El gobierno publicó los nuevos precios de la energía eléctrica para el trimestre 1° de febrero – 30 de abril. La publicación vino con sorpresas y marca un cambio de rumbo respecto a los anunciado en las recientes audiencias.

El secretario de Energía había anunciado en la audiencia para actualizar las tarifas de distribución eléctrica en el AMBA que se encaminaba a un programa de reducción de subsidios “gradual pero acelerada” en el marco de 3 meses por el cual los hogares medios y medios altos perderían los subsidios a partir del primero de abril.

Sin embargo, la resolución que se publicó muestra que se mantendrán sin cambios los precios de la energía que pagarán los sectores de ingresos medios (N3) y bajos (N2) en el próximo trimestre.

Así un residencial N2 (de ingresos bajos) pagará poco más del 6% de la energía consumida y un hogar de ingresos medio el 8%. Estos niveles de cobertura que son peores a los de diciembre 2015, y empeoraran a partir del efecto de la inflación en los próximos meses.

Es decir, pagarán el costo pleno de generación las familias incluidas en el nivel de ingresos altos (N1: aprox 35% de los hogares) cuyas facturas se duplicaran, y el resto de las categorías comerciales, MiPymes y grandes usuarios clientes de las distribuidoras y son estos aumentos los que podrían tener efectos sobre la inflación de los próximos meses.

Con esta nueva configuración, el gobierno logra un nivel de cobertura general del sistema de aproximadamente el 75%, que le permite por ahora mantenerse en línea con la previsión de reducción de subsidios de medio punto del PBI para este año.

Los aumentos importantes lo verificarían los usuarios no residenciales chicos y organismos oficiales, con aumentos en los precios de la energía de 407% mientras que los grandes ganadores con estos nuevos precios parecen ser los generadores, con aumentos en una parte importante de sus ingresos (factor potencia) del 658%.

Este nuevo esquema de precios “deja espacio” en las facturas del AMBA para los aumentos de distribución y transporte solicitados por las empresas en las audiencias, a la vez que quita presión a los gobernadores , que con tarifa de distribución actualizada tendrían que trasladar aumentos significativos de la energía en hogares medios y bajos en un marco social y económico complicado.

Sin embargo, genera una enorme distorsión que de no ser modificada, implicara que 2 de cada 3 familias de todo el país terminaran pagando precios ridículamente bajos por la energía, con un atraso cada vez más difícil de remontar.

Este amague tarifario podría responder al miedo a la judicialización, o a la demora en la presentación del nuevo esquema de tarifa social, en ambos casos refleja la falta de análisis de previo o la subestimación de este problema.