LUIS MIGUEL CASTILLA *

No puede ser posible que nuestro país esté en tal nivel de ingobernabilidad y que sucedan repudiables hechos como los criminales actos cometidos en contra de Compañía Minera Poderosa y sus trabajadores en Pataz. La minería ilegal, con la complicidad de algunos grupos políticos y ante la inefectividad de las fuerzas del orden (pese a las declaratorias de estado de emergencia) y las instituciones que se supone deben velar por la seguridad interna, debe ser urgentemente encarada.

Hoy las actividades criminales campean ante la ineptitud y la indolencia de autoridades que están más concentradas en sus propios intereses y que mantienen una impunidad que erosiona cada día más el futuro del Perú y el bienestar de la ciudadanía.

Como señala Ricardo Valdés en nuestro libro “Propuestas del Bicentenario: Rutas para el desarrollo institucional” (Debate, 2023), las economías criminales que operan en el país movilizan fuertes cantidades de dinero, tienen una importante presencia en todo el territorio y están en poniendo en jaque a la actividad empresarial formal y el bienestar colectivo. Sus operadores tienen contactos tanto con la criminalidad organizada como con la delincuencia común, que les presta servicios. Estas actividades tienen múltiples nexos con funcionarios públicos y mantienen “partidas de gasto” para la corrupción de autoridades.

Algunas de estas economías están absolutamente “normalizadas” por la población y se entremezclan con la economía informal. En algunas regiones, es el motor de la economía local, lo que dificulta enormemente su erradicación. La minería informal abarca alrededor de 85 millones de hectáreas en el territorio nacional. Además, incluyen dentro de la cadena de suministros a importantes empresas formales que les proporcionan insumos o maquinarias. Es el caso de la minería ilegal, que mueve la mayor cantidad de dinero.

Según el estudio sobre economías criminales en el Perú realizado por Valdés, Basombrío y Vera, se estima en alrededor de US$ 1777 millones lo que moviliza la minería ilegal. Este es un cómputo conservador, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) calcula que superan los USD 2000 millones.

La minería no formal está extendida prácticamente en todo el país y emplea a una fuerza laboral considerable. Los estimados más tímidos hablan de unos cien mil mineros, pero, si se incluye a todos los que participan de la cadena productiva proporcionando bienes y servicios, se llega al medio millón de personas relacionadas con esta actividad.

Como hemos visto, los mineros ilegales se apropian de territorios que no les pertenecen con argucias legales, comprando funcionarios o simplemente por la fuerza y hasta perpetrando viles atentados terroristas. La sinergia con otras estructuras criminales es evidente y se establecen pautas de extorsión, sicariato y robo agravado donde los propios mineros ilegales son asaltados por delincuentes comunes que llegan a las zonas de operación y a las ciudades circundantes.

A los delitos de corrupción y defraudación tributaria relacionados con la minería ilegal también debe agregársele el lavado de activos. La UIF la tiene como el principal delito precedente en lavado de activos, muy por encima de la defraudación tributaria, la corrupción de funcionarios, el contrabando y el narcotráfico.

Los procesos de formalización minera han fracasado y el Congreso de la República apaña este fracaso prorrogando fechas de inscripción en el registro oficial (ya van cuatro prórrogas). Esto, en lugar de permitir una mayor formalización, otorga un manto de legalidad para que las actividades ilícitas sigan campantes.

De hecho, el 92% de los que están en proceso de formalización no son titulares de concesiones y el 64% de los mineros informales están en concesiones de terceros. Como acciones para combatir la minería ilegal, el Gobierno evalúa instalar bases policiales y militares en zonas con mayor presencia de minería ilegal.

Además, ha dispuesto sincerar el número de inscripciones en Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) mediante la aprobación de una ley que promueva la depuración del REINFO de aquellos mineros que mantienen suspendida su inscripción e incumplen con los requisitos del proceso de formalización.

¿Serán suficientes estas medidas? No, si no se aborda toda la cadena involucrada, incluida una mayor supervisión y monitoreo de los centros de transformación y comercialización que aseguren la trazabilidad de la producción ilícita; se redefinen competencias entre el Gobierno nacional (y las entidades de fiscalización) y las direcciones regionales a cargo de la pequeña minería y la artesanal; se mejora el control de insumos, se dota de mayor inteligencia policial y de una presencia estatal efectiva, entre otros.

Pero quizás lo más importante es liderar un esfuerzo al más alto nivel del Gobierno que enfrente el problema con el mayor grado de urgencia. No podemos pasar por agua tibia el terrible flagelo de las economías criminales que, cada vez más, dominan vastas extensiones del territorio nacional y nos hacen recordar los días más aciagos del terrorismo.

* Director ejecutivo de Videnza Instituto