto de exportaciones de gas natural, condensado y GLP de reservas descubiertas hace aproximadamente 25 años atrás. Las importaciones de diésel eran muy pequeñas. La balanza comercial energética promedio entre 2012-2015 fue positiva de 4,365 MMUSD por año.

A futuro tenemos una balanza comercial energética proyectada promedio entre 2023 y 2030 negativa de 3,362 MMUSD por año. A las ya abultadas importaciones de diésel y gasolina se sumarán muy en breve las de GLP, y hacia el 2028/2029 las de gas natural. Todo lo anterior con un precio promedio de 85 USD/barril. Es decir, al paso que vamos el 2030 se estará importando un gran porcentaje de la energía que consume el país.

Recordar, que las exportaciones dejan 32% de impuesto IDH que de futura producción será cero. De igual manera pasa con las regalías del 11% y de los otros tributos que llegarán a ser cero. La situación se complica cuando los subsidios en promedio vs. los precios importados internacionales rozan el 60%.

No se quiso reconocer y peor aún hacer lo que se tenía que hacer. Desde hace más de una década que sabíamos que los campos descubiertos comenzaban a declinar y que perderíamos la capacidad exportadora y luego se vendrían importaciones.

No se quiso entender que importar a Bolivia un barril de petróleo cuesta 30 USD/barril adicional al precio que se tiene en las costas de los países vecinos. Importamos a 85 USD/barril, mientras a lo producido en el mercado interno remuneramos 27 USD/barril. Una aberración económica.

Por todos los canales posibles, desde 2013 pedí que hiciéramos un nuevo marco legal que permita capital privado para explorar y reponer reservas de manera de seguir exportando y no tener que importar. Nos respondieron con que había un mar de gas, que YPFB era la fuerza que movía Bolivia, que éramos el corazón exportador energético de América Latina y con infinidad de planes exploratorios. El tiempo me dio la razón y así llegamos donde estamos transitando de país exportador a importador de energía.

El agujero negro energético boliviano empezó con la aprobación de la Ley 3058 (2005) y la aprobación de un IDH plano de 32%, sin considerar que este era un primer freno a la exploración futura y que constituía un cambio a las reglas de juego y la seguridad jurídica.

Luego vino la famosa nacionalización (2006) que nuevamente cambio las reglas de juego con toma forzada de empresas, nuevas condiciones en contratos para exploración y dio básicamente a YPFB la totalidad de la responsabilidad para nueva exploración. Un Estado estatista y empresario.

Bueno, ahora que se reconoce la necesidad de una nueva norma en hidrocarburos que genere inversión privada en exploración, nos encontramos con que en las mismas esferas del gobierno se trabajan en dos frentes con borradores de propuesta distintos. No me parece adecuado y seguiré buscando una explicación.

* Ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia y actual socio director de Gas Energy Latin América