CATALINA BINDER *

El mercado eléctrico chileno, basado en un modelo de libre competencia, ha sido una fuerza impulsora detrás del crecimiento económico del país. Sin embargo, también ha generado grandes desafíos que han llevado a tensiones que amenazan con socavar este modelo.

Los conflictos entre las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras han llegado a un punto crítico, exacerbados por modificaciones legales que han agitado las aguas y afectado la estabilidad del suministro.

Las generadoras -encargadas de producir electricidad-, han enfrentado desafíos significativos debido a modificaciones legales que buscan fomentar la diversificación de fuentes. Aunque la intención es loable, la implementación ha sido un terreno movedizo, generando incertidumbre y ralentizando la toma de decisiones en inversiones cruciales.

La transición hacia fuentes de energía más limpias ha sido un objetivo clave, pero la falta de claridad en las regulaciones ha desincentivado la inversión. Las generadoras, buscando mantener su rentabilidad, enfrentan barreras en la adaptación a nuevas tecnologías, mientras que la sobreoferta de energía en algunas regiones contrasta con la escasez en otras, complicando la gestión eficiente del sistema.

Las transmisoras -responsables de la infraestructura que transporta la energía desde los puntos de generación hasta las áreas de demanda-, buscan ampliar sus redes y garantizar un flujo constante, pero han visto obstaculizada su expansión por modificaciones en la legislación. Proyectos de vital importancia han enfrentado resistencia local y revisiones exhaustivas, retrasando la modernización necesaria para garantizar un flujo eléctrico estable en todo el país.

El debate sobre la propiedad y gestión de las líneas de transmisión también ha contribuido a la creciente discordia, con disputas sobre tarifas y responsabilidades. Asimismo, la necesidad de modernizar la infraestructura de transmisión para adaptarse a la diversificación de fuentes ha generado desafíos logísticos y financieros.

En el ámbito de las distribuidoras, la presión por mantener tarifas accesibles choca con la necesidad de invertir en infraestructura moderna y sostenible. La falta de consenso sobre los mecanismos de regulación ha exacerbado las tensiones, amenazando con desencadenar aumentos abruptos en las tarifas para los consumidores finales.

El Gobierno se encuentra en una posición delicada, tratando de equilibrar la promoción de la inversión privada con la necesidad de asegurar un suministro eléctrico estable y accesible para todos. La revisión de las políticas y la implementación de medidas regulatorias más efectivas se presentan como imperativos para evitar una crisis energética.

En última instancia, la resolución de estos conflictos requiere un enfoque integral que considere la planificación estratégica a largo plazo, la inversión en tecnologías emergentes y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Solo mediante un diálogo constructivo y la colaboración entre generadoras, transmisoras, distribuidoras y el gobierno se podrá trazar un camino hacia un futuro energético sostenible para Chile.

La estabilidad y la prosperidad del país dependen de superar este vórtice de tensiones y tejer una red de colaboración que ilumine el camino hacia un horizonte energético más brillante.

* Vicepresidenta Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)