VÍCTOR TAVERA *

Chile se ha propuesto como meta ser carbono neutral al año 2050, y en esa misión el sector energético juega un rol clave, ya que es el responsable del 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. En este sentido, avanzar en un proceso de descarbonización de nuestra matriz energética, a través del retiro de centrales térmicas y su reemplazo por energías renovables, es una tarea que debe estar en nuestra agenda.

Sin embargo, la descarbonización no se agota en aquello. Resulta fundamental que la transición energética llegue a los hogares, a las personas, a través una mayor electrificación de los consumos energéticos, como la calefacción y el transporte eléctrico, así como también posibilitando un desarrollo masivo de la generación distribuida y el almacenamiento de energía a nivel residencial.

El país se ha fijado metas desafiantes en materia de políticas públicas, como pasar de 24% a 75% de electrificación de la matriz de consumo final de energía e instalar 8000 MW de generación distribuida al 2050, también se ha definido que el 18% del compromiso de carbono neutralidad al 2050 esté asociado al desarrollo de electromovilidad, y se busca reducir de 12 a 4 horas al año las interrupciones de suministro eléctrico al 2035.

Para que ello sea una realidad, se requerirá de redes de distribución eléctricas modernas, flexibles y resilientes, capaces de soportar la mayor demanda, la bidireccionalidad de los consumos y la necesidad de una mayor calidad de servicio para los usuarios. Se trata de un esfuerzo que no se hace de la noche a la mañana. Necesitamos redes realizadas con la eficiencia debida acorde a un marco regulatorio moderno y con visión de futuro.

Sin embargo, nuestras redes de distribución no están preparadas para afrontar este desafío. La regulación actual del sector tiene 40 años sin modificaciones estructurales y hoy es una piedra de tope no sólo para responder a las necesidades de los usuarios en el mediano plazo, sino que incluso para cumplir las expectativas actuales de los clientes respecto del servicio que reciben. En otras palabras, se requiere de una clara hoja de ruta para llevar adelante una reforma profunda al modelo de distribución eléctrica, que nos permita anticiparnos a los nuevos requerimientos que tendrán las redes y la ciudadanía.

Es clave avanzar en cambios que permitan desarrollar las inversiones necesarias en las redes de distribución, generando un proceso que considere la realidad operacional de las compañías, un sistema de incentivos más eficiente y transparente para la ciudadanía, y un rol más activo del Estado en la planificación de estas redes.

Asimismo, resulta fundamental que esta reforma sea pensada con una mirada que ponga a los usuarios de energía como protagonistas, generando incentivos para que éstos produzcan su propia energía y gestionen su demanda. Por ello, esta reforma no es sólo un cambio tarifario, sino que se requiere una visión integral.

Estamos convencidos de que el avance en esta reforma representará una de las medidas más cercanas y ciudadanas para colaborar con la reducción de los gases de efecto invernadero a nivel de usuario final, pero para que lleguemos a tiempo es necesario comenzar su discusión desde ya, recogiendo las visiones de expertos, la academia, los consumidores, la sociedad civil y la industria.

No podemos darnos el lujo como país de permitir que el segmento que convive día a día con los usuarios de electricidad sea la tarea pendiente de la transición energética. Tenemos la oportunidad única de mejorar la calidad de vida de las familias chilenas.

* Presidente de Empresas Eléctricas AG